Esta obra explica, desde una diversidad de temas, disciplinas y miradas, los principales actores y procesos que caracterizan la evolución de la economía, la sociedad y la política, en la Cuba posterior a 1959. Las contribuciones que conforman el volumen permiten un amplio repaso por el devenir del sistema político, la sociedad civil, el modelo económico, las relaciones internacionales, la estructura social —incluyendo la diversidad de identidades y demandas de género, raza y orientación sexual—, así como los procesos de la cultura. El libro se dirige a una comunidad lectora no circunscrita a los ámbitos académicos: miembros de la sociedad civil, colaboradores de medios de comunicación y público en general; actores que forman parte, con sus debates e intervenciones, de una opinión pública latinoamericana, a menudo poco informada, sobre la sui géneris realidad de la Cuba posrevolucionaria.

Este libro pasa revista, desde una diversidad de temas, disciplinas y miradas, a los principales procesos que caracterizan la evolución de la economía, la sociedad y la política en la Cuba posterior a 1959. En sus páginas se reúnen análisis e interpretaciones sobre el fenómeno revolucionario, el sistema político, el espacio público y asociativo, el modelo y reforma económicas, las relaciones internacionales, la estructura social, el género y la diversidad sexual, los fenómenos raciales y los procesos culturales. Dirigido a un público amplio —miembros de la sociedad civil, académicos, estudiantes universitarios, colaboradores de medios de comunicación y demás interesados—  esta obra quiere contribuir a nutrir un debate informado sobre la realidad de la nación cubana.

En Gobierno y Análisis Político AC orientamos nuestras acciones a la democratización a través de la producción y difusión del conocimiento y valores cívicos; el fortalecimiento de la organización social —mediante el acompañamiento y consultoría a otras asociaciones civiles— y la promoción de la incidencia de personas, organizaciones y redes ciudadanas.

Liliana Obregón González
(Coordinación)

CUBA POSREVOLUCIONARIA
Una mirada panorámica

Colaboraciones:

Johanna Cilano

Armando Chaguaceda

Haroldo Dilla Alfonso

Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta

Melissa Cordero Novo

Mauricio de Mirando Parrondo

Juan Antonio Blanco

Jorge I. Domínguez

Elaine Acosta González

Mabel Cuesta

Tito Mitjans Alayón

Claudia González Marrero

Gobierno y Análisis Político AC

Editorial Dunken

Buenos Aires

2022

Cuba posrevolucionaria. Una mirada panorámica / Johanna Cilano ... [et al.] ; coordinación general de Liliana Obregón González.

1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Dunken, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-85-1852-7

1. Ciencia Política. I. Cilano, Johanna. II. Obregón González, Liliana, coord.

CDD 320.09

Corrección: Wendy Barnet Rivas.

Fotografía de la portada: Gloria Isabel Rodríguez Cortés.

Gobierno y Análisis Político AC

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Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

© 2022 Liliana Obregón González (Coordinación)

e-mail: info@gobiernoyanalisispolitico.org

ISBN 978-987-85-1852-7

Introducción

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El presente libro es el resultado del curso «Cuba posrevolucionaria: una mirada panorámica», que Gobierno y Análisis Político AC realizó, en modalidad virtual, del 17 al 28 de agosto de 2020. Dicha experiencia educativa se propuso como horizonte explicar, desde una diversidad de temas, disciplinas y miradas, los principales actores y procesos que caracterizan la evolución de la economía, la sociedad y la política en la Cuba posterior a 1959.

El curso constó de ocho sesiones (Introducción, Sistema político, Economía, Relaciones internacionales, Estructura social, Género y diversidad sexual, Raza, y Cultura) dirigidas a miembros de la sociedad civil, académicos y estudiantes universitarios, colaboradores de medios de comunicación, y público en general.[1] Tuvo como objetivo informar a los participantes sobre los principales elementos que caracterizan la evolución y la actualidad económica, social y política de Cuba. Cada encuentro incluyó la entrega de una nota conceptual (pequeño texto elaborado por el docente) acompañada por una bibliografía complementaria selecta. Las notas conceptuales, debidamente ampliadas y actualizadas, se convirtieron en la mayoría de los capítulos del volumen.

El equipo de docentes del curso, todos de origen cubano, reunió especialistas de amplísima y diversa formación y grandes referentes en sus campos de estudio. Estuvo formado por el sociólogo Haroldo Dilla Alfonso (Universidad Arturo Prat, Chile); la socióloga Elaine Acosta (Universidad Internacional de la Florida, EEUU); las expertas en estudios culturales, Mabel Cuesta (Universidad de Houston, EEUU) y Claudia González Marrero (Universidad Justus-Liebig, Alemania); los historiadores, A. Tito Mitjans (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) y Juan Antonio Blanco Gil (Fundación Cubana para los DDHH); el economista Mauricio Miranda (Pontificia Universidad Javeriana Cali) y el politólogo Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta (Universidad Iberoamericana México). A ellos se unen, en calidad de coautores del presente volumen, el politólogo Jorge I. Domínguez (académico independiente) y la socióloga Melissa Cordero Novo (Universidad de Guadalajara).

Deseamos que esta obra contribuya a nutrir un debate informado y plural sobre la realidad de una nación capturada por imaginarios polarizados, hiperideologizados e inscritos en las narrativas de la Guerra Fría, sobre la que gravita la prolongada existencia de un modelo político de matriz soviética, que establece el protagonismo estatal en la formación, control y difusión internacionales de una visión afín a los objetivos de la élite cubana. Para fomentar unas memorias y miradas más acordes a las diversas realidades y perspectivas de una nación y una sociedad cambiantes, hacemos este libro.

Johanna Cilano y Armando Chaguaceda

[1] Entre ellos destacan colegas de Transparencia Electoral, Civil Rights Defenders, PROVEA, Artículo 19, CADAL, Universidad Veracruzana (México), Universidad de Guanajuato (México), Universidad de San Luis (Argentina), Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, Corte Suprema de Justicia (México), Valencia College (Florida), Saint Louis University (Madrid) y Universidad Torcuato di Tella, entre otras entidades de procedencia de los participantes en el curso.

Cuando las revoluciones terminan:
la experiencia cubana

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Haroldo Dilla Alfonso[1]

Las revoluciones son un tema de alta densidad —tanto emotiva como intelectualmente—, lo que nos obliga a detenernos en algunas precisiones conceptuales: qué entendemos por «revolución» (y qué no), un término polisémico que ha servido para designar fenómenos históricos de muy diferentes facturas.

Según Arditi[2] «…en política, el uso habitual del término revolución describe momentos de cambios excepcionalmente intensos, y su significado está asociado con el esquema de insurrecciones, derrocamientos y proyectos de refundación» y un buen punto de comienzo, digamos que, de sentido común para nuestro acercamiento conceptual. Lo cierto es que toda revolución es —o aspira a ser—, un proceso disruptivo y refundacional, que involucra de forma significativa a las masas. Puede centrar su atención en cambios esencialmente políticos, o trasladar su énfasis al campo socioeconómico que sustenta a los órdenes políticos. De acuerdo con la inclinación hacia una u otra dimensión, las revoluciones siguen cursos distintivos y ganan aplausos desde diferentes parcelas ideológicas.

Una vez acotado de forma conceptual dicho término, tendríamos que reconocer que los expedientes revolucionarios en la historia moderna mundial son poco frecuentes; en el siglo XX, sumando las revoluciones anticoloniales, estos no rebasan las dos decenas. En América Latina, el recurso revolucionario ha sido minoritario frente a los expedientes políticos populistas, golpistas e incluso institucionales. El siglo XX latinoamericano fue, en efecto, un siglo políticamente tumultuoso —el resultado de un capitalismo más distinguible por sus fracturas que por sus sistematicidades—, donde fueron poco frecuentes las continuidades exitosas de las institucionalidades republicanas. Pero, en stricto senso, solo podríamos distinguir en él, a lo sumo, media docena de procesos revolucionarios con destinos diferentes: México (1910-1917), Cuba (1933-34 y 1956-1965), Bolivia (1952-1956), Chile (1970-1973) y Nicaragua (1979-1990). Se aprecia una escasez empírica que habla de la trascendencia de procesos que han cautivado los imaginarios sociales más allá de tiempos y espacios.

La Revolución cubana marcó, de forma decisiva, la segunda mitad del siglo XX latinoamericano, un referente que al inicio fue considerado por algunos como desiderátum, y por otros, como el compendio de lo inaceptable. Luego, cuando sus atractivos se decoloraron, siguió siendo un dato fundamental de la geopolítica continental.

El período insurrección de esta revolución fue corto y relativamente incruento. Entre 1956 y 1958, las fuerzas guerrilleras comandadas por Fidel Castro operaron en un macizo montañoso de poca relevancia geográfica en el este cubano, lo que fue complementado con acciones de insurgencia urbana protagonizadas por células clandestinas. Produjeron sucesivas derrotas a un ejército que les superaba holgadamente en número y técnicas de combate, pero muy corrupto, y cuyos entrenamientos golpistas no los preparaban para el enfrentamiento. El 31 de diciembre de 1958, toda la plana mayor del Gobierno dictatorial de Fulgencio Batista abandonó el país, y el pequeño ejército guerrillero tomó posesión de las principales ciudades en medio de una apoteosis popular.

El primer paso de los revolucionarios en el poder fue la disolución de todos los órganos estatales de la dictadura y la proclamación parcial de la carta magna de 1940, una pieza constitucional republicana muy avanzada, y que había sido el resultado de otro compromiso posrevolucionario y de la política de los frentes populares. Desde ese momento, la Revolución triunfante comenzó un proceso de radicalización que implicaría, a la misma vez, un proceso de reestructuración de la nueva élite.

La secuencia de implementación de medidas revolucionarias[3] es conocida. En 1959 y 1963 fueron promulgadas sendas leyes de reforma agraria que dotaron de títulos de propiedad a miles de campesinos poseedores de pequeñas parcelas arrendadas y eliminaron las grandes y medianas propiedades agrícolas privadas. Pero no produjo, en lo fundamental, repartos de tierras, sino, según Burchardt[4], «…un latifundismo estatal, que se distinguió de sus antecesores por sus particularidades y, sobre todo, por el carácter social». En 1960, fueron expropiadas más de quinientas empresas extranjeras y nacionales, lo que incluyó el traspaso al sector estatal de todo el sistema financiero, industrial y de servicios comerciales y sociales, a excepción de pequeños espacios que resultaron, no obstante, cruciales en la satisfacción de la vida cotidiana de los cubanos. También en 1960, se dictó la Ley de Reforma Urbana, que estatizó y produjo rebajas considerables en el sistema de alquileres de viviendas. En 1961, culminó con éxito la campaña de alfabetización, y se dieron los primeros pasos para el establecimiento de los sistemas de educación y de salud pública que constituirían los buques insignia de los logros revolucionarios en los años posteriores.

La otra vertiente de transformaciones revolucionarias tuvo lugar en el campo nacionalista respecto a la dominación norteamericana.

Desde el siglo XIX, Cuba había sido una suerte de neocolonia económica de los Estados Unidos, lo que permitió a la sociedad insular beneficiarse de muchos avances tecnológicos del pujante capitalismo norteamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, la condenó a una dependencia económica a un solo mercado y a muy pocos productos, en particular al azúcar. Esta dependencia fue remachada por mecanismos de sujeción política, como sucedió en los primeros treinta años de vida republicana independiente (1902-1934), cuando Estados Unidos ejerció un protectorado de jure con la adición de una enmienda intervencionista en la primera constitución nacional. Y luego, cuando esa enmienda fue eliminada, la presencia norteamericana siguió siendo abrumadora, lo que se manifestó en su apoyo a la dictadura de Fulgencio Batista.

En realidad, nunca hubo una luna de miel entre Estados Unidos y la joven Revolución cubana. Y según esta avanzó en sus medidas radicales, la relación se hizo más tensa y se rompió formalmente tras las nacionalizaciones de empresas y la creciente asociación con la Unión Soviética, señalizada en 1960, con el abrazo que se prodigaron Nikita Jruschov y Fidel Castro en la ONU. En ese mismo año, hubo ruptura de relaciones, y el establecimiento de un embargo/bloqueo económico que obligó a la joven Revolución a una costosa reconversión tecnológica. Desde entonces, Estados Unidos apoyó la contrarrevolución interna y, en 1961, financió una expedición armada de exiliados que fue derrotada en 72 horas. Durante varios años, Estados Unidos fue el soporte logístico de un alzamiento contrarrevolucionario, de fuerte apoyo campesino, en una cordillera del centro de la Isla.

Por consiguiente, el apoyo popular a la Revolución fue también el apoyo a la consolidación de una nación y de su estado independiente, y la ruptura con un actor hegemónico en la cuenca del Caribe, que había limitado históricamente esa consolidación. Decenas de miles de cubanos se alistaron en las milicias populares y participaron en la represión de los intentos contrarrevolucionarios apoyados por el Gobierno de Estados Unidos, todo lo cual, no solo implicó un complejo proceso de socialización política, sino también de efervescencia patriótica.

En pocos meses, la Revolución había cambiado totalmente los valores y signos ideológicos. En sus inicios, anota Rojas[5] con acierto, que se trató de «una ideología nacionalista democrática, no comunista, que aspiraba a la restauración del orden constitucional de 1940, y a la implementación de una serie de reformas económicas y sociales que reafirmarán la soberanía y la igualdad de la nación». Desde 1961, fue aceptada como una revolución radical, autodenominada socialista y de aspiración comunista, con propiedad estatal sobre casi todos los espacios económicos y de servicios, y un sistema político vertical de partido único.

Resulta obvio que el proceso de radicalización socioeconómica implicó numerosas desafecciones. En un plano social, la Revolución no solo eliminó a la burguesía, sino a toda la clase media (que tomó el camino del exilio), y dejó el cuerpo social remitido a un estricto concepto de pueblo. En términos políticos, no solo eliminó a la derecha, sino al centro político y a los sectores moderados de la izquierda. A diferencia de la experiencia de la Revolución mexicana, donde tras cada contienda intraélite se producían acuerdos y cooptaciones, en la cubana se realizó una purga selectiva de la élite política revolucionaria que quedó reducida a sus grupos más radicales.

La insurrección había sido el resultado de una constelación de fuerzas qua operaba a la luz de pactos y acuerdos, pero sin un andamiaje organizativo conjunto. Esta constelación implicaba a los sectores liberales democráticos —cuyos aportes fueron básicamente económicos y de legitimidad política—, así como a grupos revolucionarios de relativa moderación que podríamos considerar socialdemócratas, y que se ubicaban, principalmente, en el Directorio Revolucionario (de base estudiantil y urbana) y en los grupos del Movimiento 26 de julio (M-26-7) que operaban en las ciudades. La izquierda más radical se encontraba en las facciones hegemónicas del M-26-7 radicados en las montañas orientales y en el Partido Socialista Popular (comunista), que tenía cierto apoyo en los sectores obreros urbanos y había creado un pequeño grupo guerrillero en las cordilleras centrales de la Isla. Pero, incluso entre estos, existía una diferencia que se dejaría sentir de forma temprana: un sector prosoviético y otro que percibía la Revolución cubana como una oportunidad de renovación izquierdista del comunismo a nivel tercermundista, en contraposición a la burocratizada experiencia soviética. Esta última opción tuvo su figura más importante en Ernesto Guevara.

Esta heterogeneidad fue paulatinamente liquidada por el grupo leal a Fidel Castro. Entre enero y marzo de 1959, las figuras liberales más visibles se vieron obligadas a tomar el camino del exilio o pasar a la oposición armada. Desde entonces, y hasta 1961, se produjo la desafección de los grupos moderados del M-26-7 y del Directorio Revolucionario. Y, a partir de 1964, con la salida del Gobierno de Ernesto Guevara, la élite política quedó constreñida a personas vinculadas al Partido Socialista Popular (cuyas suertes dependerían de las coyunturas de acercamiento o distancia de la Unión Soviética) y a un núcleo de cuadros radicales y «fidelistas» que, en lo fundamental, siguieron apareciendo en los tops políticos hasta que la biología dio cuenta inevitable de ellos.

Hasta mediados de los años setenta, el sistema político cubano se caracterizó por una estructura estatal muy precaria e inestable. Sin embargo, fue un periodo muy activo en la metamorfosis de la sociedad civil cubana en función del apoyo a la Revolución y de la represión a los grupos descontentos, sea cooptando instituciones previamente existentes —el caso de los sindicatos o la agrupación estudiantil universitaria—, o creando otras nuevas, como fueron las decenas de organizaciones que penetraron todos los intersticios de la sociedad. Estas instituciones tuvieron roles destacados en la defensa de las conquistas sociales revolucionarias, en la socialización de nuevos valores mediante la movilización pública y en la implementación de acciones de fuerte contenido popular. Y, en última instancia, ellas representaban la modalidad directa e iliberal de la democracia que animaba el discurso revolucionario. No obstante, se trataba de un tipo de relación política que contenía el germen del centralismo autoritario que aún caracteriza a la sociedad cubana.

Hacia 1965, los cambios revolucionarios se habían producido; los intentos contrarrevolucionarios habían sido sofocados en lo fundamental y la élite se había reestructurado en torno a la lealtad a Fidel Castro en nombre del desiderátum comunista. En ese mismo año, se produjo la fundación del Partido Comunista de Cuba y se anunció —aunque sin consecuencias significativas—, una nueva constitución y una reorganización de las estructuras estatales. Sin embargo, los pocos autores que han intentado dar respuesta a la interrogante del final de la Revolución cubana fijan su atención en 1976, cuando se produjo la institucionalización definitiva del régimen según los patrones soviéticos.

En buena medida, la fecha propuesta resulta polémica, debido a que en los años 1965 y 1970 ocurren una serie de sucesos que inducen a creer en un resurgimiento revolucionario. Sin embargo, en lo que a políticas internas concierne, las acciones más sonoras de este período son regularmente exabruptos voluntaristas que tienen poco que ver con un programa revolucionario. Fue un período, por ejemplo, en el que la acumulación originaria de la moral propia de toda revolución (y de lo cual la imagen del Hombre Nuevo guevarista es su condensación por excelencia), derivó en un recrudecimiento de las acciones represivas contra todo tipo de otredad y sus reclusiones por varios años en campos de trabajos forzados (1965-1968). En nombre de una «ofensiva revolucionaria» (1968), fueron expropiados miles de pequeños negocios urbanos con la eliminación de los breves espacios de autonomía socioeconómica popular que aún existían. Fue también en este período cuando se intentaron diversos planes económicos voluntaristas que terminaron en sonoros fracasos, como fue la planificación de una cosecha de caña de azúcar capaz de producir diez millones de toneladas que, puestas en el mercado mundial, estaban supuestas a generar ingresos cuantiosos capaces de apoyar un rápido proceso de industrialización. Sus resultados fueron un proceso de autofagia que agotó los pocos recursos disponibles, extenuó a la sociedad y desorganizó el precario sistema de administración pública. Para la élite y en particular para Fidel Castro, fue una clara indicación de que el país estaba obligado a buscar apoyos internacionales firmes, que solo podían encontrarse —si se trataba de la continuación del proyecto radical— en la Unión Soviética.

En 1971, Cuba comenzó otro proceso de acercamiento con la URSS y con los países de Europa Oriental miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Ya lo había intentado en los tempranos años sesenta, pero había sido un acercamiento sujeto a retrocesos y crítico en la medida en que existían esperanzas de sobrevivencia a partir de la extensión continental del paradigma revolucionario. Esta vez se trataba de un proceso de integración. En 1972, Cuba ingresó al CAME, y, en 1976, promulgó una constitución que resultaba una copia de su homóloga estalinista de 1936; lo cual impactó decisivamente en la sociedad cubana, al menos en dos sentidos que merecen ser comentados. En el plano económico, la vinculación al bloque soviético implicó la inserción en un mercado poco exigente y en que la maltrecha economía cubana podía obtener numerosos subsidios, los cuales fueron la base del incremento del nivel de vida y de la gran movilidad social entre 1970 y 1990, en un contexto marcado por un fuerte igualitarismo. Servicios sociales como la educación, la salud pública y la seguridad social, se expandieron a ritmos vertiginosos, al mismo tiempo que, sobre la base de los subsidios, se consiguió el pleno empleo. La alta urbanización fue acompañada de inversiones territoriales sustanciales en ciudades medianas y en pequeñas comunidades, en detrimento de La Habana. Aunque ello tuvo otros efectos negativos —ineficiencias, retrasos tecnológicos, etc.— que afloraron con crudeza crítica cuando desapareció el CAME en 1991, es indiscutible que los cubanos consiguieron una mejoría sustancial de su nivel de vida acorde con el programa revolucionario.

La posrevolución cubana después de los años setenta estuvo marcada por un sistema totalitario, que se anunciaba desde los primeros años revolucionarios, pero que ahora adquiere un carácter sistémico. Esta situación se debía, ante todo, al hecho de que la reproducción material del sistema no dependía principalmente de factores internos como la productividad y la competitividad, sino de los vínculos políticos que lubricaban el subsidio y que detentaba la élite política. El liderazgo castrista tenía frente a sí una sociedad encuadrada, desprovista de medios autónomos de subsistencia, con un rol muy parco en el mercado y una ausencia casi total de actores rivales en la movilización política y la asignación de recursos. En términos ideológicos, ejercía un cuasimonopolio de la interpelación de un paradigma teleológico que no dejaba espacio a ninguna duda sobre el contraste entre un futuro mejor y un pasado capitalista que la Revolución había negado para siempre. En términos institucionales, el Partido Comunista actuaba como centro del sistema político, tutelando, por un lado, al propio aparato estatal, y por otro, a las organizaciones sociales y de masas que actuaban como «correas de transmisión» entre la población atomizada y la élite beneficiada con cuotas absolutas de poder.

Hacia fines de los años ochenta comenzaron a desaparecer los pivotes que habían hecho posible la etapa posrevolucionaria. La situación crítica en la Unión Soviética y la aparición de la perestroika —inicialmente concebida como una reforma democratizadora y promercado— colocó a los dirigentes cubanos en una situación de orfandad de paradigmas. Una primera solución fue una fuga hacia adelante: la convocatoria a un proceso de rectificación de errores (1986-1990) que intentó rescatar la figura de Ernesto Guevara y su prédica moral antimercado. Pero fue un breve intervalo de exaltación ideológica. En 1990 terminó la relación especial con una Unión Soviética en extinción. Ello sumió a la sociedad cubana en un empobrecimiento brutal, restringió la movilidad social, redujo de manera drástica el consumo popular, abrió nuevos espacios a la actividad del mercado en contextos de creciente desigualdad social y colocó en un primer plano económico un resultado sociológico que en sus inicios fue considerado como una excrecencia indeseable: una vigorosa comunidad emigrada cuyas remesas pasaron a ser un factor clave de la sobrevivencia nacional.

En consonancia, se incrementó la insatisfacción de sectores de la sociedad, lo que estimuló, más aún, el principal desagüe de tensiones políticas de la sociedad cubana —la emigración al sur de la Florida—, lo que condujo a una situación de estancamiento numérico y envejecimiento de la sociedad cubana. Asimismo, esta situación trajo consigo la instalación en la sociedad, de franjas críticas cada vez más concurridas, incluyendo un sector oposicionista brutalmente reprimido.

[1] Profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.

[2] Arditi, Benjamín, La política en los bordes del liberalismo, Barcelona, 2009, p. 188.

[3] Recuentos históricos de este proceso pueden hallarse en una extensa bibliografía, cuyos primeros exponentes fueron obras escritas por los cubanos exiliados, y entre las cuales, pueden citarse los estudios de: Domínguez, Jorge, Cuba: Order and Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1978 y de Mesa Lago, Carmelo, Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization, Albuquerque, University of New Mexico, Press, 1974. Más recientes, pero de gran interés para nuestros propósitos, son los libros escritos por Rojas, Rafael, Historia mínima de la Revolución cubana, México, Colegio de México, 2015; por Bobes, Velia Cecilia, La nación inconclusa, México, FLACSO, 2007 y por Faber, Samuel, Cuba Since the Revolution of 1959, Chicago, Haymarket Books, 2011.

[4] Jurgen Burchardt, Hans, La última reforma agraria del siglo: ¿cambio o estancamiento?, en La última reforma agraria del siglo, edit por H. Burchardt, Caracas, Nueva Sociedad, p 171.

[5] Rojas, Idem, p. 98.

El sistema electoral en Cuba:
lealtad versus preferencias

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Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta[1]

Implementado experimentalmente en 1974 en Matanzas, e institucionalizado en 1976, el sistema electoral cubano ha sido un eficiente mecanismo de selección y rotación de lealtades al interior de una cohesionada élite. No es menos importante que su funcionalidad operativa responde a la legitimidad de una ideología revolucionaria, y, aún más, a la fortaleza de un liderazgo carismático.[2] Estas reglas electorales, diseñadas para (re)producir consenso, no pueden prescindir de un partido político único. En otros términos, durante casi cinco décadas, han sido un componente eficiente del engranaje político del Estado cubano; un filtro selectivo que ha garantizado la continuidad y la gobernanza de un Estado de partido único y fuerte liderazgo. Sin embargo, la elección por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular de su presidente, vicepresidente y secretario en 2016, al igual que al Consejo de Estado y su presidente, se dio en condiciones internas y externas inéditas. El reto no es menor: después de seis décadas de proceso bajo el liderazgo histórico de los Castro, garantizar el relevo generacional en la dirección del Estado y el Gobierno en un contexto de creciente incertidumbre.

Ciertamente, tanto las reglas electorales como los resultados esperados son singulares. Una dosis de previsibilidad limita su alcance público. A diferencia de las democracias consolidadas, definidas por la certidumbre de las reglas e incertidumbre de los resultados, el proceso electoral cubano es poco novedoso. Ex ante son conocidas las limitadas opciones ganadoras, lo que pone en duda la naturaleza de la propia elección: elegir entre opciones diferentes a partir de información y/o evaluación, o aceptar opciones predefinidas por una autoridad externa. El elector cubano ejecutará la segunda de las opciones, aprobar una fórmula de candidatos predefinidos por la Comisión de Candidaturas de partido único en una boleta que induce el voto en bloque como opción óptima de «unidad» frente a las adversidades, o votar diferenciadamente rechazando alguna de las candidaturas propuestas.

El carácter «indirecto» de la votación es un elemento nada despreciable; es decir, elegir la máxima dirección del Gobierno y su presidente será opción para 605 diputados previamente ratificados en los comicios municipales.

Pero, concretamente, ¿qué estipula la norma electoral en Cuba? ¿Cómo se construye la operatividad del sistema político en un régimen de partido único? Constitucionalmente, el Estado cubano se articula a partir de los principios de la «democracia socialista», donde todos sus órganos son electivos y renovables por las «masas populares»; sin embargo, las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores ante los cuales rinden cuenta. El órgano supremo del poder del Estado es la Asamblea Nacional del Poder Popular, único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República, elegida por «voto directo» por un término de cinco años, la cual se reúne en dos periodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros.

Entre los diputados electos a la Asamblea Nacional se elige a su presidente, vicepresidente y secretario, al igual que el Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro periodo de sesiones y ejecuta sus acuerdos, tomando sus decisiones por mayoría simple. Este Consejo de Estado está conformado por un presidente, un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y veintitrés miembros más. El presidente del Consejo de Estado era a la vez «jefe del Estado» y «jefe del Gobierno» —de ahí la importancia del proceso actual—, al ser el encargado de proponer a la Asamblea Nacional el primer vicepresidente, los vicepresidentes y a los miembros del Consejo de Ministros. Por su parte, el Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo, constituyendo el Gobierno de la República de Cuba, integrado también por el jefe de Estado y de Gobierno.

Las Asambleas del Poder Popular constituidas en las demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional serán los órganos locales del poder del Estado y tendrán representación en los distintos niveles: provincial, municipal, y de circunscripción con los Consejos Populares. La Ley Electoral N.º 72 aprobada en octubre de 1992, posterior al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), reconoce como núcleo configurativo fundamental del sistema electoral cubano al proceso de selección de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, los cuales se eligen a razón de uno por cada circunscripción electoral en que se haya dividido el municipio, mediante el voto directo de los electores con domicilio en esa circunscripción, en asambleas generales que no deben ser menos de treinta. Los delegados a las Asambleas Provinciales se eligen por el voto directo de los electores del municipio por el cual hayan sido nominados y deben ser setenta y cinco, como mínimo. Por su parte, la Asamblea Nacional la integran diputados elegidos por el voto directo de los electores del municipio, a razón de uno por cada veinte mil habitantes de un municipio o fracción mayor de diez mil, que es su circunscripción electoral; en el caso de que el número de habitantes del municipio sea de treinta mil o inferior a esa cifra, se eligen siempre dos diputados.

Un elemento distintivo importante del sistema electoral cubano es la función de organización, dirección y validación del proceso por parte de una comisión electoral en sus respectivos niveles nacional, provincial y municipal. Dicha comisión es designada por el Consejo de Estado y entre sus funciones está —nada menos, nada más— que… verificar el cumplimiento de los requisitos de los «propuestos como candidatos» a diputados para ocupar esos cargos, y designar los integrantes de las Comisiones Electorales Provinciales, quienes deben validar los escrutinios realizados por las Comisiones Electorales Municipales, de distrito y de circunscripciones correspondientes a su territorio. La misma función al nivel municipal y de circunscripción, la deben cumplir las Comisiones Electorales Municipales y de Circunscripción.

Pero el elemento más singular de la regulación electoral en Cuba son las Comisiones de Candidaturas encargadas, en las diversas instancias, de elaborar las listas de candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional. Estas Comisiones de Candidaturas están compuestas por representantes de las organizaciones sociales: Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Sindicatos, Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y presididas por un representante de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Las proposiciones de precandidatos a delegados a las Asambleas Provinciales y diputados a la Asamblea Nacional salen de los delegados que resultaron electos para integrar las Asambleas Municipales, que sean propuestos por las Comisiones de Candidaturas Municipales; los ciudadanos en pleno goce de sus derechos electorales, que no sean delegados de las Asambleas Municipales y que sean propuestos por las Comisiones de Candidaturas Municipales y Provinciales; los ciudadanos en pleno goce de sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de Candidatura Nacional (en el caso de precandidatos a diputados). Serán las Comisiones de Candidaturas Provinciales y Nacional las que preparan las proposiciones de precandidatos a delegados y diputados a las Asambleas Provinciales y Nacional, respectivamente, teniendo en cuenta las propuestas de las Comisiones de Candidaturas Municipales y las que ellas mismas elaboran.

Como se puede apreciar, si bien es cierto que a nivel de circunscripción la postulación de candidatos es directa por los ciudadanos, las candidaturas a los Gobiernos municipales, provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional están sometidas a un «doble filtro selectivo» a partir de criterios de «idoneidad ideológica». Esta es la función de las Comisiones Electorales y de Candidaturas en las diversas instancias: garantizar ascendentemente la cohesión y lealtad de los miembros de la exclusiva y cerrada lista que será sometida a votación (in)directa por un selecto grupo de elegidos de probada lealtad. Para que no haya duda de ello, una vez aprobadas por las Comisiones de Candidaturas Provinciales y Nacionales las proposiciones de precandidatos a delegados y a diputados a las Asambleas Provinciales y Nacional, deben ser remitidas a las correspondientes Comisiones Electorales Provinciales y Nacionales, respectivamente, para comprobar que «los propuestos reúnen los requisitos exigidos por la ley para ocupar esos cargos».

Finalmente, estos candidatos a delegados deben ser nominados por las Asambleas Municipales, las cuales tienen la facultad de aprobar o rechazar a uno o todos los precandidatos, y una vez constituidas en sesión extraordinaria mediante una votación, resultarán nominados los candidatos que obtengan más de la mitad de los votos (50% más 1).

El 50% de las candidaturas propuestas y votadas a nivel municipal para formar parte de la Asamblea Nacional, conductistamente en bloque por la «unidad», emergen de propuestas elaboradas por las Comisiones de Candidaturas y celosamente aprobadas por las Comisiones Electorales, lo que desde mi punto de vista reduce y subvierte la noción de «representación popular», al dejar de ser una opción directa del representado y delegar esta importante función de postulación en comisiones seleccionadas, aprobadas, supervisadas y corregidas por el Partido Comunista de Cuba. En concreto, muchos de los diputados electos forman parte de la elite política cuyo desempeño se realiza en la capital del país; sin embargo, son postulados y votados por ciudadanos de municipios donde no interactúan, y apenas son conocidos.

Esta contradicción no ha pasado desapercibida para ciertos sectores contestatarios internos. En las elecciones municipales celebradas en 2016 se registraron iniciativas por ciertas asociaciones no gubernamentales para incidir en la postulación de candidatos independientes no controlados por las Comisiones de Candidaturas; es decir, candidaturas no partidistas. Todo parece indicar que el factor sorpresa jugó a su favor, hasta que fueron activados los Núcleos Zonales o asociaciones de base del PCC para «robarles» la iniciativa de postulación a favor de candidatos leales al partido. En la revisión de informes preliminares de Observadores de Derechos Electorales (ODE) aparece una observación interesante: por ley, para que la elección a nivel de circunscripción tenga validez, debe contar con no menos del 75% de asistencia de los residentes; sin embargo, este requisito no se cumple en ninguna de las asambleas que se celebran en el país; solo en las que serán visitadas por los medios de comunicación, para lo cual se toman medidas especiales como citar partidistamente a militantes del PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

No es ocioso subrayar, que, según la Constitución vigente, «la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado» en Cuba es el Partido Comunista (PCC), el cual se antepone funcionalmente al Gobierno de la República en sus dos vertientes: el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Hasta el 20l6 han funcionado de forma cohesiva; es decir, un elevado porcentaje de miembros del Buró Político del Comité Central del PCC forma parte del Gobierno de la República en cualquiera de sus dos vertientes. Históricamente, el cargo de primer secretario del Buró Político del PCC y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ha sido desempeñado de forma ininterrumpida solo por dos figuras históricas: Fidel y Raúl Castro. He ahí desde mi punto de vista la relevancia y singularidad de la elección del 18 de abril de 2016; más que la novedad del elegido, asistimos al inicio de una inédita diferenciación en las funciones de los dos órganos articuladores del poder en Cuba: el PCC y el Gobierno. Hay elementos suficientes para suponer que el Buró Político del Partido Comunista de Cuba será el enclave de los «históricos» encabezados por Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías y algunos generales cercanos a Raúl con edades que fluctúan entre los 75 y los 87 años, como Leopoldo Cintra Frías y Ramón Espinosa.

El Consejo de Estado electo en 2016 —he ahí la gran circunstancia— inexorablemente estuvo compuesto por una constelación de nombres «diferentes», no solo por edad, sino por biografías, lo cual podría tener repercusiones en las normales dinámicas de negociación y conflicto intraélite. En otras palabras, el Gobierno electo ha tomado decisiones en un entorno geopolítico internacional y económico de suma complejidad, con reglas dictadas por la contingencia de transacciones inciertas basadas en cálculos costo-beneficio a corto plazo, sin la certidumbre de la ideología y la autoridad carismática, ni las tranquilizantes subvenciones de un proteccionismo económico.

Fuente: elaboración propia

Desde mi punto de vista, esto puede constituir un elemento dinamizador que tensione la nueva articulación institucional en Cuba en un futuro mediato: la inteligencia pragmática y no menos osada que presupone el libre mercado y el comercio podrían revelarnos «potenciales reformistas exitosos», y, si aún persisten con cierta vitalidad, resistencias en un sector inmovilista de históricos del Buró Político, los correctivos podrían convertirse en potencialmente conflictivos, incluso desestabilizantes. No es menos relevante tampoco el reto que significa para este «nuevo equipo de gobierno» la toma de decisiones en sí misma. Es conocida la escasa —o nula— tradición deliberativa de la Asamblea Nacional y la alta dosis histórica de concentración del poder de decisión en el liderazgo histórico. En otras palabras, en ausencia de los elementos de equilibrio histórico como el carisma y la ideología, ¿cuáles serán los recursos de integración y consenso de este liderazgo emergente?

Finalmente, una mirada a los resultados electorales para presidente en 2016 detonó un antecedente interesante: por primera vez en su historia la participación en elecciones generales descendió a un 85.65% en Cuba, al dejar de votar 1 240 098 ciudadanos; en las elecciones generales de 1992-1993, en plena crisis económica provocada por la caída de la URSS y el campo socialista, el nivel de participación fue de 98.71%, y aún en el año 2007-2008 se lograron niveles de votación cercanos al 97%. A partir de este momento, parece haberse iniciado un proceso de decrecimiento en la participación electoral. Pero, más revelador aún, fue el 4.82% de boletas en blanco y el 1.26% que anularon su voto, así como la fractura del voto unido (votar por todos los candidatos propuestos en la boleta por la Comisión de Candidatura): el 80.44% votó por todos, y el 19.56% selectivamente. Ante estas novedades adversas, la prensa oficial respondió con opacidad y no perdió oportunidad de comparar ventajosamente estos resultados con los relativamente bajos niveles de participación en las democracias liberales; sin embargo, para observadores atentos en la Isla y el extranjero, comienza a adquirir sentido preguntarse qué significado puede tener que más de un millón de cubanos no hayan hecho válido su voto en un sistema repleto de constreñimientos selectivos por un voto en bloque de «unidad». ¿Apatía o expresión de oposición política?

A pesar de la eficacia del diseño electoral cubano en garantizar la persistencia del régimen socialista, no han pasado desapercibidos ciertos «déficits estructurales y funcionales de los órganos electivos del poder».[3] Duharte Díaz (2015) reconoce como las principales insuficiencias de la Ley Electoral N.º 72 de 1992, el retroceso en algunas de sus disposiciones respecto a la de 1976. Ejemplo de ello son la «monopolización» de la potestad de proponer candidatos para delegados provinciales y diputados por parte de las Comisiones de Candidaturas en relación con las asambleas locales, lo que ha provocado una «tendencia a la baja» en la presencia de delegados de base en las Asambleas Provinciales y Nacional, incluso por debajo del 50%, así como la interferencia del Partido Comunista (PCC) en determinadas fases del proceso.

Pérez (2015) ha complementado esta crítica llamando la atención sobre la necesidad de revisar las reglas vigentes sobre «la postulación y nominación de candidatos», ya que los cargos públicos elegibles por «voto directo» no abarcan toda la estructura estatal, dada la combinación de un sistema de elección directa, mixto y competitivo (múltiples opciones a elegir) para los delegados a las Asambleas Municipales, pero no competitivo e indirecto para delegados a las Asambleas Provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Al respecto, Guanche (2013) ha concluido que el sistema institucional opera con un diseño que permite legalmente que cualquier ciudadano pueda ser nominado a delegado, pero, en la práctica funciona con bajos índices de nominación y afectaciones a la calidad de la nominación, desestimulando la participación ciudadana en la proposición de candidatos.[4]

En términos de representación popular no resulta menor que la nominación y elección de los cargos de mayor responsabilidad política en el país (presidentes, vicepresidentes y secretarios de Asambleas Municipales, Provinciales y Nacional, así como el presidente, primer vicepresidente, los vicepresidentes, el secretario y demás miembros del Consejo de Estado) se realice por votación indirecta y por nominación de las Comisiones de Candidaturas, «órganos escasamente autónomos tanto del PCC como del Estado, limitando la participación popular amplia en la postulación» (Pérez; 2015, pp. 25-26). Es importante enfatizar que, aunque el PCC no puede nominar directamente candidatos, las organizaciones sociales y de masas que componen las Comisiones de Candidaturas sí están subordinadas al PCC; sus miembros, al ser designados por las direcciones de estas organizaciones, no son elegidos por voto popular, y sus procesos internos de selección de propuestas de candidaturas no son transparentes ni de acceso público, lo que limita la expresión de la pluralidad política e ideológica, y no permite que los delegados locales puedan representar a sus electores de manera «reactiva», ya que su labor se encuentra determinada por las consignas que les «llegan desde arriba» (Chaguaceda y Geoffray, 2015, p. 64).

Como se puede apreciar, el ciudadano cubano tiene la posibilidad de postular candidaturas en asambleas de vecinos a nivel de circunscripción y elegir por voto directo entre múltiples opciones —generalmente dos— a su delegado a la Asamblea Municipal, pero la conformación de las Asambleas Provinciales y Nacional, así como las máximas instancias de la dirección del Estado (Consejo de Estado) y del Gobierno (Consejo de Ministros) dependen de un opaco proceso selectivo en las Comisiones de Candidaturas de las diversas instancias y de la política de cuadros del PCC. En las máximas instancias, la conformación de la boleta electoral en bloque y las estrategias partidistas de apoyo general al voto unido por los candidatos nominados por las Comisiones de Candidaturas, dejan poco margen al ciudadano para ejercer una elección y producen un efecto de «subrepresentación o no representación de voluntades políticas autoidentificadas» (Guanche, 2013, p. 123).

Si partimos de la premisa de que el voto implica una «elección entre opciones diferenciadas» que han «polemizado» ante un «público interesado», el cual evalúa y decide con base en cierta información sobre los proyectos en disputa, se puede concluir que, parte importante de este proceso electoral, está orientado a producir un «voto de ratificación» y no una elección informada y libre del ciudadano. Baste citar dos elementos: las fallas de información sobre la oferta electoral, y la nula diferenciación de la oferta. Es conocido que la ley electoral cubana prohíbe las campañas electorales, así como cualquier otra forma de promoción de los candidatos que no sea pegar su currículo profesional y su foto a un mural en la circunscripción, pero sin promoción de su proyecto ni intercambio con los otros candidatos en competencia ni con su electorado. Es difícil en estas condiciones que un elector pueda evaluar habilidades, aptitudes y coherencia de las propuestas de desarrollo económico, político y cultural de un candidato, y por tanto, configurar preferencias y decisión de voto. Algunos investigadores han llegado a sugerir la necesidad de campañas electorales financiadas con presupuesto público y con garantías de equidad en el proceso (Peláez, 2015).

Otro elemento fundamental que limita la racionalidad del voto es la nula diferenciación de la oferta, lo que se refleja en la fórmula de un «voto de unidad» en bloque, donde el número de candidatos es igual al número de opciones elegibles[5], lo que implica un voto homogéneo por una nominación de candidatos seleccionados con criterios ideológicos por un ente externo: el PCC. Ratificar a los candidatos nominados en bloque por un agente externo (Comisiones de Candidaturas y PCC), y no elegir entre opciones diferenciadas en competencia, suprime cualquier expresión de pluralidad, e inhibe la identificación de las preferencias y la oferta electoral. En este punto es válido preguntarnos sobre la posibilidad de pluralidad en un régimen de partido único.[6]

El funcionamiento de los órganos del poder popular denota una «falla en la fiscalización y control de los espacios de representación», dada la compleja relación entre el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional. Según la investigadora Amalia Pérez (2015), derivado del escaso ejercicio de los mecanismos de control o de las limitaciones de la propia regulación legal, ha primado una concepción que ve «sin reservas» el Consejo de Estado como una instancia tridimensional: órgano supremo del poder, institución legislativa y agencia ejecutiva, lo que ha afectado el «protagonismo político» de la Asamblea Nacional, órgano supremo del poder popular. El amplio diagrama de atribuciones convierte al Consejo de Estado en el centro del andamiaje estatal, apoyado además en el rol que tiene en el esquema organizacional su presidente, quien encabezaba al Consejo de Ministros, lo cual lo convertía no solo en jefe del Estado sino también de Gobierno (función ejecutiva administrativa), dimensiones que le otorgaban un protagonismo particular y lo alejaban de ser un un primus inter pares (Pérez, 2015). La clara consecuencia de lo anterior ha sido la afectación del ejercicio parlamentario, la publicidad, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y la regulación incontrolada a través de decretos leyes del Consejo de Estado.[7]

Otro punto crítico del modelo de Poder Popular es la ausencia de independencia del poder judicial del actual principio de centralismo democrático (Peláez, 2015). Disposiciones constitucionales facultan al Consejo de Estado para «impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular», lo que afianza esta subordinación y uniforma la labor judicial, impidiendo la independencia e imparcialidad de los tribunales cubanos en temas de relevancia política o donde el Estado es uno de los actores. Investigadores han sugerido la urgencia de crear un tribunal constitucional autónomo encargado de la interpretación y control constitucional, así como acciones judiciales que le permitan al ciudadano común demandar ante los tribunales cuando algunos de sus derechos constitucionales han sido vulnerados.[8]

Por último, perfeccionar la representación popular implica, además, desarrollar diversos mecanismos de participación directa del ciudadano en las decisiones políticas; algunas previstas en la legislación vigente como la consulta popular, la iniciativa legislativa, el referendo popular y las audiencias parlamentarias. No obstante, su aplicación burocrática por parte de la Asamblea Nacional ha limitado de forma importante sus potencialidades de participación popular (Pérez, 2015, pp. 27-29). A tono con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, otras formas no previstas de participación popular directa podrían ser incluidas, la silla vacía, las veedurías y la observación electoral, el cabildo abierto, e incluso, la asamblea constituyente, lo que implicaría mayor descentralización política (Pérez, 2015, p. 30).

La nueva Constitución, vigente desde abril de 2019, cambió el modelo de Estado y creó nuevas instituciones y órganos estatales. Sin embargo, la ley electoral aprobada por la Asamblea Nacional, introduce reformas marginales a la norma electoral anterior, adecuándola a la nueva estructura estatal. Entre las novedades está la creación de los Consejos Electorales Nacional, Provinciales y Municipales de forma permanente y profesional, y dota de un carácter independiente al Consejo Electoral Nacional, el cual debe rendir cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien elegirá sus cargos atendiendo a una propuesta del presidente de la República.

Establece además el carácter independiente de las Comisiones de Candidaturas y regula con mayor amplitud sus mecanismos de funcionamiento. Los proyectos de candidaturas ahora deben ser aprobados por los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Municipales en una votación pública con más del 50% de los votos favorables de los miembros de las respectivas asambleas. Después de esa votación pública se procede a la elección secreta.

Un nuevo elemento significativo es la posibilidad de que supervisores no considerados autoridades electorales sino ciudadanos de «reconocido concepto público» sean investidos para inspeccionar el cumplimiento de la ley durante los procesos electorales. Finalmente, la nueva ley electoral enfatiza como primer principio ético que deben seguir las autoridades electorales, por encima del respeto a la Constitución y a la ley, el hacer patente, en todo momento, su «lealtad a la Patria, a la Revolución y al sistema político, económico y social que defendemos». Este enunciado de «lealtad» define de manera inequívoca la misión histórica de las normas electorales vigentes en Cuba: sofisticar la selección y nominación de candidatos leales al proyecto y garantizar la cohesión de la elite política, al margen de la diversidad de intereses y preferencias de la ciudadanía.

Bibliografía

Chaguaceda, A. y Geoffray, M. L. (2015). Cuba: dimensiones y transformaciones político-institucionales de un modelo en transición. En Bobes, V. C. ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos México: FLACSO.

Constitución de la República de Cuba (1976, 1992, 2002, 2019).

http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/cuba_constituciones/

Domínguez, J. I. (2020), Indicadores de elecciones y sistema político cubano, Foro Cubano, Vol. 3, No. 21.

Duharte, E. (2015). Una nueva Ley Electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual., Cuba Posible. Cuaderno 14.

Guanche, J. C. (2013). Estado, participación y representación política en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, Argentina: CLACSO.

Peláez, J. (2015). Una nueva Ley Electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual, Cuba Posible. Cuaderno 14.

Pérez, A. (2015). Una nueva Ley Electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual. Cuba Posible. Cuaderno 14.

[1] Profesor-Investigador, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

[2] En general, las elecciones han servido como «virtuales plebiscitos» sobre la continuidad del proyecto revolucionario (Gili Colom, 1993. En Guanche, 2013, p.63).

[3] Emilio Duharte Díaz, Una Nueva Ley Electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual, Cuaderno 14, Cuba Posible, Junio 2015, p. 17.

[4] El análisis de estadísticas de elecciones entre 1976-2003 permite a J. C. Guanche apuntar un elevado índice de reelección para la Asamblea Nacional (47.4%) y una elevada cifra de propuestas sobre la persona que en la fecha ya ocupaba el cargo de delegado, concluyendo que en la mitad de las circunscripciones «se ha agregado poco más de una nueva propuesta a la del delegado que culmina su mandato» (Guanche; 2013, p. 82). Más interesante aún resulta el señalamiento de «un comportamiento extrainstitucional» para obtener en ciertos casos el mínimo legal de dos propuestas, y la aceptación bajo algún tipo de «presión político-social» de la nominación (2013, p.83).

[5] El investigador cubano Julio César Guanche (2013) define a la boleta electoral para las elecciones provinciales y nacionales como «un tipo de lista cerrada y no bloqueada», pues se puede votar por tantos candidatos como aparezcan, o por uno o alguno de ellos, pero no cuenta con espacios en blanco para agregar nuevos candidatos.

[6] Al respecto, Jorge Domínguez ha propuesto un procedimiento similar de postulación de múltiples candidatos —como en las elecciones municipales— en las elecciones nacionales. Según el autor, «La curiosa ley electoral cubana facilita tal cambio, ya que exige la agrupación de candidatos a diputados en distritos electorales. Concretamente propone transitar del voto selectivo al voto competitivo si se presentaran dos candidatos en un distrito, como ya ocurre, pero para competir por una sola curul. Un candidato gana, otro candidato pierde. Todos jurarían lealtad al PCC». Ello permitiría el aumento del voto selectivo dentro de la estructura unipartidista del régimen (Domínguez, 2020).

[7] La investigadora Amalia Pérez es categórica al respecto: «Teniendo en cuenta que es al soberano a quien corresponde la legislación, se deberá entonces cuestionar que en el sistema normativo cubano los decretos leyes sean cuantitativamente más importantes que las leyes: desde 1977 hasta septiembre del 2013 se habían emitido 310 decretos leyes, en contraste con solo 115 leyes dictadas en igual período (118 se incluimos las leyes de reforma constitucional). Más allá de lo cuantitativo, es también preocupante que el ámbito normativo de relaciones sociales que han abarcado los decretos leyes ha sido mucho mayor que el de las leyes; en repetidas ocasiones los decretos leyes han modificado y derogado leyes; desde la creación de la Asamblea Nacional nunca se ha revocado un decreto ley; del trámite para decidir la ratificación por acuerdo en el pleno de la Asamblea Nacional, tanto de decretos leyes como de acuerdos del Consejo de Estado, se registra una última evidencia en el ya lejano 1996» (Pérez, 2015, p. 41).

[8] Para Jorge Peláez, el actual sistema de defensa de derechos por parte de los ciudadanos en Cuba está centrado en la vía administrativa, la cual ofrece menos garantías de obtener una resolución favorable, ya que la queja se plantea ante la misma administración pública que fue la responsable de la supuesta vulneración. En este contexto, darles herramientas a los ciudadanos para defender sus derechos ante tribunales nuevos, con mayor nivel de independencia y en un contexto de activismo judicial a favor de los derechos, resulta esencial para un óptimo funcionamiento democrático y para el bienestar popular (2015, p. 37).

Cuba: desafíos de la sociedad civil

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Armando Chaguaceda & Johanna Cilano[1]

Introducción

El debate en torno a la sociedad civil va ligado a los procesos de democratización en Latinoamérica, Europa Meridional y del Este, Asia y África en las últimas tres décadas. Concebida como esfera de la sociedad, compuesta por diversos tipos de movimientos y organizaciones sociales, medios alternativos y otros actores diferenciados del estado y el mercado, la sociedad civil —en su variante/vocación democrática— ha sido identificada con los principios de autonomía, autorganización y autolimitación (Cohen, 2000). La construcción de normas, valores, formas de organización, actuación e incidencia, ajenas a las lógicas acumulativas de poder y riqueza relativas al sistema político y el mundo empresarial, son elementos centrales de su constitución.

La sociedad civil se estructura, en buena medida, producto de la necesidad que tienen los ciudadanos de reaccionar ante procesos que, nacidos en los espacios políticos y económicos, impactan sus vidas cotidianas, derechos e intereses. En el seno de aquella, se encuentran disimiles actores que comienzan a reconocerse desde su diversidad para solventar lo que les preocupa. La sociedad civil resulta un espacio social plural, caracterizado por la organización de ciudadanos, a partir de lógicas de autonomía, solidaridad y representación de identidades específicas, para enfrentar demandas colectivas, problemas comunitarios e incidir en lo público. Una sociedad civil fuerte y protagónica es imprescindible para la salud democrática de un país, pues propicia grados de participación importantes y dinámicas de retroalimentación entre la sociedad civil y el Gobierno.

Partiendo de esos referentes, el presente estudio aborda el desarrollo reciente de la sociedad civil cubana, caracterizado por las restricciones derivadas del régimen autoritario vigente y la emergencia de nuevas identidades, necesidades y metas. Se utilizan los datos de diferentes fuentes —otros análisis previos, índices y bases de datos internacionales— así como testimonios y reflexiones de diferentes actores entrevistados, pertenecientes al espacio asociativo. El trabajo apunta a dar cuenta de la especificidad del marco en que los miembros de la sociedad civil emergente actúan, de los desafíos que enfrentan, así como de las demandas que enarbolan.

Contexto del problema

Cuba vive, desde hace 61 años, bajo un régimen político de tipo soviético —hoy en una fase postotalitaria— que consagra el monopartidismo, la ideología de Estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios masivos, así como el accionar extendido de una poderosa policía política como elementos de control social. Cuba pertenece a la categoría de los «regímenes revolucionarios» —junto con la Unión Soviética, China, Irán, Corea del Norte y Vietnam— surgidos de una lucha sostenida, ideológica y violenta desde abajo, cuyo establecimiento va acompañado de una movilización masiva y de importantes esfuerzos para transformar las estructuras estatales y el orden social existente. Este tipo de regímenes ha demostrado capacidad para sobrevivir durante décadas —a pesar de la intensa presión externa, los malos resultados económicos y los fracasos de las políticas a gran escala— al ser uno de los tipos de autoritarismos más duraderos del mundo moderno (Levitsky, 2013).

En el tema de las organizaciones sociales, la Constitución anterior (de 1976, reformada en 1992 y 2002) reconocía la primacía del partido único y el Estado sobre las principales organizaciones sectoriales (de masas) de tipo leninista: obrera, campesina, estudiantil y femenina. La nueva Constitución —aprobada en 2019— mantuvo los rasgos característicos de ese modelo: define al Estado cómo socialista, al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y establece como horizonte la construcción del socialismo.[2] Las referencias al derecho de asociación en la nueva Constitución, aprobada en febrero de 2019, siguen siendo escuetas y restrictivas, al dejar a la legislación posterior total libertad y flexibilidad para mantener las actuales limitaciones al mundo asociativo en la Isla. En su artículo 14, el Estado reconoce y estimula las organizaciones «sociales y de masas» que contribuyen al desarrollo de la sociedad socialista; y en su formulación final solamente señala que la ley reconoce el desempeño de «demás formas asociativas». El artículo 56 regula los derechos de reunión, manifestación y asociación, limitando formalmente su ejercicio al respeto del orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

Se trata de un orden político donde —como muestran a continuación los datos de V-Dem— las oportunidades de participación ciudadana desde la sociedad civil se mantienen en niveles precarios, como resultado de las acciones de control y represión del Gobierno hacia cualquier forma de autoorganización y autonomía.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos y herramienta de https://www.v-dem.net/es/analysis/VariableGraph/

Para comprender de forma más amplia esas ausencias y barreras, nada tan ilustrativo como contrastar el desempeño de la sociedad civil de Cuba con el de los países vecinos. Cuando graficamos, con los datos generados por V-Dem, la trayectoria histórica de los ciudadanos autónomamente organizados de la mayor de las Antillas con dos sociedades caribeñas —comparables en la juventud de sus naciones, así como en el tamaño de sus economías y sociedades— los resultados son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos y herramienta de https://www.v-dem.net/es/analysis/VariableGraph/

Desplegar el asociacionismo: barreras y recursos

Entre los análisis más recientes y completos sobre la sociedad civil cubana destacan los de Marie Laure Geoffrey (2012), Marlene Azor (2016) y Velia Cecilia Bobes (2007). Azor y Geoffrey han aportado rigurosos análisis —con base empírica— sobre los actores emergentes y opositores, destacando la resistencia de estos a los intentos de control y cooptación estatal, al tiempo que reconocen su dificultad de expandir sus acciones y conectar con las expectativas de una población cansada, desciudadanizada y enfrascada en la sobrevivencia cotidiana. Bobes, por su parte, ha realizado una exhaustiva evaluación histórica y legal del fenómeno, relacionándolo con los cambios y permanencias del modelo de ciudadanía militante —dependiente del Estado— que subordina y restringe los derechos civiles y políticos a la construcción del socialismo.

En las páginas siguientes, dirigiremos nuestra mirada a un sector emergente de la sociedad civil cubana, el cual, sin considerarse oposición político-partidaria, ni encuadrarse en las organizaciones de masas del sistema, desafía las restricciones vigentes en procura de mayores oportunidades para expresar las identidades y demandas crecientes de una sociedad cada vez más diversa y, en sentido negativo, desigual.

El desarrollo de la sociedad civil cubana permanece secuestrado por las leyes e instituciones postotalitarias. Desde hace veintitrés años, el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia no permite —amén de la regularización de alguna que otra ya existente— la inscripción de nuevas organizaciones. Además, a las ya reconocidas se les establece un «órgano de relación», entidad estatal que tutela su trabajo. Para rematar, la supuesta representación de segmentos enteros de la sociedad, que enarbolan algunas de las asociaciones existentes —sobre todo las de «masas»— se convierte en monopólica, lo que impide la inscripción de nuevas organizaciones de mujeres, abogados, campesinos, etcétera. En temas tabú como el de los derechos humanos o el de la rendición de cuentas, la labor de la sociedad civil quedó prácticamente vetada.

A partir de entonces se detuvo el crecimiento de este tipo de organizaciones, se paralizó la actividad dentro del Registro de Asociaciones —en relación con el reconocimiento de las que que asumen o se identifican con el fenómeno de las ONG— y se impusieron nuevos controles a las organizaciones existentes, junto con una vigilancia y denuncia pública continua sobre los financiamientos externos. En la práctica, el registro solo continúa —hasta la fecha— activo para filiales de organizaciones ya existentes y algunas entidades culturales y deportivas, de interés oficial. Como consecuencia, las organizaciones sobrevivientes fueron reducidas a poseer roles discretos, pagando el precio de la casi invisibilidad.

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil legalmente reconocida en Cuba asumen la tipología jurídica de asociaciones, reguladas por la Ley 54/1985 Ley de Asociaciones, e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. También pueden ser fundaciones —creadas a través de escritura pública— u organizaciones de inspiración religiosa, que se inscriben en un registro independiente subordinado directamente al Partido Comunista de Cuba. Al respecto, el testimonio de Rita García (2020) es ilustrativo: «La política estatal cubana rige toda la vida de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil en Cuba (en el caso nuestro no tenemos órgano de relación), las instituciones religiosas, están representadas por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central de Partido, quien controla todo el accionar externo de nuestras organizaciones. Todos los meses se produce un proceso de consulta y aprobación de las acciones/actividades que se realizan, para su aprobación/visto bueno. Hay ciertas temáticas sensibles —relacionadas con el sector privado, derechos humanos, participación ciudadana, entre otras— que velan con recelo, incluso malinterpretando los enfoques».

Un elemento particular de la regulación de las asociaciones civiles en Cuba es la existencia de un procedimiento de aprobación e inscripción que hace depender la existencia de la organización, en gran medida, del interés que tenga el organismo estatal con fines similares a ella, el cual debe otorgarle el aval correspondiente. El llamado «órgano de relación» se convierte, una vez autorizada la organización por resolución de la autoridad competente (Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia), en supervisor de la nueva organización. Con regulaciones especiales para pautar las relaciones que en lo adelante resulten de las normas «de relación», prácticamente inexistentes. Para el jurista Eloy Viera (2020), el órgano de relación asume «un control gubernamental/estatal que elimina cualquier autonomía o posibilidad de actuación cívica más allá de unos patrones, no escritos, pero públicamente definidos desde el control político».

El procedimiento regular para la creación de una asociación conlleva primeramente la asesoría legal al grupo de personas que llevan adelante el proyecto; acudir a un Organismo de la Administración Central del Estado (OACE) para que este evalúe que la actividad a desarrollar es necesaria, y si tiene vínculos con esa entidad (no puedes asociarte si el fin es realizar un programa estatal). Posteriormente se deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley 54, y el OACE evaluador se dirige al Ministro de Justicia solicitando la creación de la asociación, o en su caso, devuelve a los interesados el expediente. Los interesados deben además presentar, para dictamen, los Estatutos. Si estos son aprobados se emite una resolución que autoriza la constitución, y se otorga un termino de 30 días para realizarla. Una vez realizada la escritura notarial, el acta de la primera reunión va al Registro de Asociaciones para su asiento.

El proceso antes descrito evidencia para Eloy Viera (2020) que, el «Estado solo permite la existencia legal de actores, instituciones y organizaciones que representen sus intereses o que mantengan posturas que dentro del marco de un concordato tácito, no pongan en riesgo la imagen de homogeneidad que el Gobierno cubano pretende mantener y para cuya construcción resulta muy saludable la existencia de balances conformados por posiciones controladamente críticas o de ejercicio de una civilidad obediente. Esos balances se mantienen entre otros elementos por la coacción que para esa misma sociedad civil representa la política estatal. Una política que no solo fomenta y legitima que las organizaciones, instituciones, actores o espacios que conforman la sociedad civil sean creados exclusivamente a voluntad o con la venia del Estado, sino que también fomenta y legitima que sea este quien decida con relación a su supervivencia o extinción».

Un punto focal lo constituye el tema del financiamiento, el cual genera posiciones mayormente restrictivas, aunque no exentas de contradicciones entre los mismos funcionarios estatales. Todos los proyectos pasan, además del filtro político, por la revisión de funcionarios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Las demoras y trámites para la aprobación de los proyectos de colaboración provocan que se pierdan financiamientos o que se tengan que ejecutar en plazos muy cortos, afectando la eficacia de los objetivos planteados.

Para activistas y miembros de organizaciones civiles, la cooperación ha sido un factor estimulante a una economía frágil, deteriorada, en crisis. La inyección en ayudas y materiales de todo tipo ha dinamizado a comunidades, ha permitido desplegar un trabajo a organizaciones que ejecutan tareas importantes como el desarrollo de la agricultura, de la salud, programas que viabilizan mediante talleres el conocimiento, la perspectiva de género, la cultura de paz y el cuidado del medio ambiente. No obstante, estas organizaciones que reciben la importante ayuda financiera para la ejecución de proyectos «deben subordinarse plenamente a los órganos de relación que monitorean constantemente las acciones, y, sobre todo, el comportamiento ideológico de dichas instituciones, es decir, el control está muy bien definido» (Díaz, I., 2020).

Las restricciones oficiales cuentan con la complicidad, resignada o activa, de contrapartes foráneas, por lo tanto: «El Estado ha condicionado que algunos actores extranjeros (ONU, organismos regionales, etc.) asuman el concepto de sociedad civil manejado por el Gobierno; así, los espacios de formación y mecanismos de financiamiento y cooperación impulsados por estas instituciones foráneas y dirigidos, al menos propagandísticamente, al desarrollo de la sociedad civil cubana, se concentran exclusivamente en el sector de la sociedad civil reconocido por el gobierno cubano» (Viera, 2020). En ese sentido, «Grandes financistas como la Unión Europea, la FAO, así como organizaciones no gubernamentales foráneas, destinan anualmente cifras millonarias que son canalizadas a organizaciones de la sociedad civil prácticamente administradas por el mismo Estado cubano, y, por ende, reproducen los mismos esquemas de ineficiencia, falta de creatividad, y aproximaciones superficiales a las problemáticas; especialmente en el campo ambiental y de la agricultura existen notorias experiencias» (Díaz, I., 2020).

Vale destacar que, en condiciones de crisis económica y limitaciones para el desarrollo de actividades por las asociaciones civiles legalmente constituidas, «las ONG en Cuba viven de la cooperación internacional, pero esta es un arma de doble filo porque el Estado controla de forma detallada cómo, cuándo, dónde, y de dónde llega la cooperación que las organizaciones reciben. Para esto cuenta Cuba con regulaciones que impiden una fácil y descentralizada cooperación, dígase enormes dificultades para recibir un donativo y subvención. Además, los actores internacionales se dejan influir por el Estado cubano y, a veces, se logra el objetivo de la disminución de aportaciones; en otros casos las entidades internacionales, como iglesias, ONG, o instituciones estatales de otros países, condicionan la ayuda a acciones claramente detectables por el Estado cubano como peligrosas, dígase las relacionadas con derechos humanos, democracia, empoderamiento popular, participación y nuevos liderazgos sociales en Cuba» (Fernández, 2020).

Este asunto se vincula directamente con la realización de proyectos sobre temas moda, interesados solamente en el financiamiento, sin agendas propias de acuerdo con su objeto social y las necesidades de su población meta. Esto puede derivar en un doble discurso, respondiendo más a los intereses de las agencias financistas que a las necesidades de los beneficiarios del proyecto; además de convertirlas en entidades asistencialistas, proveedoras de recursos que el Gobierno debería proveer a la ciudadanía. No debe entenderse de modo inmediato que tales agendas sean nocivas per se, «lo que sí no se nos debe escapar que muchas son concebidas desde miradas foráneas y hasta extemporáneas. Sobre todo, vale reparar en ello por la precariedad de colectivos de la sociedad civil cubana independientes, quienes en ocasiones han asumido agendas más amplias que las que pensaron inicialmente, con tal de calificar para acceder a determinada convocatoria» (Díaz, I., 2020).

La relación con la cooperación internacional también esta marcada por la peculiaridad de la regulación legal de los actores sociales en Cuba. «La cooperación con actores cubanos o extranjeros, pero radicados fuera de frontera, ha afectado de manera significativa a las organizaciones de la sociedad civil cubana, con una importante asimetría entre el acceso a financiamiento que tienen las organizaciones legalmente reconocidas en la Isla, y las que existen fuera del amparo legal» (Díaz, I., 2020). Un aprendizaje importante para activistas y miembros de asociaciones civiles cubanas es que el intercambio con los actores de la cooperación extranjera y sus metodologías de trabajo han redundando en una «mayor seriedad en el trabajo, destacándose de manera significativa la emergencia de iniciativas de comunicación o explícitamente de periodismo, con gran valor formal y de contenidos; además, otra importante ganancia ha sido el reconocimiento de luchas sociales análogas que se desarrollan en otros países; la identificación fuera de Cuba de personas, colectivos y organizaciones con sensibilidades, intereses, y objetivos afines, de cuya experiencia es posible alimentarse y potenciar el crecimiento dentro de fronteras” (Díaz, I., 2020).

Como se ha venido explicando, el financiamiento a cualquier actividad autónoma es visto siempre son sospecha, y por lo tanto digno de toda vigilancia y supervisión, llegando incluso a preferir la eliminación de este. «Las oficinas de cooperación y desarrollo de las embajadas con sede en Cuba, así como agencias donantes, están destinando recursos de todo tipo (humanos, físicos, financieros, etc.) para acompañar el proceso ciudadano cubano. Cada contraparte internacional tiene su enfoque, siempre transversalizados por los derechos humanos, el empoderamiento económico, el papel de la ciudadanía, la prevención de violencias sociales, especialmente en mujeres e infantes y el trabajo con poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Esto siempre conlleva una revisión constante de lo que hacemos, y ciertas limitaciones a trabajar con determinadas organizaciones (ej. Fundación Sueca, Acción Internacional u otras) desde donde se trabajan temáticas sobre Derechos Humanos (García, R., 2020)».

Por su parte, el sector de la sociedad civil abiertamente criminalizado por el Gobierno —ligado a la oposición y grupos promotores de los derechos humanos— enfrenta importantes trabas para establecer lazos, que para ellos resultan imprescindibles, con actores extranjeros. Su falta de reconocimiento oficial condiciona que, a pesar de que existan muchos actores internacionales que entienden las dinámicas y los frenos a los que se enfrenta esa parte de la sociedad civil, los acercamientos de estos a actores nacionales se deban producir en la mayoría de los casos en el exterior del país. Las dificultades que han enfrentado actores foráneos que han pretendido impulsar desde el interior de Cuba espacios, proyectos o actores con capacidades de empoderar a la sociedad civil, no son obstáculos menores para una cooperación que para que rinda frutos perceptibles, es muy importante que se produzca en el mismo escenario donde la pujante sociedad civil se desenvuelve.

Así, Eloy Viera (2020) comenta «La cooperación con actores extranjeros es prácticamente el único mecanismo que tiene la sociedad civil no reconocida por el Gobierno para acceder a recursos indispensables para el sostenimiento de su labor. A la falta de acceso a fondos públicos se suma su incapacidad de emprender legítimamente mecanismos de autosustentación. Dicha situación condiciona que sea la cooperación internacional casi que el único mecanismo en el que gran parte de la sociedad civil pueda colocar sus esperanzas. Pero, al mismo tiempo, el financiamiento foráneo que no pase por los filtros gubernamentales se convierte en el principal argumento del Estado y sus voceros, para cuestionar la autenticidad y autonomía de ese sector de la sociedad civil».

También es importante apuntar que «aquellas ONG no inscritas en Cuba pero que actúan en Cuba, sobre todo las que llenan el espectro nacional digital, como blogs, revistas, o plataformas audiovisuales completas, o hasta laboratorios de ideas, dígase por ejemplo, El Toque, Periodismo de Barrio, El Estornudo o Cuba Posible, necesitan del financiamiento exterior de la misma manera que las demás ONG pero, en su caso, todo el dinero que reciben es considerado por el Estado cubano como mercenarismo, lo que impide una relación tranquila y diáfana entre sociedad civil y Estado en Cuba» (Fernández, 2020). Por otra parte, las relaciones de la cooperación internacional con aquellos actores sociales que funcionan fuera de la legalidad cubana se dan de manera solapada, no sistemática, irregular, y generando grandes dosis de vulnerabilidad en los colectivos que funcionan en la Isla. Esta cooperación se expresa sobre todo en capacitación, apoyo a la visibilidad a nivel internacional, y en aprovechamiento de materiales básicos para el trabajo de las organizaciones no reconocidas.

Por último, las posibilidades de comunicación e información son problemas que impactan el accionar de la sociedad civil cubana. La no existencia de información o las dificultades para acceder a la que sí existe en las instituciones públicas, genera un sesgo significativo a la hora en que los actores de la sociedad civil se posicionan ante las temáticas que les interesa. Desde estadísticas de criminalidad desagregada, hasta evaluaciones de impacto ambiental, o uso del presupuesto estatal en determinado municipio, son inaccesibles de manera rutinaria, lo cual tiene consecuencias inmediatas en la percepción de las problemáticas sociales, así como en el diseño de estrategias de promoción, transformación o mitigación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.[3]

Un importante elemento característico de la sociedad civil cubana, que conspira contra su desarrollo, es la fragmentación. La descabellada idea que sostiene el ordenamiento jurídico cubano en materia de asociaciones y que establece que, solo una organización puede aglutinar a todos los ciudadanos con inquietudes y objetivos similares, ha sido acicate suficiente para que en la práctica se reproduzca un sentimiento contrario. El rechazo a la unidad ha ayudado a la proliferación de un sociedad civil que más que la comunidad de objetivos comunes, busca el acuerdo en las formas de actuación como base para su nucleación. Eso ha favorecido no solo el desarrollo de organizaciones y actores con impactos limitados sino también la incapacidad de impulsar mancomunadamente como sociedad civil agendas que pueden ser comunes a múltiples sectores o actores que conforman la misma (Viera, 2020).

Los retos del presente

En diciembre de 2019, el parlamento cubano aprobó un cronograma donde se establecen los plazos y cambios legislativos derivados del proceso constituyente, y de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Según informó el legislativo cubano, hasta 2028 deberán aprobarse 107 nuevas normas jurídicas, entre las que se encuentra la largamente reclamada Ley de Asociaciones —marcada para julio de 2022— que deberá regular las formas asociativas y su funcionamiento.

Pese a estas promesas de cambio legal, los diferentes indicadores arrojan una precaria situación para el accionar cívico y ejercicio de todos los derechos en la Isla. Según Freedom House (Shahbaz & Allie, 2019), Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuarto peor a nivel mundial entre 65 monitorizados. Conforme al índice CIVICUS (2019) su espacio cívico califica como «cerrado». El relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas Unidas (R. E., 2019) mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión vigentes. La Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano (C.I 2019) reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020 (C.I 2020) expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado a la COVID-19, al resaltar los casos de periodistas multados en virtud del Decreto Ley 370.

No obstante, sin esperar por los «cambios» ni por la mejoría de la situación, en Cuba se han expandido el accionar y las restricciones del asociacionismo y movilización autónomos de la ciudadanía cubana. Estos abarcan, la criminalización del arte libre —con un hito en el encarcelamiento y amenazas de juicio sumario contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara[4]—, pasando por la céntrica protesta de casi un centenar de cuentapropistas en Villa Clara[5], las reivindicaciones de los defensores de los animales, los reclamos de habitantes de zonas populares denunciando déficits de su hábitat[6] y la profesional cobertura mediática —con reportajes de investigación incluidos— del joven periodismo alternativo emergente, sancionado por su labor.[7] Incluso la Unión Europea, coincidente con la Habana en su denuncia al embargo de EUA, marcó un tono crítico en meses pasados ante las restricciones al activismo en Cuba.[8]

Lo sucedido en este período es resultado del accionar y los aprendizajes, acumulativos y fragmentados, de años anteriores.[9] Pese a las restricciones del contexto y las debilidades derivadas de este, que afectan su desarrollo, movimientos como el LGBTTTIQ+ y de defensa de los animales, por solo mencionar algunos, han puesto en tensión los tradicionales calificativos, canales y tratamientos para la representación y exigencia de derechos. Mostrando la contradicción entre una sociedad más viva y diversa y un orden político-legal enfocado en el control vertical y la anulación de lo emergente.[10]

El análisis del marco legal hoy vigente para el asociacionismo civil en Cuba nos coloca ante una serie importante de límites y problemáticas. Para activistas, académicos y miembros de organizaciones civiles, una primera limitante es la imposibilidad de inscribir asociaciones «con idénticos o similares objetivos o denominación» a otra ya preexistente, que supone la existencia de una sola organización de cada «tipo». Una segunda limitante es la existencia del órgano de relación estatal, como elemento de control y censura, y que hace que tener un «órgano de relación» resulte en la práctica casi imposible para cualquier organización que asuma una postura crítica o de confrontación con la realidad sociopolítica cubana, dado que ninguna institución estatal la avalaría.

Otra limitante es la polarización político-ideológica asociada al fenómeno sociedad civil, que condiciona las relaciones de las organizaciones registradas legalmente con sus «órganos de relación», pero también afecta a aquellos actores de la sociedad civil que funcionan por fuera de las estructuras legales. De tal modo, grupos sociales cuyas necesidades y objetivos trascienden concepciones ideológicas, son permeados por estas, lo cual lastra la posibilidad de alianzas y crecimiento. Esta polarización, por demás, usada como instrumento disuasivo por parte de agencias estatales y también expresada como autocensura, ha logrado la fragmentación de movimientos más o menos heterogéneos que han ido consolidándose en el último lustro como ambientalistas y defensores LGBT (Díaz, I. 2020).

Los miembros de esa sociedad civil hacen balance de logros y desafíos. Reconocen que «la vida cotidiana de la sociedad civil cubana es muy complicada, por la excesiva burocracia a la que están obligados para mantener la legalidad de sus actos, el excesivo control político de sus actividades y relaciones, y la constante amenaza de intervención, inspección y control más allá de lo regulado» (Fernández, 2020). En un tono moderadamente optimista se reconoce que «la sociedad civil cubana está ahora en un momento de reconfiguración, dentro de un proceso más amplio de crecimiento. No importa si se trata de emprendimientos productivos autónomos, proyectos de comunicación, o activismos pro derechos humanos: todos han recibido la fuerte presión del sistema. Han logrado resistir, y en algunos casos afianzarse» (Díaz, I. 2020).

Un reto será impulsar, en la práctica, los dos principios teóricos constitutivos de la sociedad civil: la pluralidad y la autonomía. Porque la sociedad civil cubana del presente no se define por un reconocimiento legal que ha quedado obsoleto para revelar la diversidad de actores y motivaciones que mueven a la ciudadanía cubana. Contra ello conspira «la desarticulación a lo largo de los último 60 años de las instituciones, valores democráticos y formas de actuación que contribuyen a la formación de una cultura cívica auténtica y al empoderamiento de la ciudadanía» (Viera, 2020). Esa desarticulación ha desarmado a la ciudadanía cubana y en muchas ocasiones ha mutilado sus esfuerzos para construir proyectos sociales e impulsar actores que contribuyan a la existencia de una sociedad civil pujante.[11]

En la actual coyuntura de «nueva normalidad pandémica» el rol de la sociedad civil se hace tanto o más necesario, pero también más riesgoso. Si bien las libertades cívicas y democráticas fundamentales ya estaban siendo denegadas antes de que estallara la pandemia, ahora diversos Estados —entre ellos el cubano— aprovecharon la pandemia para introducir restricciones adicionales a la sociedad civil.[12] Promover el asociacionismo autónomo en la Cuba actual pasa por reivindicar toda forma de expresión colectiva que integre voluntades para el desarrollo de agendas y espacios ciudadanos.

Experiencias como las de la actual pandemia muestran que las comunidades organizadas pueden ser un eficaz aliado de la acción pública.[13] Ello implica un marco normativo que reconozca la pluralidad creciente y manifiesta de la sociedad cubana, con instituciones y leyes que aúpen —sin el excesivo tutelaje estatal— la libertad popular para asociarse, en los diversos fines que la convivencia propicia. En Cuba, como en todo el orbe, la sociedad civil debe poder desempeñar un rol adecuado en la respuesta a la pandemia, escrutar las decisiones tomadas en respuesta a la crisis, contribuir a que las lecciones de esta experiencia se aprendan y convertirse en socios en pie de igualdad para la reconstrucción pospandémica.

Bibliografía

Azor, M. (2016). Discursos de la resistencia. Los proyectos políticos emergentes en Cuba, Madrid: Editorial Hypermedia,.

Bobes, V.C. (2007). La nación inconclusa. (Re) constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba. México DF: FLACSO.

CIVICUS. (4 de diciembre de 2019). CIVICUS. Recuperado de CIVICUS: https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2019/?fbclid=IwAR1mkw34fFcsosMMMR0KJc_MLy9pCyJEb8o9ChD-p8Q6ciJ0jfAtRnpBLZg

Cohen, J. & Andrew A. (2000). Sociedad civil y teoría política. México: Fondo de Cultura Económica.

Geoffray, M. L. (2012), Contester à Cuba. París: Dalloz.

Comisión Internacional de Derechos Humanos (2019). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf

Comisión Internacional de Derechos Humanos. (2020). Comunicado de prensa R78/20. Obtenido de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1173&lID=2

Levitsky, S. & Way, L. (2013) The Durability of Revolutionary Regimes. Journal of Democracy, Volume 24, Number 3.

Shahbaz, A., & Allie, F. (s.f.). Freedom House. Recuperado de Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2019/crisis-social-media

Unidas, R. E. (2019). Internal Communication, AL CUB 5/2019. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Obtenido de https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24788

Entrevistas

Díaz, Isbel, activista ambiental y LGBTTI, Proyecto Guardabosques. Entrevista, 2 de julio de 2020.

Díaz, Teresa, filósofa, Universidad de la Habana. Entrevista, 3 de junio de 2020.

Fernández, Julio, Jurista, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Entrevista, 23 de junio de 2020.

García, Rita, Directora, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Entrevista, 12 de julio de 2020.

Viera, Eloy, Jurista y miembro del Colectivo + Voces. Entrevista, 8 de julio de 2020.

[1] Armando Chaguaceda: politólogo por la Universidad de La Habana e historiador por la Universidad Veracruzana. Investigador de Gobierno y Análisis Político AC y experto-país del proyecto V-Dem. Especializado en el estudio de los procesos de democratización y ‘autocratización’ en Latinoamérica y Rusia.

Johanna Cilano Pelaez: Doctora en Historia; abogada, politóloga; especializada en investigación, gestión e incidencia de la sociedad civil, y acceso a la justicia ambiental. Codirectora de Gobierno y Análisis Político AC.

[2] Incluso, en la discusión de la nueva carta magna, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo, señaló que el Partido estaría por «encima de la Constitución». Ver «Situación de los derechos humanos en Cuba», Comisión Interamericana de Derechos Humanos, febrero de 2020 en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf

[3] «El aún costoso acceso a Internet y a la telefonía móvil de modo general, todo ello monopolizado por una sola empresa estatal en la Isla, sigue siendo una herramienta de dosificación de la información, aún cuando la penetración de internet en Cuba ha ido creciendo de manera muy lenta» (Díaz, I., 2020).

[4] Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=9DbupuaIDpY&feature=youtu.be y https://adncuba.com/noticias—de—cuba/derechos—humanos/esto—sigue—regimen—libera—luis—manuel—otero—alcantara

[5] Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=rgdGo2RzVNw&feature=youtu.be

[6] Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=89O0—cbQm00&feature=youtu.be

[7] Para más información ver https://adncuba.com/noticias—de—cuba/imponen—multa—de—120—dolares—periodista—independiente—monica—baro

[8] Al respecto señaló: «En 2019, la libertad de expresión, asociación y reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones con informes de numerosas detenciones arbitrarias, así como el encarcelamiento de varios presos de conciencia designados por Amnistía Internacional (…). En los últimos meses, ha habido una tendencia a someter a los activistas políticos y defensores de derechos humanos a arresto domiciliario o a impedirles que abandonen sus hogares». Ver «European Union Annual Report on Human Rights and Democracy in the world, 2019» en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST—8580—2020—INIT/en/pdf

[9] Para más información ver https://www.ipscuba.net/sociedad/2019—del—activismo—digital—a—la—accion—ciudadana/

[10] Rita García (2020) comenta: «En la Cuba actual se están desplegando movimientos alternativos y opiniones diversas en cuanto a los derechos y deberes de los(as) ciudadanos(as) (…) que han influido mucho las redes sociales a pesar del aún limitado acceso a internet y sus excesivos precios».

«Las limitadas herramientas con las que cuenta la sociedad civil cubana actual han sido alcanzadas en muchas ocasiones a partir de intercambios con actores e instituciones foráneas que han traspasado know how y formas de actuación desconocidas al interior de la Isla» (Viera, 2020). Además, «la sociedad civil cubana tendrá que superar la expresión sectorializada de los intereses (…) superar el espacio virtual como principal escenario de actuación y (…) superar las segmentaciones basadas en criterios políticos. Es una sociedad civil que tiene que acabar de aceptar la diversidad más allá del dicho, sobre todo porque la falta de tolerancia a lo diverso es la que la ha condenado al ostracismo» (Viera, 2020).

[11] «Las limitadas herramientas con las que cuenta la sociedad civil cubana actual han sido alcanzadas en muchas ocasiones a partir de intercambios con actores e instituciones foráneas que han traspasado know how y formas de actuación desconocidas al interior de la Isla» (Viera, 2020). Además, «la sociedad civil cubana tendrá que superar la expresión sectorializada de los intereses (…) superar el espacio virtual como principal escenario de actuación y (…) superar las segmentaciones basadas en criterios políticos. Es una sociedad civil que tiene que acabar de aceptar la diversidad más allá del dicho, sobre todo porque la falta de tolerancia a lo diverso es la que la ha condenado al ostracismo» (Viera, 2020).

[12] Para más información ver «Informe sobre el estado de la sociedad civil 2020», CIVICUS; mayo, 2020 en https://www.civicus.org/index.php/state—of—civil—society—report—2020

[13] Para más información ver https://www.ipscuba.net/sociedad/mas—redes—voluntarias—contrarrestan—la—covid—19—en—cuba/ y https://diariodecuba.com/cuba/1588071041_17665.html

Redefinir lo público en Cuba:
Estado, procesos de legitimación
y esfera pública estatal (1959-1999)

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Melissa Cordero Novo [1]

Introducción

El triunfo de la Revolución cubana representó una ruptura total de cuanto en materia de estructura gubernamental había existido en el país. Emergieron formas muy particulares de concebir al Estado, aunque fuese declarado en la Ley Fundamental como «independiente y soberano, organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana» (Ley Fundamental de la República, 2006, p. 41). No ocurrió en Cuba, tras 1959, un proceso de construcción conjunta, sino que desde la plataforma llamada «Estado» se comenzó a configurar, deliberadamente, todo entorno social; y bajo una política de consultas populares —que no lo eran tanto— no influyó ningún proceder desde la vida pública en el comportamiento o configuración de lo estatal.

¿Cómo se bifurcó la vida pública cubana?

Un pequeño grupo con derecho al poder, debido a su protagonismo bélico en la liberación de la dictadura de Batista, elaboró una planificación con ese fin. Dicha planificación, desde el primer momento, asumió una supremacía para decidir el destino del país, justificada en que todo su accionar era resultado del deseo por lograr el bienestar social y defender a la nación de ataques externos.

A la par, se puso en práctica un proceso de homogenización de todo aquello que no fuera el Estado, pues aún no se podía hablar claramente sobre elementos concretos que estuvieran bien delimitados fuera de la demarcación de la dirigencia gubernamental. La homogenización consistió en una “limpieza” de la burguesía. La burguesía cubana, rezago republicano, con características particulares y autóctonas, fue eliminada como clase social: un gran por ciento abandonó el país, otros fueron minimizados y demarcados de distintas formas desde encarcelamientos hasta asesinatos de la reputación. Ello provocó el despojo de una clase que hubiese podido protagonizar un frente de resistencia a políticas restrictivas o injustas del Estado y oponerse al poder público. En su lugar, se concretó en el país una sola clase: la proletaria, la obrera, que solo saldría adelante guiada por la mano estatal. Una sola clase homogénea que agradecía su liberación y lugar preponderante debajo del podio.

El Estado, además, concibió una estructura para esa masa o clase homogénea, una estructura no solo bien delimitada, sino controlada y dirigida, y donde se remarcaba que, el hecho de pertenecer o no a dicha estructuración determinaría la participación. Todo este movimiento, hasta cierto punto voluntario y de apoyo, pudo evolucionar, se podría pensar, gracias a lo que Hannah Arendt llama una masa que ha adquirido el apetito de la organización política (Arendt, 1998). Este proceso homogeneizador del público-masa destruyó, además, al público lector que fue relevado de su tarea por instituciones que poseían una configuración política directa —transformación advertida por Habermas (1994) en Historia y Crítica de la Opinión Pública (HCOP). Lo anterior indujo a que la publicidad no solo quedara situada por debajo —como sí sucedió en Europa— de los órganos del poder público, sino que, en la Isla, se demolió, a la vez, a la publicidad misma.

Otro punto fundamental durante esta emergencia estatal en Cuba fue la economía. Dispuso el incipiente Estado, además de la depuración burguesa, un control irrevocable del mercado, uno de los pilares para la democracia, según Habermas (1994). Despojaba de esta manera a los individuos no solo de un derecho, sino de la libertad —tanto de capital como de pensamiento— y de la posibilidad de ostentar de un medio concreto y eficaz ante futuras políticas injerencistas o erróneas del Estado. Esta sección del proceso provocó una malformación en los ideales de justicia social: a resguardo de un grupo de individuos —a los que se puede catalogar como la clase del poder— quedó el destino y la administración, no solo del ciudadano, sino de las futuras relaciones que este pudiera establecer moviéndose desde la esfera íntima a la privada y a la pública.

La clase de poder dejó para sí la decisión y la administración de la libertad y los derechos de los hombres, a los que no solo veían como iguales y homogéneos, sino que trazó estrategias para que así fuera, despojando de esta configuración a todo aquel que se resistieran a funcionar bajo dichos calificativos. Se trataba de una clase del poder, además, de raíz burguesa, y es importante reflexionar sobre ello. Eran hombres, en su núcleo más reducido, el núcleo que comenzó a dirigir los destinos del país, de ascendencia burguesa, con libertades monetarias que le permitieron ejercer el raciocinio y mover criterios e ideas a través de la opinión pública; núcleo que no nació con, ni en, la Revolución, y que se abocó a destruir todo vestigio de lo que ellos eran y representaban, salvo a ellos mismos. Ello provocó la reproducción de conductas y procederes de dicha clase, respaldada por el dominio político que ya poseían.

Durante este proceso de gestación estatal se puede afirmar, primero, que no ocurrió una transición continua —entendida como evolución del Estado a partir de una configuración previa— y segundo, que ninguna idea que brotase a partir de transformaciones desde los individuos de la nación, tras 1959, provocó modificaciones en la administración del Estado. Todo cuanto se hizo en el país provino desde la regencia gubernamental que era esa clase del poder. El Estado, por la manera en que comenzó a disponer del territorio físico que administraba, no era un Estado-nación democrático, social o de derecho. Era un Estado-hombre(s), indisoluble de la Revolución como concepto y concreción, que irrespetó elementos democráticos básicos, así como los derechos de los individuos. Era un Estado impuesto sobre su sociedad.

La primera configuración del Gobierno que brotaba tuvo los dos medios básicos para satisfacer las necesidades de las que hablaba Franz Oppenheimer (1908): la política y la economía. Esta imbricación de Estado y economía, escribió Habermas (1994) —tras la observación del mismo fenómeno en los estados alemanes a partir del siglo XIX— es la responsable de perturbar al modelo social de derecho privado burgués y a los derechos fundamentales (vistos desde el liberalismo) en la Cuba posrevolucionaria.

Otro suceso derivado de la realidad de un mercado centralizado, y cuya organización se preservó para ser administrada desde lo estatal, es que, cuando el mercado no es libre y accesible a moldearse desde la sociedad y la esfera privada, se tenderá a la ruptura, una vez más, entre lo público y lo privado entendido también como las esferas correspondientes. La limitación y, en lo sucesivo, eliminación total de la actividad económica privada provocó que no se engendrara lo social; no había interés en que se configurara una sociedad como esfera privada. El Estado cubano logró, al finalizar la primera década de la Revolución en el poder, acumular el capital de todos los ciudadanos; lo que, como advirtió Tocqueville, lo convertía en el único propietario de todas las cosas.

Durante la primera década en el poder (1959-1969), no encontró el Estado ninguna tensión o resistencia de la sociedad o la esfera pública para hablar a través de los conceptos de HCOP, pero se trataba de estructuras inexistentes en el país que estaban emergiendo a la par, aunque no de manera autónoma. Se observó una regresión a un principio del espacio público moderno de la Ilustración. El primer espacio público burgués empleó los medios de la razón y la moral (contrarios a la opinión) para reducir la dominación política. Una vez eliminada la clase progresista en Cuba, con posibles matices burgueses, este escenario no sería posible en la Isla. Sin embargo, el Estado estableció mecanismos desde la razón y la moral para aumentar la dominación política; estableció un sistema donde no debía importarle al individuo su opinión, ni la disposición de una ley constitucional (que tardó diecisiete años en hacerse efectiva), sino el modelo de pensamiento que desde la clase del poder se fuera indicando. Las fronteras entre público y privado se escindieron de manera violenta desde los momentos iniciales tras el triunfo, suceso que tardó varios años en Europa.

La administración del poder estatal se concibió de una manera represiva que, en el fondo, persiguió establecer una forma de gobierno a la que no se le pudiera cuestionar; no estaba dispuesto a ceder ante ningún conflicto, luchas por concepto de ideas o batallas sociales. De esta forma, el Estado emergente no dejó espacio, en el terreno social, para el surgimiento de entidades emancipadas de su ejercicio. Concordaría, entonces, con lo que Habermas (1994) reconoce como intervencionismo estatal y que se produjo en Europa a finales del siglo XIX por motivos completamente diferentes: irresolución de conflictos en la esfera privada.

Dicha dialéctica (estatalización de la sociedad o socialización del Estado) es la responsable de destruir la base de la publicidad burguesa y provocar el desvanecimiento de los límites entre público y privado, asimismo: la disolución de la publicidad. Habermas (1994) lo llama también, dislocación de los límites ideales entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y el Estado. Pero sucede que, en Cuba, tras 1959, no ocurrió este proceso de manera armónica, de hecho, el Estado disolvió los límites mediante su intervencionismo, lo cual le abrió un camino hacia la regencia totalitaria e impidió la autoorganización social, lo que tuvo repercusiones en el resto de la vida pública. Ello, a la par, volvió burocrático al mismo Estado con marcado poder interventor en los dominios de la acción.

Al ensamblarse lo público y lo privado, según recoge en su estudio Habermas (1994), se posibilitan dos cuestiones: las instancias políticas pueden realizar acciones en la esfera del tráfico mercantil y los poderes sociales desempeñan funciones políticas, proceso que también nombra: refeudalización de la sociedad. Pero ello no ocurrió en Cuba, al menos no de manera exacta. Se comprobó que el Estado sí tuvo poder para intervenir en los dominios de la acción, pero la sociedad no podía exigirle razones al poder.

El Estado cuidó que los cambios posteriores en su propia política, en apariencia popular y democrática, beneficiaran su presente y futuro como poseedor del poder. Si bien es cierto que hubo una escisión entre lo público y lo privado desde los momentos iniciales, debido a que el Estado ya controlaba el mercado, dicha imbricación de esferas no lo llevó a inmiscuirse en el tráfico mercantil (ya tenía esa capacidad), pero tampoco permitió que los poderes sociales desempeñaran funciones políticas. No se puede hablar entonces de la ocurrencia de una refeudalización de la sociedad. La estrategia constructiva que dotó a lo social de una determinada configuración permaneció, prácticamente, inamovible.

La publicidad, entendida como estado y calidad de las cosas públicas, y la dicotomía entre lo público y lo privado, asumiendo a lo público —a través de Rabotnikof, (2020)— como lo que es de uso común, accesible, abierto para todos (en contraposición con lo que es cerrado o de apropiación particular), tuvo disposiciones particulares en la Isla. Hubo una organización centralista y vertical, que partió siempre de la entidad que se estaba configurando como Estado y que dispuso condiciones para el uso común, según criterios proteccionistas hacia sí mismo. Este uso de lo común no fue abierto ni accesible para todos y ocurrió una apropiación particular por parte del Estado, aunque defendiera que su política se realizaba para el bienestar de los individuos a quienes servía.

Emerge así, otra idea referente al accionar interventor del Estado en la Isla: si desde la entidad que ostentó el poder se comenzó a regir e indicar qué tipo de configuración habría en la vida pública del país, no puede entonces pensarse a los individuos del territorio nacional como ciudadanos, siguiendo los preceptos habermasianos. El hecho violento —aunque no se tratase de una violencia manifiesta, aceptada o perceptible en ese momento, más bien puede decirse: consensuada— que representó que el único dictador de órdenes y disposiciones para lo social fuese el poder estatal, provocó que no existiera público dentro de la sociedad. O, en todo caso, indujo a que emergiera un público estatal que no iba a interactuar de manera independiente, sino a través de organizaciones e instituciones gubernamentales.

Se trataba de un público estatal aislado, con la misión de hablar sobre la base de la razón y la moral, defendiendo los ideales y preceptos del Estado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Revolución. Un público falsamente representado, sin autonomía y sin derechos. La construcción de lo común, que debiera partir desde el interés general nacido en lo privado, fue dispuesta desde el Estado. La clase del poder dictó y normó qué se iba a concebir como común. Ello provocó que la sociedad no fuera una dimensión separada de lo estatal, sino parte de su ámbito, accesible en su radio de acción.

Toda la rápida imbricación entre público y privado que se conformó durante la primera década de la Revolución en el poder, con la administración del mercado y la economía, provocó, a la vez, que otros elementos constitutivos de la vida social también fuesen absorbidos por el poder gubernamental.

La absorción gubernamental puede observarse, también, a través de la prensa, a la cual Habermas (1994) atribuye, por primera vez, una importancia decisiva en las transformaciones de la publicidad burguesa. La prensa en Europa vivió procesos de evolución y metamorfosis. Muy imbricada, desde su emergencia, con la publicidad y la esfera privada, la prensa tuvo un papel crucial en la formación de la esfera pública burguesa y se convirtió en la institución por excelencia de la publicidad. Ello provocó que, ante los cambios estructurales de la publicidad, cambiara, también, sus funciones.

La función inicial de la prensa europea consistió en mediar y vigorizar los procesos comunicativos entre lo público, lo social y el Estado. Los mass media se consideraban la prolongación e institución del raciocinio público y su existencia debía impulsar la presencia tanto de un público raciocinante como de la opinión pública. Con la llegada del Estado burgués europeo la prensa se convierte en empresa comercial y aparecen limitaciones para la autonomía periodística según los dos tipos fundamentales de ella que se escinden: si se somete a las leyes del mercado o a intereses políticos. El crecimiento exponencial del capital de la prensa y su poder publicístico, en lo sucesivo, fueron los motivos que llevaron a colocarla bajo la supervisión del Estado (aunque se trataron de instituciones privadas en entidades públicas). Pero, la libertad total de prensa se siguió entendiendo y defendiendo como uno de los derechos fundamentales.

Con el triunfo revolucionario cubano de 1959 ocurrió todo lo contrario. En primer lugar, no se puede observar el proceso de conformación de la prensa como uno evolutivo, debido a que su transformación sucedió de golpe y una vez más guiado/normado por el Estado y no a partir del raciocinio público, la publicidad o la esfera privada. A la llegada de la Revolución sí existía en el país una prensa plural que era capaz de vigorizar y mediar a través de diferentes opiniones, posturas y puntos de vista según los entendimientos de un público diverso. Todo ello se homogenizó, lo que responde a la lógica de público-masa o una sola clase que el Estado impuso en un ámbito más ampliado de lo social. Se clausuró la posibilidad privada de la prensa y se le eliminó como parte crucial de los derechos fundamentales. Aquí se advierte un primer elemento destructor de la autonomía del espacio público.

La prensa en Cuba se convirtió en un brazo del aparato Estatal, en parte constitutiva de este. Con ello el Estado evitaba dos peligros: que creciera tanto el capital de los medios como su poder publicístico. Ello provocó otro retraso —y, en todo caso, evitó— el posible surgimiento de un público raciocinante. A través de dicha prensa solo se movieron criterios, intereses, ordenanzas, ideas, perspectivas que respondieron siempre a la intencionalidad estatal que más adelante se imbricó con la intencionalidad partidista. A partir de entonces no ocurrió ningún cambio, no tenía la sociedad o los ciudadanos o el público, elementos para hacerlo. Los individuos (entendidos como entes independientes) no tenían derecho a hacer uso de la prensa para expresar o publicar su opinión sobre asuntos que les preocuparan o afectaran. El Estado asumió e impuso que, todo asunto sobre el cual se debía escribir se realizaría desde sus plataformas. Ello le entregaba un control total para mover la opinión pública, el poder mediador de dichos criterios y le otorgaba la llave de acceso libre al espacio público.

Los primeros diez años de la Revolución en el poder sentaron otras bases que tuvieron su concreción en la siguiente década. Fue este el caso de los partidos políticos. Una mirada en retrospectiva al contexto permite advertir que el camino hacia la unificación se evidenció en distintos momentos tras 1959, lo que finalmente derivó en la instauración de un partido único; ello, por naturaleza, no podía garantizar la representatividad de todos los ciudadanos. Desde el Estado se asumía que esta representación sí era posible, pues consideraba a los individuos como una masa homogénea, y ello servía, a la par, como justificación para la exclusión de las propuestas o perspectivas que no conjugaran en su totalidad con sus prescripciones.

La ciudadanía que tuviera un concepto o idea contraria a las disposiciones del Partido Comunista, estaba (estuvo y estaría) despojada de otro elemento a través del cual ejercer su publicidad. Ello provocó, a la par, el no nacimiento (y por consecuencia el no desarrollo) de la opinión pública, ya que esta solo puede existir si ha conseguido ser primero, una opinión de grupo y segundo, imponerse subjetivamente.

Habermas (1994), a través de su observación de las transformaciones de la publicidad burguesa, advirtió que se podía estudiar hasta qué punto dependía de esta, el hecho de que el ejercicio y la dominación del poder se enquistara como una constante negativa de la historia. En Cuba se advirtió el surgimiento de un Estado que, de manera efectiva, practicó ejercicios de dominación del poder absolutos. Sin embargo, estos no ocurren como deslinde o consecuencia de una transformación de la base de la publicidad, ocurren por imposición del mismo Estado que, a largo plazo, es el que termina trasfigurando y vigilando, también, sus prácticas.

Estas intromisiones estatales que se han observado, tal como lo confirma Habermas, son rechazables porque lesionan los principios de justicia y porque resultan imprevisibles, aunque esta última característica no ocurrió en Cuba. Es decir: el intervencionismo estatal no acaeció de manera alterna —en algunos momentos determinados y en otros no—, sino que fue constitutivo. Se institucionalizó, en este sentido, una obediencia ciega hacia el Estado. Lo anterior, unido al control del mercado y a la creciente burocratización, propició que la centralización del poder gubernativo se volviera impenetrable y el Estado pasó a convertirse en el propietario del capital de los ciudadanos.

A treinta años del cambio en la vida pública cubana

La primera década de la Revolución cubana en el poder culminó con la tarea configuradora de los entornos o límites del Estado emergente. En los siguientes veinte años, estos no hicieron sino consolidarse, afianzarse, legitimarse. No sucedieron grandes cambios estructurales en las características de dicho Estado. Básicamente arribaron años de aplicación irrestricta de su política y de la consumación de la administración plena del poder.

El Estado se reconoció constitucionalmente diecisiete años después del triunfo revolucionario como uno: «socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales» (Constitución de la República de Cuba, 1976, p. 2). Dictaminó, además, que la clase obrera tenía su vanguardia organizada, marxista-leninista, en el Partido Comunista de Cuba y que este, a su vez, era la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado (Constitución de la República de Cuba, 1976).

La caída del socialismo en Europa del Este y la URSS colocó al Estado cubano en una situación de crisis, tanto en el escenario económico como en el ideológico-político. Todo ello provocó presiones hacia su gestión por parte de individuos que habían despertado en su calidad de público desde una discreta esfera privada aún controlada. Dichas presiones, aunque no fueron afrontadas de manera directa, ni se les permitió el diálogo, dibujaron un panorama que ponía en peligro la estabilidad de la administración del poder del Estado. Fue, así, como se sucedieron algunos cambios estructurales en disposición del mismo.

Dichos cambios estructurales, una vez más, fungieron como configuradores de lo social, pero, en el fondo, resultaron ser mecanismos estatales para equilibrarse y mantener la administración del poder. Nuevamente: no estamos ante una transformación del Estado como resultado de una sociedad civil organizada o la pujanza de la publicidad, desde una esfera privada, sino ante cambios motivados por una fuerte situación contextual y cuyos propósitos estribaban en no perder el control. El fondo de la estructura —los principios, los valores promulgados— se mantuvo intacto, solo accedió a aumentar los contornos, los límites, pero en un espacio fiscalizado que aún les pertenecía.

La modificación de la Constitución cubana en 1992, es prueba de lo anterior. Aunque se mantiene el ideario marxista-leninista en el seno del PCC, se le agrega un nuevo calificativo: martiano, que no hace más que apuntalar la decisión nacional de mantener el manejo del país como lo venía haciendo, sin importar la caída del socialismo en la URSS y Europa del Este. El Partido, antes calificado como la vanguardia de la clase obrera, cambió a un término omnipotente, absolutista y ambiguo a la vez: vanguardia organizada de la nación cubana. Se declara como martiano y marxista-leninista y esclarece que su trabajo es fungir como «la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista» (Constitución de la República de Cuba, 1992). Se reconoce así, legalmente, otra contravención, y es la de colocar al Partido como ente superior a la sociedad, e incluso, al Estado. Esta preponderancia contribuye a la destrucción de lo social.

La concepción del Estado en Cuba también sufrió un ligero cambio, como dispositivo ideológico y proteccionista hacia el interior. Se declaraba, entonces, como un «Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana» (Constitución de la República de Cuba, 1992, p. 6). Y se mantuvo como axioma el hecho de que el Estado realizaba la voluntad del pueblo, aunque se tratara de un aforismo desmontable mediante una seria revisión contextual de la vida pública cubana. El Estado mutaba desde una concepción puramente marxista-leninista hacia un ideal nacional-comunista de proyecciones muy particulares.

Las anteriores reformas no cambiaron el papel configurador del Estado sobre la vida pública, a la que siguió moldeando, sin permitir que incidiera, a través de una base democrática, en el proceder gubernamental. El público-masa homogéneo que se observó emerger/construir durante la primera década, tras 1959 —aunque continúa como ilustración general desde lo social— comenzó a escindirse hacia finales de los ochenta. Reapareció, para catalogarlo en términos habermasianos, un público-lector que luchó por reunirse, en su capacidad de público raciocinante, para ejercer el derecho a la publicidad (PAIDEIA, Diáspora(s), Tercera Opción). El Estado no pudo contener la eclosión de este público-lector, pero sí se avocó a sofocarlo. Surgieron medidas represivas que buscaron el silenciamiento y se afianzó el exilio (obligatorio) como punto de fuga y equilibro estatal.

La participación en el país, de manera general, continuó siendo normada y mediada a través de las propias instituciones estatales, lo cual se traduce en un esfuerzo por mantener invisible a la publicidad en su forma pura. Los ejercicios publicitarios que despertaron a finales de la década de los ochenta son de alcance bajo; la opinión pública continuó sin acceder al diálogo con lo estatal y, no logró modificar, directamente, la administración del poder. No se puede hablar de la existencia de un individuo-ciudadano pleno y respetado, como tampoco de un público raciocinante libre y autónomo (que pueda exigir razones a la política); la obligatoriedad a participar a través de instituciones estatales era norma inviolable.

La clase del poder continuó como administradora arbitraria de la libertad y los derechos ciudadanos, con una marcada política de discriminación hacia el «otro». Dicha discriminación, traducida también como no aceptación del criterio contrario, siguió su basamento normativo en los medios de la razón y la moral con el fin de continuar la dominación política, y prolongó su dominación sobre el modelo de pensamiento y acción demarcado por el Estado. Ello conllevó a que, a pesar de algunas modificaciones, los poderes sociales continuaron sin desempeñar funciones políticas.

Las disposiciones con relación a los mass media no cambiaron. La prensa continuó siendo propiedad estatal, y no podía definírsele como pública o accesible a todos, sino como una prensa partidista. Esta permanencia le permitió al Estado mantener la destrucción sobre la autonomía del espacio público e impidió la movilidad de una opinión pública nacida en la esfera privada, a través de la publicidad. La inexistencia de una ley de comunicación o de prensa (que se extiende hasta la actualidad) hizo aumentar la desprotección de los mass media, sometidos y restringidos al uso institucional.

El PCC, como partido único, se mantuvo y se afianzó, a pesar del colapso del socialismo en Europa. Este hecho consolidó en el país una representación parcial y una supremacía del Partido para regir, desde el poder estatal, e influenciar y administrar la opinión pública y la publicidad. De esta forma, el Estado ejerció, además, la dominación sobre la prensa y la esfera privada. Se mantuvo vigente la intromisión estatal —que continuó lesionando los principios de justicia— y se vigorizó la centralización e impenetrabilidad del poder gubernativo.

No puede afirmarse, aún luego del transcurso de treinta años de la Revolución en el poder, la existencia en Cuba de un Estado-nación democrático, social y de derecho, sino, más bien, de un Estado que se reconoce y funda en la Revolución y en la regencia de un solo hombre que dirige y manda.

Paralelo a esta conformación de lo social, inmediatamente después a 1959, el Estado se abocó a reescribir la historia pasada del país. Con la historia presente puso en práctica otra estrategia: la legitimación necesaria para afianzar y establecer determinadas partes de lo narrado. Implementó, en paralelo, otra serie de mecanismos que permitieron los ejercicios de dominación. A saber: el borrado del pasado republicano de la isla y de aquellos escritores e intelectuales críticos sin importar la validez de su obra. El desconocimiento para quienes se exiliaban y, en contraste, el reconocimiento para los autores orgánicos que defendieron la institucionalización en el país. Ocurrió un proceso de homogenización entre los escritores presentes en los catálogos editoriales y los visibilizados en los medios de prensa, enciclopedias y diccionarios. El castigo, la cárcel, la represión y los asesinatos de carácter se implementaron para deslegitimar a las voces que disentían.

Se estableció la unión indisoluble de los conceptos: Revolución, nación, patria, Cuba y cultura, como si fuesen uno mismo, lo cual le garantizaba al primero una especie de invulnerabilidad construida e impuesta. La lealtad y sumisión a la figura de Fidel Castro y al resto de los «hombres del Gobierno» se convirtió en otra ley no escrita que les dio espacio para controlar, para establecer. Todos los mecanismos anteriores fueron implementados durante escalonadas fases donde la destrucción del público lector; la supremacía del PCC por encima del Estado y la sociedad y la obligación para que los artistas se institucionalizaran, jugaron papeles centrales.

Los resultados: a) la legitimación de una historia de la literatura cubana sesgada, censurada, seleccionada y fraudulenta que dejó fuera —intencionalmente— a valiosos creadores debido a las diferencias ideológicas, b) malas producciones literarias al no lograrse imbricar la forma con el contenido revolucionario exigido durante la primera década, c) el despojo de autonomía, derechos y libertades para los escritores que no pudieron ejercer la publicidad, d) el empobrecimiento e imposibilidad de representatividad o de la esfera pública, e) la permanencia del intervencionismo estatal en lo social y f) la supremacía del Estado a niveles casi imposibles de violar.

¿Cuáles incidentes quedaban fuera de la historiografía oficial?: básicamente los conflictivos, los críticos, los opuestos al modelo de pensamiento y acción que ya se había implementado. Pero se trató de una estrategia, no solo compacta, sino consecuente con el resto del trazado y configuración gubernativa. Si ya existía dominio, vigilancia o control sobre la prensa, sobre la comunicación y la opinión pública, sobre el mercado y la publicidad, era razonable que conforme a esas directrices dispusieran y eligieran los elementos a visibilizar en un sentido amplio.

La circulación de ideas, conceptos, la muestra de figuras, criterios, perfiles y, por oposición, el ocultamiento del criterio del «otro», presupusieron un sistema organizado y un organigrama de trabajo con este fin. Lo estatal contenía, en sí mismo, instituciones, mecanismos y poder para aplicar políticas, incluso aquellas inexistentes como legislación. Ello le garantizaba una aplicación instantánea y homogénea de su historia que se volvió unánime e inamovible, no era permitida la reescritura desde lo social o el cuestionamiento de las razones de Estado. A través de leyes, normativas, directrices, reglamentos, permisos de publicación, enciclopedias y la administración del contenido en los medios de comunicación, el Estado amalgamó y estructuró un discurso único. Movió, en la esfera pública, solamente su perspectiva, y esta coincidió con los argumentos dados por instituciones, con lo legislado, con lo publicado.

El espacio público, principalmente debido a la administración estatal de la prensa y el control de la opinión pública desde la esfera privada, no surgió como un territorio de la vida social al cual tuvieran acceso todos los ciudadanos. No fue un espacio situado en lo social o en un lugar intermedio entre este último y el Estado; estaba subsumido por el poder institucional. Ello explica el éxito y la potestad que tenían para manejar posibles desarreglos o ejercicios de independencia que hacia finales de la década de los ochenta surgieron en la Isla.

No existió un libre tránsito de la opinión pública y, esta última, tomó matices estatales y partidistas, de manera inevitable, construyendo una falsa idea sobre la discusión y el diálogo del Estado con los individuos o ciudadanos de la sociedad civil, organizada discursivamente por el aparato gubernamental.

El espacio público político no pudo construirse a partir de discusiones públicas que hicieran referencia al desempeño o funciones estatales, porque estas no podían ser criticadas. Las críticas que existieron (al orden estatal) recayeron en funcionarios de menor rango lo que evitó el cuestionamiento en esferas más altas, los errores siempre fueron de aplicación de las políticas y leyes gubernamentales, nunca atribuibles a las leyes mismas.

Reflexiones finales

La posición preponderante dada al Estado cubano por sí mismo tras el triunfo de la Revolución, le permitió actuar deliberadamente sobre la vida social. Su permanencia en el poder dependió de ello. Por tal razón, desplegó, a la par, una serie de mecanismos derivados en acciones concretas para lograr la coherencia y la aplicación vertical de su política. Entre estos tuvo suma importancia la legitimación de historias nacionales que respondieron a esa misma lógica y respaldaron el discurso oficial sobre lo que significaba la Revolución, la nación, la cubanía y el Estado entendidos como un conjunto inseparable.

La legitimación no fue un proceso aislado o separado del resto, fue parte constitutiva del mismo Estado y se irradió en el espacio de lo público y lo social. ¿Cómo fue posible? En primer lugar, porque se trató de una imposición, el legitimar o no determinada historia, no fue una opción o petición, sino una orientación dada por el Estado y, al mismo tiempo, ejecutada por este.

Para lograr la efectividad en este sentido, se habían desplegado otra serie de directrices: la no existencia del mercado libre (lo que significaba una expropiación del mismo a manos del Gobierno), la drástica eliminación de la separación entre público y privado, el control de la prensa, la exclusión (al otro crítico), censura y exilio inducido. Todo ello posibilitó que la visibilidad de actores y factores llevada a cabo por el Estado en Cuba y con ello la legitimación de lo que se hacía visible, ocurriera con garantía y certidumbre, sin ningún contratiempo, y sin ninguna oposición efectiva. Ello provocó otros efectos en el terreno de la vida pública. El control excesivo y las limitaciones de los derechos fundamentales, de la soberanía popular y la publicidad hicieron posible que la emergencia del espacio público ocurriese dentro del ámbito estatal.

La aplicación de las políticas sufrió un cambio drástico con la llegada de la década de los noventa, aunque provocados por factores externos; y a pesar de algunos movimientos hacia lo interno, de rescates, levantamiento de prohibiciones, reincorporaciones, nunca estuvo en peligro el hecho de que el Estado perdiese el poder absoluto, por lo que no se consideran estos movimientos producto de pujanzas sociales, sino como un simple acomodo estatal para lograr su equilibro y mantener su autoridad. Las normativas creadas para la soberanía popular se conservaron intactas en su base más profunda, así como el control del mercado, de la prensa, de la sociedad y de la esfera pública. Toda la prensa era partidista y este resultaba otro elemento de fuerza para desconocer o excluir de ella a la crítica que pudiera emerger desde los individuos con cierta calidad de público.

Partiendo de estos elementos, es posible representar de este modo la configuración de la vida pública en Cuba tras el triunfo de la Revolución:

Configuración de la vida pública en Cuba

Fuente: elaboración propia

La configuración del Estado revolucionario (tras su emergencia en 1959) tuvo características particulares y autóctonas que no coincidían o concordaban con cualquier otro. En especial, la regencia y el control que se autoasignó a través de los mecanismos ya comentados, le permitió obtener un espacio amplio de acción para reconfigurar, a su vez, el escenario de la vida pública.

Y esta nueva distribución provocó (o trajo consigo) la absorción de los espacios público y social, el establecimiento de estos dentro de su radio de acción, dentro de los contornos de su vigilancia. Tanto lo público como lo social, en apariencia independientes a la constitución estatal, orbitan, con un ficticio margen de libertad, dentro del Estado y poseen las características y lógicas de funcionamiento que este último les impuso. Tanto lo público como lo social interactúan (dígase los ciudadanos ejerciendo su derecho a la publicidad y la opinión en un espacio público, común y accesible a todos) en un sistema fiscalizado que no le permite ejercer influencia alguna sobre las decisiones gubernamentales.

Dicha disposición transformó, de base, la raíz y toda característica de lo que se entiende por público, privado, sociedad (ciudadanos, sociedad civil, asociaciones voluntarias), Estado. La censura, la exclusión, el exilio y el control de la comunicación, incluida la prensa, permitió mantener dicha configuración. Se posicionó el Estado, así, con la capacidad para construir o hacer emerger a un determinado tipo de individuo (acrítico por excelencia) el cual debía responder a sus permisibilidades o le esperaba el desconocimiento, la invisibilidad, el ostracismo o la muerte simbólica.

El Estado, instituido en Cuba tras 1959, se convirtió en un instrumento de dominación autoritario que dispuso las configuraciones, tanto para lo público como para lo social, sin dejar margen para una libre o conjunta construcción de la vida pública. Absolutizó, además, el ejercicio del poder a través de la supresión del libre mercado en la esfera privada y de la regencia sobre la visibilidad en el espacio público. Contrario a la doctrina marxista de que la sociedad absorbería al Estado, este último no solo subsumió a la sociedad, sino que dispuso de ella convirtiéndola en un elemento más de él mismo. No mantuvo una actitud de asistencia, sino que se avocó a institucionalizar la obediencia ciega, la exclusión y el desconocimiento (al otro) como mecanismo de vida.

El exilio inducido y el secreto de Estado afianzaron su soberanía y su equilibrio como pleno mandatario. La diversidad y la autonomía fueron declaradas como amenazas a las que se debía combatir. De esta manera se imposibilitó la garantía sobre el bienestar y los derechos fundamentales, lo que se tradujo en la no consideración a los ciudadanos. No se atuvo al ejercicio de la opinión pública, dictó cómo debía ser, cuáles ideas debían circular.

El mantenimiento del equilibrio y el poder fueron la estrategia cardinal. Emergió una nación a semejanza del Estado, una nación excluyente, obediente a un hombre —un partido que representaba a la Revolución, una nación aislada que practicaba la visibilidad para legitimar su historia pasada, presente y futura. Ello convirtió a la sociedad civil en un actor monolítico y compacto, según Bobes (2007), pero ello apunta, además, hacia la creencia de que la sociedad se convirtió en otro brazo integrante del Estado.

La esfera pública se considera estatal, tanto en su formato configurativo como en sus funciones o prestaciones, pues no es accesible a todos (incluyendo el acceso a la prensa), no existen grandes grupos organizados de personas emancipadas con respecto a las disposiciones gubernamentales, y las esferas íntimas y la privada se confunden y se ensamblan con la púbica destruyendo toda autonomía ciudadana.

Bibliografía

Arendt, H. (1998). Los orígenes del totalitarismo. Taurus, Alfaguara.

Bell, J., López, D., & Caram, T. (2006). Ley Fundamental de la República. En Documentos de la Revolución cubana 1959 (pp. 40-113). Editorial de Ciencias Sociales. https://cutt.ly/ZyhFeTx

Bobes, V. C. (2007). La nación inconclusa. (Re) construcciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba. FLACSO.

Constitución de la República de Cuba, (1976).

Constitución de la República de Cuba, (1992).

Habermas, J. (1994). Historia y crítica de la opinión pública (A. Doménech, Trad.; Cuarta edición). Editorial Gustavo Gili, S. A.

Oppenheimer, F. (2008). El Estado. Su historia y su evolución desde un punto de vista sociológico. Trotta.

Rabotnikof, N. (2010). Discutiendo lo público en México. En M. Merino, ¿Qué tan público es el espacio público en México? (pp. 25-56). Fondo de Cultura Económica. https://cutt.ly/uyhD3iv

[1] Licenciada en Periodismo (2010) y Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (2020).

Cuba: la economía política
de una reforma inconclusa

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Mauricio De Miranda Parrondo[29]

Introducción

Cuba lleva tres décadas desde que comenzara la más grave crisis de su historia económica. Sus catalizadores fueron la crisis y el derrumbe del sistema socialista mundial y especialmente de la Unión Soviética, de la cual dependía económicamente en muy alto grado, así como las propias debilidades estructurales acumuladas como resultado de errores de política económica. En esas condiciones, el impacto tan negativo de las sanciones económicas estadounidenses completó un contexto muy difícil para la economía cubana en los años noventa del siglo XX. Entre 1990 y 1993, el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 34,8%[2], expresado en un desplome de casi todos los sectores de la economía nacional, así como una violenta contracción del consumo personal, de las inversiones y del comercio exterior.

La crisis puso en evidencia la existencia de serios problemas estructurales en la economía, los cuales habían sido compensados con una sostenida corriente de recursos financieros en forma de ayuda económica, procedentes de la URSS, con un fuerte componente político. La interrupción de esta cooperación evidenció la incapacidad de la economía cubana para asegurar su desarrollo económico en condiciones distintas a la asistencia económica externa (De Miranda, 2008).

En consecuencia, el Gobierno cubano se vio obligado a adoptar una serie de reformas, entre las que destacan: las reformas constitucionales (1992 y 2002)[3] y la reorganización de la administración central del Estado (1994); la despenalización de la tenencia de divisas y la autorización de su circulación doméstica como medio de pago en 1993 (lo cual, significó, en la práctica, una dolarización parcial de la economía); la adopción de la Ley 76/1994 Ley de Minas, la Ley 77/1995 Ley de Inversión Extranjera (1995) y del Decreto Ley 165/1996 de las Zonas Francas y Parques Industriales; la autorización de una serie de categorías de trabajos por cuenta propia a los que se permitía cobrar por sus servicios o bienes a precios y/o tarifas de mercado (1993); cambios en las formas de tenencia de la tierra, tales como la conversión de granjas estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (1993); y la creación, en 1994, de los mercados agropecuarios (que recreaban los antiguos «mercados libres campesinos», desaparecidos con la campaña de «Rectificación de Errores y Tendencias Negativas») y de los mercados de producción artesanal e industrial.

El desarrollo del turismo y el fomento de la inversión extranjera se convirtieron en pilares fundamentales de la estrategia de recuperación económica, junto con la atracción de divisas por la vía de las remesas. Adicionalmente, se adoptaron una serie de medidas macroeconómicas de ajuste, tales como la reducción del déficit presupuestal y el control de la inflación galopante que se había desatado durante los años de la crisis en el mercado cambiario informal, y se apostó por el desarrollo del turismo internacional como fuente de divisas para procurar la reactivación de la economía.

En la segunda mitad de los años noventa, la economía cubana volvió a crecer y entre 1994 y 1999, el incremento promedio anual fue de 3,3%[4], impulsado por la afluencia de divisas generada por las remesas y el turismo internacional, así como por cierta reanimación de las actividades artesanales y agropecuarias, sin que el sector productivo llegase a alcanzar los niveles de actividad económica de la década de los años ochenta. A principios del siglo XXI, el establecimiento del régimen chavista en Venezuela, volvió a significar una nueva oportunidad para el mejoramiento de las condiciones externas a partir de la adopción de un amplio paquete de intercambios que aseguraba a Cuba, fundamentalmente, el suministro de petróleo, a cambio de la exportación hacia el país sudamericano de servicios profesionales, en especial, de la salud, la educación, los deportes y la seguridad[5]. Estos acuerdos, junto a la dinamización de la inversión extranjera directa (IED) en los sectores del turismo y el níquel, el aumento de las exportaciones de servicios turísticos y profesionales y las remesas de divisas generadas por la población cubana residente en el exterior, permitieron la recuperación del crecimiento económico que, entre 2000 y 2006, alcanzó un ritmo promedio anual de 6,1%[6]. Solo en 2005, se logró sobrepasar el valor del PIB de 1989 a precios constantes de 2015[7]. Este crecimiento, sin embargo, no tuvo un impacto sustancial en el mejoramiento del nivel de vida de los cubanos, más allá de aquellos que habían ingresado al segmento que operaba en el sector de moneda «convertible»[8] (trabajadores por cuenta propia, personal relacionado con el turismo, profesionales en misiones en el exterior, etc.), cuyos ingresos reales superaron, con creces, los de los trabajadores que se mantuvieron dentro del sector estatal[9].

A partir de 2006, se produce el relevo de Fidel Castro de la máxima dirección del país y bajo la dirección de Raúl Castro comenzaron a adoptarse nuevas medidas de reforma, las cuales quedaron reflejadas en una serie de documentos adoptados en los 6º y 7º Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuados en 2011 y 2016, respectivamente. Entre ellos destacan, los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido, el Estado y la Revolución (aprobados en el 6º Congreso y actualizados en el 7º), la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

No obstante, cuando se efectuó el 7º Congreso del PCC, solo se habían comenzado a implementar un 21% del total de lineamientos adoptados en el 6º Congreso, lo cual indica la lentitud del proceso de reformas aprobado por el PCC que, por constitución, tiene la condición de fuerza dirigente de la sociedad.

Al examinar el comportamiento de los indicadores macroeconómicos fundamentales, se observa que, entre 2007 y 2019, el crecimiento promedio anual del PIB fue de 2,6%, sin embargo, al descomponer el período, entre 2007 y 2012, el incremento promedio anual fue de 3,5%, mientras que entre 2013 y 2019 creció a solo el 2,0% promedio anual[10].

No existen datos disponibles sobre la situación económica de Cuba en 2020. No es usual que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) produzca estadísticas económicas mensuales y trimestrales. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto devastador sobre la economía cubana al reducir, llevando prácticamente a cero, sus ingresos en divisas provenientes del turismo internacional.

A falta de datos oficiales cubanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y The Economist Intelligence Unit (EIU) ofrecieron estimaciones sobre el posible desempeño de la economía cubana. El 15 de julio de 2020, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó el informe sobre el impacto de la pandemia en la situación económica de la región, corrigiendo estimaciones preliminares presentadas en abril y, de acuerdo con el organismo regional, la economía cubana se contraería a un -8,0% en 2020 (Bárcena, 2020). The Economist Intelligence Unit había pronosticado en mayo una variación del PIB para 2020 de -8,3%, con una contracción del consumo privado a un -7,0%, de la inversión bruta fija a un -20,0%, de las exportaciones de bienes y servicios a un -15,2% y de las importaciones de bienes y servicios a un -4,1. Según la EIU, entre los elementos de la demanda agregada solo crecería el gasto público en un 4,0%. La contracción de la agricultura llegaría a un -2,5%, de la industria a un -3,5, y en los servicios a un -10,0% (EIU, 2020).

Ante esta situación, en el mes de julio de 2020 se anunciaron nuevas medidas con el objeto de enfrentar una de las más graves crisis de la historia contemporánea cubana, entre las que se anuncian algunas de las más solicitadas, tanto por medios académicos, como por el naciente sector privado y cooperativo en el país.

En este trabajo se abordará el análisis de las reformas económicas de Cuba, a la luz de la economía política, considerando los principales cambios estructurales de la economía cubana después de la crisis de los años noventa, las medidas adoptadas para dinamizar el crecimiento económico, así como los problemas relacionados con dichas medidas y las reformas pendientes.

Principales cambios estructurales de la economía cubana a partir de la crisis de los años noventa

Después de la crisis de los años noventa del siglo XX, la economía cubana cambió de forma radical tanto su estructura sectorial como la de su inserción internacional. De una economía sustentada en la industria azucarera y con un sector productivo que abastecía el mercado doméstico, se pasó a una muy dependiente del sector de los servicios, algunos de los cuales son transables internacionalmente, como es el caso del turismo y algunos servicios profesionales, mientras que, tanto la industria como la agricultura, se deprimieron de manera significativa.

Entre los problemas más difíciles que afectan la posibilidad de realizar análisis sobre la economía cubana están, la tardanza en la publicación de las estadísticas oficiales, así como la falta disponibilidad de datos consistentes. En los últimos años ha habido cambios en las metodologías de presentación de datos sin que se hayan actualizado los anteriores para poder construir series estadísticas que permitan realizar análisis a largo plazo.

Tabla 1. Estructura sectorial del Producto Interno Bruto de Cuba (PIB) a precios corrientes, años seleccionados, 1996-2018. (Porcentajes sobre el PIB)

Fuente: Cálculos del autor con base a UNCTAD (2020), a partir de cifras oficiales cubanas

La tabla 1 muestra una tendencia descendente en la participación tanto de la agricultura como de la industria en el PIB de Cuba. Desde el punto de vista de su estructura sectorial, la economía cubana se ha convertido en una economía de servicios en donde predominan los servicios sociales (especialmente la salud pública y la educación), así como los servicios relacionados con el turismo internacional.

Con la crisis económica de los años noventa se asistió al derrumbe tanto de la agricultura cañera, como de la industria azucarera, que durante la mayor parte de la historia económica de Cuba había sido la principal industria del país, al tiempo que aseguraba su inserción económica internacional. La producción azucarera pasó de 8,1 millones de toneladas en las zafras de 1988/89 y de 1989/90 a 1,2 millones en 2005/06 y a 1,8 millones de toneladas en la de 2016/17 (ONE, 2007 y ONEI, 2019). Entre 2013 y 2018, esta industria tuvo un desempeño francamente negativo con una variación promedio anual de -5,3%[11].

La mayor parte de las actividades productivas sufrieron una severa parálisis con la crisis y en muchas de ellas no se ha alcanzado aún el nivel de producción de 1989. Por ejemplo, entre las actividades de la industria no azucarera, solo la elaboración de bebidas y la fabricación de muebles, habían alcanzado en 2018 niveles de producción superiores a los de 1989. Todas las demás actividades industriales mostraban niveles de producción física inferiores a aquella fecha. La producción azucarera se encontraba al 18% del nivel de 1989, la industria no azucarera en general, a un 78,5%, la industria alimenticia a un 78,8%, la industria tabacalera a un 88,2%, la industria textil a un 5,1%, la de prendas de vestir al 19,8%, la industria de procesamiento y fabricación de artículos de cuero a un 5,8%, la industria de materiales de construcción a un 36,8%, la fabricación de aparatos de radio, televisión y comunicaciones a un 7,5% y la industria de equipos de transporte a 1,4%. El año 2018 fue de desplome generalizado de la actividad industrial, aunque en años anteriores con mejor desempeño que el último reportado, la industria cubana estuvo también muy lejos de producir lo que producía antes de la crisis (ONEI, 2019: Cuadro 11.1). Entre 2013 y 2018, la industria manufacturera no azucarera tuvo un desempeño general negativo con una variación promedio anual de -0,3%[12].

Mientras tanto, el sector agrícola mantiene un persistente desempeño negativo. Entre 1989 y 2018 el sector agropecuario cubano (incluyendo agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) tuvo una variación promedio anual de -1,2%, mientras que entre 2013 y 2018 solo creció a un ritmo del 2,7% promedio anual.[13]

Mientras tanto, la exportación de servicios profesionales y los ingresos por el turismo internacional se convirtieron en los sectores que han asegurado, en mayor medida, el crecimiento de la economía cubana, por insuficiente que resulte en términos del desarrollo económico. El declive de las exportaciones de bienes, motivado, fundamentalmente por la caída de la producción azucarera y por la coyuntura de precios, tanto del azúcar como del níquel, ha sido compensado por los ingresos por exportaciones de servicios, que han permitido alcanzar una balanza de bienes y servicios superavitaria, tal y como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios de Cuba entre 1989 Y 2018 (miles de millones de USD a precios constantes de 2015).

Fuente: UNCTAD (2020) UnctadStat. www.unctad.org.com base en estadísticas nacionales

Las economías en desarrollo, en general, necesitan de tasas de ahorro bruto y de inversión lo suficientemente altas como para lograr un efecto multiplicador en el crecimiento del producto. La economía cubana no cuenta con recursos suficientes para producir el ahorro bruto que necesita para utilizarlo como inversión, por tanto, requiere importar ahorro desde el mundo, para producir el nivel de inversiones necesario para lograr un crecimiento sostenido[14].

Por esa razón, para Cuba resulta primordial estimular la inversión extranjera directa. Ya desde 1982 el Decreto Ley 50/1982 del Consejo de Estado sobre Asociación Económica entre Entidades Cubanas y Extranjeras, había autorizado la creación de empresas mixtas entre capital extranjero y estatal cubano, pero con escaso impacto en la atracción de inversión foránea. Por tal razón, la Ley 77/1995 Ley de la Inversión Extranjera, se concibió como un instrumento legal que facilitaría la participación del capital extranjero en el sistema económico cubano otorgando garantías, pero manteniendo un sistema altamente discrecional de autorizaciones por parte del Gobierno cubano. Es decir, el inversionista extranjero presentaba su solicitud al Gobierno cubano y este decidía si la aceptaba o no y en las condiciones en las que la aceptaba. Después de un impulso inicial de inversión extranjera directa concentrada, sobre todo, en el sector del turismo internacional, comenzó a ralentizarse la llegada de capital a la Isla. Los inversionistas se quejaban de falta de garantías, altos impuestos, retrasos en los pagos, excesiva burocracia en los trámites y restricciones en la libertad de contratación del personal empleado y en la importación de insumos necesarios. En aquellas condiciones se permitió a los inversionistas mantener cuentas en dólares y operar en el mercado dolarizado, pero esto cambió en 2004 cuando el Banco Central de Cuba[15] emitió la Resolución 80/2004 que obligó a todas las empresas y personas naturales con cuentas en divisas a cambiarlas a pesos cubanos convertibles (CUC) y operar con ellos en el mercado doméstico. Esta situación restringió significativamente la liquidez de las empresas extranjeras, las cuales se vieron obligadas a obtener un Certificado de Liquidez para remitir utilidades en divisas al exterior.

En 2014, se adoptó la Ley 118/2014 Ley de la Inversión Extranjera, una nueva norma con el objetivo de promoverla, ampliando las garantías jurídicas a los inversionistas e incrementando los beneficios tributarios. Sin embargo, esta nueva ley mantiene el alto nivel de discrecionalidad en el proceso de autorizaciones, así como la contratación indirecta del personal, a través de una empresa estatal cubana.

Desde hace muchos años no se publican las cifras de la Cuenta de Capital y Financiera de la Balanza de Pagos de Cuba y, por tanto, tampoco se conoce la información oficial sobre las inversiones extranjeras directas. En la base de datos UNCTADStat, que usualmente se construye sobre la base de estadísticas oficiales, tampoco muestra la información sobre la inversión realizada en Cuba. Por esta razón, se ha acudido a la base de datos de FDI Markets, de Financial Times, que recopila información sobre inversión green field, a partir de anuncios de los inversionistas.

Gráfica 2. Nueva inversión extranjera directa reportada para Cuba (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Financial Times (2020) FDI Markets

Como se observa, los montos reportados se comportan de forma irregular, con un promedio anual para el período 2003-2018 de 661,2 millones de dólares, muy por debajo de los 2.500 millones que el Gobierno reconocía como una cifra adecuada para apoyar el proceso de desarrollo del país[16]. Por otra parte, hasta 2018, cuatro años después de promulgada la Ley 118/2014, no se había producido un incremento notable de los flujos de capital foráneo en forma de inversión directa.

El limitado crecimiento económico, las debilidades estructurales de la economía y su precaria inserción internacional, llevaron a la dirección del país a plantearse la necesidad de adoptar medidas que relanzaran el crecimiento económico y permitieran alcanzar lo que Raúl Castro denominó un «socialismo próspero y sostenible», a través de lo que también denominó una «actualización del modelo socialista cubano».

Las medidas económicas e institucionales adoptadas a partir de 2008

A partir de 2006, Raúl Castro asumió la conducción de los asuntos corrientes del país, debido a la enfermedad de Fidel Castro, que había gobernado desde 1959,[17] y comenzaron a adoptarse una serie de medidas que crearon indicios de que comenzaría un nuevo período de reformas orientadas a sacar al país del estancamiento económico. Estas medidas abarcaron temas tales como la reorganización de la administración central del Estado, la flexibilización de los mercados domésticos de bienes y servicios y la ampliación del trabajo por cuenta propia, la autorización de la creación de cooperativas no agropecuarias, la reorganización de la actividad agropecuaria, y el llamado perfeccionamiento empresarial. Se reconoció la necesidad de avanzar hacia la unificación monetaria y cambiaria pero no se adoptaron medidas en esta dirección.

Esta línea de transformaciones ha quedado reflejada en los documentos aprobados en los Congresos 6º y 7º del Partido Comunista de Cuba, efectuados en 2011 y 2016. En el 6º Congreso se adoptaron los Lineamientos de política económica y social del Partido, el Estado y la Revolución y en el 7º se actualizaron dichos Lineamientos y se aprobó un documento denominado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

La reorganización de la administración central del Estado consistió en la supresión de varios organismos y en la fusión de otros, con una reorganización de las funciones que antes cumplían. En 2008 se suprimió el Instituto Nacional de Reservas Estatales y sus funciones pasaron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 2009 se suprimió el Ministerio de la Industria Pesquera y sus funciones fueron transferidas al Ministerio de Agricultura, y se fusionaron el Ministerio de Comercio Exterior y el de Inversión Extranjera y Colaboración Económica, creándose el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. También en 2009, la institución Unión de Acopio que agrupaba a 14 empresas provinciales de acopio de productos agrícolas dejó de pertenecer al Ministerio de la Agricultura para subordinarse a las estructuras de gobierno provinciales y municipales. En 2011 se suprimió el Ministerio del Azúcar, que quedó convertido en el Grupo Azucarero AZCUBA, perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Y en 2012 se creó un nuevo Ministerio de Minas y Energía, con la mayor parte de las competencias que estaban dentro del extinto Ministerio de Industria Básica, y un nuevo Ministerio de Industrias, que reunía las funciones de los también extintos Ministerio de la Industria Ligera y Ministerio de la Industria Sideromecánica, así como las actividades de la Industria Química, provenientes del antiguo Ministerio de la Industria Básica, y el Grupo de Electrónica que antes pertenecía al Ministerio de Comunicaciones. Todas esas actividades industriales quedaron convertidas en Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE)[18] atendidas por el Ministerio de Industrias.

Se adoptaron medidas para flexibilizar los mercados domésticos de bienes y servicios. En tal sentido, como menciona Mesa-Lago (2012), en 2008 se autorizó la operación de transportistas privados, incluyendo taxis que habían sido suprimidos en 1999, y se permitió el acceso de la población cubana a los hoteles y a restaurantes que solo estaban funcionando para el turismo internacional desde 1993, siempre y cuando la población cubana pagara en pesos cubanos convertibles (CUC). En 2011 se autorizó la compraventa de viviendas y automóviles privados. El mercado inmobiliario en la Cuba posrevolucionaria existía solo para realizar permutas de viviendas, pero no para comprar o vender, y la venta de automóviles solo se hacía a través de empresas estatales a partir de la asignación directa desde el Gobierno y solo podían ser vendidos otra vez al mismo Estado. De manera adicional, en 2011, ante la necesidad de reducir el nivel del empleo en el sobredimensionado sector estatal, el 6º Congreso del PCC decidió revitalizar y ampliar el trabajo por cuenta propia y en consecuencia, el Gobierno autorizó 181 actividades que podían realizarse por cuenta propia[19], y se permitió emplear trabajadores sin necesidad de que fueran convivientes o familiares (con limitaciones en algunos casos), se les permitió comercializar bienes y servicios a entidades estatales, desarrollar las actividades en sitios diferentes a la vivienda y, en el caso específico de los restaurantes y cafeterías, se decidió aumentar de 20 a 50 asientos permitidos, entre otras disposiciones.[20] En consecuencia, la cantidad de trabajadores por cuenta propia comenzó a crecer nuevamente hasta llegar a 580.800 trabajadores en 2018, pero que solo representaban un 12,9% del total de ocupados en la economía nacional (ONEI, 2019).

A partir de 2012, se permitió la creación de cooperativas no agropecuarias para el desarrollo de ciertas producciones industriales, artesanales y de servicios, lo que significó la aparición de ciertos negocios cooperativos en actividades tales como la construcción, la gastronomía, peluquerías, comercio minorista, reparación de vehículos, carpintería, reparación de equipos electrodomésticos, etc. En 2019, el Gobierno decidió frenar la autorización de nuevas cooperativas no agropecuarias para «perfeccionar su gestión», y solo recientemente se ha anunciado que existiría la posibilidad de autorizar nuevas empresas de este tipo. En 2018 los trabajadores agrupados en las cooperativas representaban el 11,1% del total de trabajadores empleados en el país (ONEI, 2019: Cuadro 7.2) y en 2019, según OnCuba News (2019) existían funcionando más de 400 cooperativas no agropecuarias, dedicadas, principalmente, a actividades como la gastronomía, el comercio, la construcción y la industria.

La reorganización de la actividad agropecuaria se basó en la entrega de tierras ociosas estatales a individuos y cooperativas en usufructo por diez años, hasta una superficie de 13,4 hectárea[21] por usufructuario, mediante el Decreto Ley 259/2008, con la obligación de vender a la empresa estatal de acopio hasta un 70% de la producción a un precio fijado por el Estado (Mesa-Lago, 2012), mientras que el resto de la producción podía ser vendida a precios libres en el mercado agropecuario. Como resultado de esta medida, cambió sustancialmente la estructura de la tenencia de la tierra en el país y disminuyó, de manera considerable, la participación del Estado en la producción agrícola. En 2011 el usufructo se extendió a 20 años y la superficie máxima se aumentó a 67 hectáreas. En 2007, la superficie cultivada representaba el 45,1% de toda la superficie agrícola y las empresas estatales ocupaban el 35,8% de la superficie agrícola y el 23,2% de la superficie agrícola cultivada del país. Sin embargo, producía el 13,9% de las viandas, el 19,2% de las hortalizas, el 10,8% del arroz, el 3,1% de los frijoles, el 54,8% de los cítricos, el 7,7% de otras frutas y el 1,0% del tabaco, por solo mencionar algunos ejemplos. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, en 2017 la superficie cultivada representaba un 43,8% de la superficie agrícola y la participación de las empresas estatales en la superficie agrícola había descendido a 32,2% y en la superficie cultivada a 19,9%. El sector estatal, en cambio, producía en 2018 el 10,5% de las viandas, el 18,2% de las hortalizas, el 16,0% del arroz, el 10,4% de los frijoles, el 38,2% de los cítricos, el 9,6% de otras frutas y el 1,9% del tabaco[22].

Finalmente, la apuesta del Gobierno para mejorar la actividad empresarial estatal fue el llamado programa de Perfeccionamiento Empresarial, que había comenzado en 1987 en el sistema de empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas y que en 1998 comenzó a extenderse en las demás actividades de la economía a partir de la adopción del Decreto Ley 187/1998, De las Bases Generales del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial. Bajo este sistema se ha pretendido elevar el nivel de autonomía en las decisiones económicas y operativas de las empresas, reforzar la actividad contable y los controles financieros, así como la adopción de criterios económicos y financieros en la gestión de las empresas, incluyendo ciertos incentivos económicos para los trabajadores[23]. No todas las empresas podían ingresar al sistema, sino solo aquellas que cumplían con una serie de parámetros relacionados con su nivel de actividad y solvencia financiera. En 2007, el Decreto Ley 252/2007 sobre la Continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano intentó relanzar el proceso de «perfeccionamiento» frenado por tendencias recentralizadoras adoptadas en los últimos años de Gobierno de Fidel Castro. Diez años después, el Consejo de Estado adoptó el Decreto Ley 334/2017 que modificó el anterior, incorporando el rol de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial en el proceso de «perfeccionamiento». Barrera y Blanco (2019) afirmaban que en 2016-17 «el proceso no había alcanzado el grado de generalización que constituía una de las directrices de su implementación, enunciada desde el 5º Congreso del PCC». En la actualidad, las empresas estatales siguen careciendo de la necesaria autonomía económica y operativa para funcionar adecuadamente.

Los problemas de las medidas adoptadas, la crisis de la COVID-19 y las reformas pendientes

En términos generales, el patrón que han seguido las medidas de reforma económica adoptadas en Cuba, después del derrumbe del sistema socialista mundial, ha sido el de acelerar los cambios cuando arrecia la crisis y frenarlos cuando éstas pasan de su punto más álgido, aunque ello no signifique que hayan sido realmente superadas.

Los cambios económicos e institucionales adoptados en Cuba después de que Raúl Castro asumiera el poder y durante la transición actual, en la que la llamada «Vieja Guardia» aún conserva resortes importantes de poder, pero ha transferido parte del mismo a una nueva generación, encabezada por Miguel Díaz-Canel[24], han enfrentado numerosos obstáculos por consideraciones ideológicas en diversas estructuras del poder. Se ha mantenido una persistente tensión entre la necesidad de reformas que apuntan hacia la ampliación de las relaciones de mercado y la descentralización en la toma de decisiones, por una parte, y la necesidad de la dirigencia de conservar el poder, a través del control, por otra.

Esa tensión, junto a la ausencia de voluntad política real, han sido las principales razones de la falta de sistematicidad y de profundidad de las reformas en Cuba y es responsable también del innegable déficit de democracia que caracteriza a la nueva Constitución aprobada en 2019. En consecuencia, estas medidas no han tenido un impacto suficientemente notable en el crecimiento económico del país, ni en el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Entre las medidas consideradas cruciales por académicos, especialistas y actores económicos diversos y que han estado ausentes de las adoptadas, destacan:

1) La generalización del trabajo por cuenta propia, eliminando la lista de actividades permitidas y reemplazándola por una pequeña lista de actividades no permitidas, bajo el principio de que lo que no está prohibido está permitido y no al revés

2) El reconocimiento y la legalización de la existencia de empresas privadas pequeñas y medianas y su incorporación al tejido industrial y a la prestación de servicios a la sociedad

3) La creación de un mercado mayorista, que respondiera a las demandas de las empresas privadas y cooperativas y que esta no gravitara sobre el comercio minorista compitiendo en condiciones desiguales con los consumidores

4) La unificación monetaria y cambiaria, a partir de la devaluación del peso cubano

La llegada de la pandemia de la COVID-19 a Cuba y la necesidad de cerrar el país al turismo internacional, pusieron al límite todas las tensiones que subsisten en una economía que, a pesar de algunos espacios creados con las medidas parciales adoptadas con anterioridad, conserva altísimos niveles de centralización.

La grave escasez de divisas ha llevado al Gobierno a plantearse una nueva tanda de medidas, en el marco de lo que se ha denominado como una «estrategia económica y social para la recuperación», que se resume:

1) Redolarización parcial del mercado doméstico, mediante la creación de tiendas en las que primero se venderían bienes de consumo, considerados oficialmente en Cuba como de «alta gama» y que se ha extendido a bienes básicos y en los que solo se podría comprar usando monedas libremente convertibles depositadas en cuentas bancarias y usando tarjetas electrónicas como medio de pago.

2) Creación de un mercado mayorista para campesinos privados, trabajadores por cuenta propia y cooperativistas al que solo se podrá acceder con los recursos de las cuentas denominadas en moneda libremente convertible.

3) Eliminación del gravamen del 10% a los depósitos y transacciones con dólares estadounidenses.

4) Autorización a los trabajadores por cuenta propia y cooperativas a exportar e importar bienes y servicios, pero solo a través de empresas estatales.

5) Bonificaciones tributarias tanto para empresas estatales como mixtas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia que generen exportaciones a otros países o a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

Adicionalmente, se anunciaron otro tipo de medidas que aún no se implementan:

1) Ampliación de autorizaciones de trabajo por cuenta propia.

2) Creación de pequeñas y medianas empresas estatales, cooperativas y privadas.

3) Promoción de la inversión extranjera directa (que hasta ahora no ha despegado a pesar de dos leyes con ese propósito).

4) Emisión de deuda pública a través de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión desde el presupuesto estatal.

5) Fomento del crédito para la inversión en el sector agropecuario a través de un banco de fomento.

6) Descentralización territorial de decisiones económicas que afecten a provincias y municipios y de la gestión tributaria local.

7) Flexibilización de los objetos sociales de las empresas estatales y mayor autonomía de su gestión.

En cambio, la unificación monetaria y cambiaria siguen estando ausentes, y ahora probablemente relegadas una vez más, ante la adopción de la redolarización de los mercados. La unificación monetaria y cambiaria resulta prioritaria para evitar que subsistan las distorsiones generadas por la circulación de diferentes monedas y la coexistencia de tipos de cambio diferenciados que, además, reflejan la sobrevaloración de la moneda nacional, con las consecuencias negativas sobre la competitividad de la producción nacional de bienes y servicios y, por tanto, sobre la capacidad exportadora. La unificación monetaria y cambiaria debe producir cambios radicales en la economía, pero el más importante debe ser que los ingresos por el trabajo permitan que los cubanos puedan acceder a los mercados en los que se ofrecen los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, eliminando la segregación que significa disponer o no de las divisas con las que se pueden adquirir bienes necesarios para la vida.

Finalmente, siguen estando pendientes medidas concretas orientadas a incrementar la producción de bienes y servicios y muy especialmente, alimentos y bienes industriales, dinamizando los sectores cooperativo y privado, ya que ha resultado imposible lograrlo con las empresas estatales. En este sentido, se imponen cambios fundamentales en el funcionamiento de los sectores agropecuario e industrial. Sin embargo, la debilidad del ahorro interno bruto requiere crear las condiciones institucionales para abrir la inversión extranjera directa, reduciendo los elevados niveles de discrecionalidad y aumentando las garantías a los inversionistas y la transparencia de los procesos de autorización. En tal sentido, la emigración cubana podría jugar un papel decisivo en el incremento de los flujos de inversión directa en el país e incluso en la erosión de las sanciones económicas del Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, para ello, resulta imprescindible el pleno restablecimiento de sus derechos ciudadanos.

Una vez más, las medidas apuntan a problemas puntuales y carecen de sistematicidad, pero, sobre todo, también carecen de credibilidad debido a la cantidad de ocasiones en las que han sido revertidas.

A manera de resumen

La economía cubana ha experimentado profundos cambios estructurales en las últimas tres décadas que, sin embargo, no han reducido la extremada vulnerabilidad frente a la coyuntura internacional, la cual se ve agravada por sus debilidades estructurales.

Desde la década de los noventa del siglo XX se han adoptado medidas de reforma que no han sido parte de un sistema de reforma económica estratégica, sino que han respondido a los momentos más críticos de la coyuntura, obviando la solución de los problemas estructurales fundamentales. Por eso, los cambios adoptados no han conducido a la superación definitiva de la crisis económica estructural que padece el país.

El excesivo celo ideológico y la capacidad de obstrucción de la burocracia estatal y partidista, unido a la escasa voluntad política, han sido obstáculos de significativo peso, al punto de que cada uno de los procesos de reforma iniciados en todo este período han terminado inconclusos y se han diluido en nuevas medidas de reforzamiento de los controles que atenazan la liberación de las fuerzas productivas.

A esto se unen los efectos negativos de las sanciones económicas estadounidenses que se han reforzado con la administración de Donald Trump, la cual ha revertido las medidas de deshielo que se adoptaron al final del Gobierno de Barack Obama y que, dicho sea de paso, no fueron aprovechadas adecuadamente por el Gobierno cubano.

Sin embargo, las autoridades cubanas tienen muchísimas opciones de adoptar reformas radicales en la economía, al margen de las sanciones estadounidenses y que podrían tener un impacto muy positivo en el crecimiento económico y en el bienestar del país.

Bibliografía

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United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (2020) UNctadStat. www.unctad.org

[1] Profesor Titular del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia.

[2] Cálculos del autor con base en ONE (1996) y CEPAL (1999).

[3] En realidad, las reformas constitucionales de 1992 y 2002 se orientaron en la dirección de reforzar el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en la sociedad y la negación del pluralismo partidista. Sobre todo, en la reforma de 2002 se establece la imposibilidad de desmontar el sistema socialista en el futuro y se legaliza la rebelión social como opción para impedirlo.

[4] Cálculos del autor a partir de la base de datos UNCTADStat de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), a partir de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

[5] Para el contenido de los acuerdos firmados entre Cuba y Venezuela, puede consultarse De Miranda (2008: 394).

[6] Cálculos del autor con base en UNCTAD (2020) a partir de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

[7] La serie de Naciones Unidas tiene como año base 2015 aunque en la estadística oficial cubana el año base es 1997.

[8] En 2004 el Gobierno cubano tomó la decisión de reemplazar la circulación de dólares con un llamado peso cubano convertible, a la paridad con el dólar, con la promesa de que cada peso convertible estaría respaldado en dólares. Esa promesa no se ha cumplido y, en consecuencia, tanto el peso convertible como el peso cubano se han sobrevalorado respecto al dólar, afectando seriamente la capacidad competitiva de la economía.

[9] Las categorías aprobadas eran, en lo fundamental, diversos tipos de oficios. Ninguna actividad profesional fue autorizada entonces para realizar trabajo por cuenta propia.

[10] Cálculos del autor con base en UNCTAD (2020), a partir de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

[11] Cálculos del autor con base en ONE (2007) y ONEI (2019).

[12] Ibídem.

[13] Cálculos del autor con base en UNCTAD (2020).

[14] En 2018, la formación bruta de capital, es decir, la inversión bruta del país, representó solo un 10,7% del PIB, según cálculos realizados a partir de ONEI (2019), mientras que las economías emergentes más dinámicas muestran tasas de inversión que superan el 30-35% del PIB.

[15] El Banco Central de Cuba no es una institución independiente del Gobierno, sino que es parte del Gobierno, como si fuera un ministerio.

[16] En abril de 2015, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, anunciaba en el foro empresarial previo a la 7ª Cumbre de las Américas, que Cuba necesitaba «alrededor de 2.500 millones anuales de inversión foránea…» para estimular el crecimiento económico. El Nuevo Siglo, 6 de abril de 2015. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2015-cuba-necesita-us-2.500-millones-anuales

[17] En 2006 Fidel Castro se retiró del ejercicio directo del poder y Raúl Castro asumió interinamente las funciones de jefe del Estado y del Gobierno y en la práctica, asumió la dirección del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas. En 2008, la Asamblea Nacional lo eligió presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, cargo en el que permaneció hasta 2018 y en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011, fue elegido primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ratificado en el 7º Congreso en 2016.

[18] Las OSDE se crearon como entidades con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, en función de los intereses estatales, para agrupar empresas y entidades, en función de sus semejanzas tecnológicas y productivas. En el fondo, se han convertido en estructuras intermediarias entre los ministerios y las empresas.

[19] En 1993, cuando se adoptó el Decreto Ley 141/1993 Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, se autorizaron solo 55 tipos de actividades, en el año 1995 se habían ampliado a 117 y en 2002 a 157.

[20] La primera versión de los restaurantes privados denominados «Paladares» por una serie televisiva brasileña muy popular en los años noventa, solo permitían 12 sillas.

[21] Una hectárea es una medida de superficie utilizada en la agricultura cubana y que equivale a 10 000 metros cuadrados.

[22] Cálculos del autor con base en ONE (2010) y ONEI (2019).

[23] A partir de la segunda mitad de la década de los años setenta se había comenzado a aplicar parcialmente un Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) en Cuba, orientado también a una mayor descentralización de las decisiones a nivel de las empresas, la utilización de instrumentos monetarios y financieros en la gestión empresarial y el establecimiento de mecanismos de estimulación económica a los trabajadores, pero en la segunda mitad de los años ochenta, en el contexto de la campaña de «Rectificación de Errores y Tendencias Negativas» desatada por Fidel Castro para contrarrestar las reformas que se adoptaban en la URSS, el sistema fue abandonado y se reforzó la centralización de las decisiones económicas.

[24] La 9ª Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en 2018 eligió a Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, aunque Raúl Castro conserva el cargo de primer secretario del Comité Central del PCC. Después de aprobada la nueva Constitución en 2019, Díaz-Canel fue elegido presidente de la República, y meses después Manuel Marrero fue designado primer ministro, con lo que se inició una transición en el liderazgo del país que, por el momento, no significa una salida en masa de los remanentes del llamado «liderazgo histórico».

Apuntes sobre el Estado cubano
y su política exterior (1959-2020)

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Juan Antonio Blanco[1]

¿Qué podemos entender por política exterior?

Para abordar este tema se hace necesario hacer primero un par de precisiones.

La primera es que, en el mundo actual, interconectado de manera global y compleja, debe entenderse por política exterior al conjunto de relaciones internacionales que se desarrollan entre un país y el resto de la comunidad internacional, bien sea por la vía de intercambios interestatales o con actores de la sociedad civil. La política exterior abarca también aquellas relaciones que despliegan el Estado nacional y la sociedad civil de un país determinado con aquella porción de la nación ubicada en la diáspora. Esta última circunstancia hace objetivamente de Cuba una nación transnacional.

La segunda premisa es que, el ejercicio de la política exterior en un Estado totalitario difiere de la de aquellos Estados en sociedades abiertas y de libre mercado, tanto en su misión como en su normatividad institucional. Esa diferencia se mantiene incluso en correspondencia con aquellas sociedades abiertas dirigidas políticamente por un régimen más o menos autoritario. En los Estados totalitarios —como es el caso de Cuba desde 1961— la política exterior, o sea, el conjunto de acciones que se promueven desde diferentes instituciones y actores hacia el exterior, tiene la misión de asegurarle a la clase dominante los recursos financieros y militares, alianzas, imagen positiva y condiciones de seguridad nacional que refuercen su permanencia ilimitada en el poder.

Las disquisiciones de algunos académicos en la década de los noventa, en torno a si Cuba había emprendido una transición desde el totalitarismo hacia un estado postotalitario, resultaron prematuras y no pocas veces sobrevaloradas. De hecho, hay un debate rico con posiciones diversas sobre la orientación de ese Estado en su agenda exterior, desde los inicios del proceso, hasta fechas recientes (Dominguez, 1989; Alzugaray, 2017; Blanco, 2019). La transición del Estado cubano, que realmente ocurrió a partir del 2002, fue la transformación del Estado totalitario comunista en una empresa criminal transnacional, con la fusión de la elite de poder cubana y la cleptocracia venezolana (Naim, 2012; Blanco, 2020). Las relaciones exteriores de Cuba se implementan de forma centralizada y concertada por medio de actores estatales —Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ministerio de Comercio del Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Ministerio de Salud Pública (MINSAP), etc.— y no estatales, como, por ejemplo, instituciones y organizaciones civiles paraoficiales de naturaleza cultural, académica, artística y corporaciones en apariencia privadas pero controladas por el Estado dentro de un entramado complejo de actores, mecanismos y objetivos políticos y económicos.

Esta diversidad de ejecutores estatales y paraestatales de política exterior no supone diversidad alguna de propósitos: todos actúan bajo la dirección centralizada de la élite de poder cubana, que los orienta y coordina desde el Comité Central del Partido Comunista (CCPCC) y la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ministerio del Interior (MININT). Si bien los demás actores estatales y paraestatales elaboran sus planes de trabajo respectivos —desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños o la Federación de Mujeres Cubanas—, sus ideas no tienen valor alguno hasta no ser revisadas, modificadas y aprobadas por las instancias correspondientes: el Comité de Relaciones Internacionales del CCPCC y la DGI del MININT.

En algunos casos, para garantizar la fluidez en temas priorizados por la DGI, esa agencia de inteligencia se asienta —y de ese modo se enmascara— dentro del propio MINREX y otras instituciones. Así, pueden sembrar a sus agentes dentro del cuerpo diplomático cubano e incluso crear estructuras de trabajo completas, como ocurrió cuando se estableció la llamada Dirección de América II para atender los temas de EEUU, con sus propios agentes con fachada diplomática operando desde dentro del propio edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Etapas del proceso cubano y oscilaciones en su política exterior

Es elemental que un régimen tan prolongado como el cubano haya atravesado por diferentes etapas y que cada una de ellas presente ciertas peculiaridades. Si bien las tareas permanentes de la política exterior se han mantenido inmutables, su orientación se adaptó según cambiaban las circunstancias. Por ejemplo, la búsqueda de alianzas externas ha oscilado entre diferentes actores según el contexto general del momento. Esa necesidad insoslayable ha puesto en crisis repetidamente las narrativas de legitimación del poder que se habían construido para etapas anteriores.

Si desde 1959 hasta 1961 el proceso se vendió como nacionalista, socialdemócrata o humanista, después de 1961 y hasta la crisis de los misiles tuvo que revestirse de firme aliado de la URSS. Entre los años 1963 y 1968, la dirección del país, encabezada de modo personal y centralizado por Fidel Castro, asumió un pretendido liderazgo marxista leninista independiente del marxismo soviético y de los partidos comunistas subordinados al Kremlin. Luego, entre los años setenta y 1991, se fortaleció una alianza aún más estrecha con Moscú; la que implicó la sovietización de las instituciones cubanas hasta la caída de la URSS.

Durante la década del noventa, La Habana simplemente procuró sobrevivir en un entorno global adverso, orientado a la expansión de la democracia liberal y de la economía de mercado. El surgimiento del liderazgo de Hugo Chávez abrió el camino para transitar, no hacia un capitalismo conjugado con algún tipo de democracia, sino hacia un Estado criminal transnacional retóricamente sustentado en una nueva ideología: el llamado socialismo del siglo XXI. Esa versatilidad transformista de la élite de poder cubana, con el beneficio del tiempo transcurrido, invita a reflexionar acerca de la naturaleza y orientación del proceso cubano y su régimen de gobernanza.

Para comprender el desarrollo de ese entramado de poder, es preciso entender las ideas que, en diversos momentos de su desarrollo, se fueron volviendo relevantes en el seno de la academia occidental. Así, ¿cuáles eran las principales escuelas de pensamiento respecto al proceso cubano iniciado en 1959?

Desde muy temprano, hubo dos tendencias cognitivas acerca de la Revolución cubana. Una le atribuía una matriz nacionalista, y la otra, aseguraba que se trataba de un proyecto conspiratorio comunista. El centro de ese debate, que consumió ríos de tinta y miles de horas de viajes a eventos políticos y científicos, era la pregunta: ¿es Estados Unidos el culpable del origen y proyección radical del castrismo o desde el inicio era esa la proyección acordada con la URSS?

En los años sesenta, las percepciones más generales del proceso cubano se enmarcaban, o bien entre autores simpatizantes de La Habana (Wright Mills, 1960) (Sartre, 1960) —que creían en la inocencia e improvisación de los jóvenes revolucionarios cubanos—, o bien de intelectuales críticos del castrismo, fuesen desde posiciones conservadoras (Draper, 1965) o de izquierda (Karol, 1972), configurando una pluralidad de miradas sobre el joven proceso cubano.

La caída de Europa del Este y de la URSS permitió acceder a muchos documentos altamente secretos de las tres décadas precedentes. También a testimonios directos de ex agentes de los servicios de inteligencia y altos funcionarios de países comunistas europeos, que permitieron una mirada fresca y documentada sobre el modo en que se forjó la orientación hacia el comunismo de la dirigencia cubana. Libros como One Hell of a Gamble y El soviet caribeño marcaron una nueva visión del proceso cubano asentada en material de archivo y testimonios de actores de primera línea.

De esa nueva documentación historiográfica emerge una renovada interpretación que pudiera definirse de la siguiente manera: El grupo más radical del castrismo (Raúl Castro, Ernesto Guevara y el propio Fidel Castro) estaba decidido a aliarse con la URSS desde antes de 1959 (Reynel, 2018) a despecho del ala nacionalista moderada (Felipe Pazos, Hubert Matos, Manuel Urrutia) rápidamente desplazada del poder. Ningún apaciguamiento estadounidense los habría alejado de ese propósito.

Según lo anterior, es posible distinguir etapas en la política exterior cubana a lo largo de estas seis décadas.

La revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, si bien fue convocada sobre bases socialdemócratas limitadas, fue cooptada por un núcleo radical y duro de figuras como Raúl Castro y el Che Guevara que, en alianza con la dirección del antiguo Partido Comunista, aniquiló a la disidencia anticomunista dentro del movimiento revolucionario y estableció —desde abril de 1959— una alianza estratégica con la URSS.

Si bien Fidel Castro creía en la necesidad de favorecer esa proyección, su personalidad le imponía una mayor desconfianza hacia Moscú; que, a su vez, no lo veía como un aliado fiable. Los hechos posteriores —la crisis de los misiles de 1962 (Fursenko & Naftali, 1998) y los dos intentos conspirativos para desplazarlo, organizados por elementos prosoviéticos del viejo Partido Comunista— corroboraron sus aprehensiones. Sin embargo, al concluir la década de los sesenta, su intento de convertirse en líder tercermundista y asegurarse los recursos necesarios para la viabilidad de su poder, demostró ser infructuoso. Después del alejamiento de la URSS, con la exportación de guerrillas a varios continentes, las alianzas con grupos terroristas variopintos y las críticas al modelo soviético de socialismo, Fidel Castro, arruinado y aislado, arrió sus banderas radicales y entró en una nueva luna de miel con Moscú. Fue cuando permitió un nivel de penetración rusa en la sociedad y Estado cubanos, a partir de la década del setenta, solo comparable al que los cubanos impusieron luego en Venezuela (Blanco, 2016).

La tarjeta de subsidios ilimitada que Moscú le extendió a Cuba a partir de su apoyo público a la invasión de Checoslovaquia fue pagada con la sovietización de las instituciones y sociedad cubanas, la alianza con empresas militares de objetivo común en África y la amplia colaboración del Ministerio del Interior con los servicios de inteligencia soviéticos. Sin embargo, Castro le sacó partido también a la bonanza económica de los subsidios para expandir su ofensiva diplomática en el tercer mundo. Pero, ya no por medio de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAL) y la Conferencia Tricontinental, sino del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Entre 1975 y 1991, Cuba se permitió tener consulados y embajadas en casi un centenar de países, asistir con representaciones oficiales a decenas de conferencias en todo el mundo —y convocar otro tanto cada año—, así como tener una de las mayores misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas —integrada en un 80% por personal de la DGI—, después de las de EEUU y la URSS. La caída de esta última obligó a Cuba a reorientar nuevamente sus alianzas de manera temporal, hasta que Chávez ofreció una salida mejor a la élite de poder cubana.

Como el MNOAL perdió peso, Castro dio un testimonio público acerca de su renuencia a facilitar la lucha armada —lo que no suponía abandonar la violencia política como instrumento de influencia allende fronteras— y, con Chávez y sus petrodólares, se crearon nuevos instrumentos que incluyeron el reforzamiento del Foro de São Paolo, y la creación de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Petrocaribe. Al mismo tiempo, Cuba creó un consorcio de medios para la desinformación, propaganda y medidas activas constituido por agencias estatales de comunicación de Cuba, Venezuela, Rusia, Irán y China, en una especie de outsourcing político, de lo cual se ha visto su impacto en las protestas contra el Gobierno de Piñeira en Chile y los intentos de desestabilización del Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador (Villalobos, 2020).

En la actualidad, los desafíos de la política exterior de Cuba son los mismos de siempre (búsqueda de recursos, proyección de soft power, y brazo externo de la doctrina de guerra asimétrica), pero en este momento se desarrollan bajo condiciones muy riesgosas y desfavorables.

Estado y política exterior: desafíos y opciones actuales

Cuba enfrenta dos crisis simultáneas: una estructural y otra coyuntural. La crisis estructural —conocida por los cubanos como «el bloqueo interno a las fuerzas productivas»— es de exclusiva responsabilidad de la élite de poder, al no haber aprovechado las diferentes ocasiones en que algunos presidentes de EEUU dieron signos de querer normalizar las relaciones. El error más destacado fue la oportunidad perdida con Obama para emprender una reforma estructural que dejara atrás el modelo estatal político y económico de signo estalinista. Si en los ocho años de presidencia de Obama la élite cubana lo hubiera deseado, Cuba habría recibido miles de millones de dólares en créditos e inversiones por vía del sector privado nacional que legalmente está excluido de las sanciones del embargo estadounidense. Esta renuencia a una genuina y amplia reforma estructural es lo que ahora agrava el impacto de las otras crisis coyunturales: la crisis de su aliado venezolano, que pone en peligro la seguridad energética de la Isla, las sanciones del embargo aplicadas por primera vez de manera plena por Donald Trump y, finalmente, la pandemia de la COVID-19.

Hay indicios de que, hasta el presente, la élite de poder cubana no se ha planteado reconocer la realidad y actuar de manera creativa frente a ella, como hicieron los vietnamitas en 1986 cuando sus reformas pusieron fin a la hambruna que azotaba a aquella nación. Presos de su terquedad y miopía, el rumbo que marca su política exterior hasta el momento de escribir estas líneas (verano de 2020) es el de asegurar las siguientes alianzas y objetivos:

Alianzas: Proseguir su contubernio privilegiado con la cleptocracia venezolana, el régimen autoritario de Putin, el Estado confesional autocrático iraní, así como las dictaduras de China, Nicaragua, y Corea del Norte. A ello se agregan las relaciones con las actividades ilícitas de grupos internacionales, criminales y terroristas, como Hezbollah, el ELN, las FARC y otros.

Objetivos: Asegurarse flujos petroleros y otros recursos, a cambio de servicios militares, de inteligencia, médicos, biotecnológicos, y otros que cumplen doble propósito; obtener beneficios económicos de esos intercambios y asentar, siempre que sea posible, la influencia cubana en los países que los reciben.

Sin imaginación ni voluntad reformista, la élite de poder cubana parece estarse acorralando a sí misma en un callejón sin salida. Su apuesta es esperar las elecciones en EEUU y apostar por que Trump las pierda.

Después de haber desarrollado una diplomacia eficiente, proactiva, global y legitimada en temas considerados «progresistas» por una parte importante de la opinión pública, hoy está desplegando una diplomacia justificativa de temas impresentables, como es el caso de su participación directa en el sistema de torturas y represión venezolano.

Conclusiones

Estos apuntes preliminares, que requerirían de un mayor desarrollo, sin embargo, permiten formular un sucinto inventario de conclusiones:

1- La política exterior cubana desde 1959, primero vendió un proyecto humanista, después presentó el sistema que representaba como una cruzada moral tercermundista contra un sistema internacional opresor, más tarde se prestó a defender a ultranza a la URSS para luego ganar autonomía diplomática con el Movimiento de Países No Alineados. En el periodo inmediato posterior a la caída de la URSS se proyectó como un proceso en recuperación de un nuevo equilibrio y en transición gradual hacia una sociedad más abierta y de mercado. Con Chávez retomaron el modelo estalinista de organización interna y emprendieron una transición inesperada: el Estado comunista se transformó en un Estado mafioso transnacional al asociarse la élite de poder cubana con la cleptocracia venezolana. El proyecto humanista de 1959 ha quedado degradado a una vulgar empresa criminal.

2- Si la política exterior de Cuba no tiene en la actualidad los niveles de prestigio e influencia de hace treinta años, no es solo por un problema de mediocridad personal de algunos de sus principales líderes institucionales, o debido a una crisis de recursos disponible, se debe, ante todo, a la degradación del sistema que proyecta. ¿Cómo influir en financistas a los que no se les paga después de haber perdonado la mayor parte de sus deudas, o venderse como «progresistas» cuando sus fuerzas de inteligencia son el pilar que sostiene el primer narco-Estado del hemisferio y circulan los testimonios de la participación de cubanos en los centros de tortura de Venezuela? ¿Cómo explicar que los abanderados de la independencia de los pueblos coloniales de África son ahora los colonialistas de Venezuela? En tres décadas hay una degradación de las narrativas legitimadoras del régimen cubano que su cuerpo diplomático no podría resolver aun si tuviese mejores recursos humanos y materiales.

3- La idea de que haciendo uso de una estrategia asimétrica con instrumentos híbridos (componentes de guerra irregular paramilitares, uso de criminales, desinformación, medidas activas y otros) es posible desestabilizar Gobiernos hostiles e instalar regímenes aliados es plausible, y la intentaron en 2019. Pero, es también muy arriesgada cuando sus víctimas y los EEUU han llegado a tomar conciencia de lo que se proponen. Un paso en falso puede convertir en muy probable lo que se consideraba tradicionalmente como imposible: una intervención de algún tipo para poner fin al binomio de «Cubazuela». Cuba, por el tamaño de sus recursos de todo tipo, no es Rusia. Y Chile, por la distancia geográfica, diferencia cultural y complejidad de su sistema social y político, no es Crimea.

4- La diplomacia cubana podría tener una recuperación si se acude al viejo truco de crear una nueva expectativa y acompañarla de una narrativa de legitimación innovadora, tal y como hizo en los años sesenta e inicios de los noventa. Pero eso, solo es posible si la élite de poder abandona su inmovilismo, se separa del régimen mafioso de Venezuela y sus aliados, y emprende una genuina reforma sistémica de su economía y de su régimen político. Mientras esa perspectiva los aterre más que un futuro incierto a corto plazo, el nivel de riesgo de la actual sociedad cubana se incrementa y su diplomacia se tornará más incompetente.

Bibliografía

Alzugaray, C. (2017). La Política Exterior de Cuba en la Era de Trump. CRIES,

Blanco, J.A. (2020). The Unforeseen Transition: From Communism to Mafia State. Infinite War, p 83-106. Miami: FHRC, https://bit.ly/2zJMfAV

Blanco, J.A. (2019). Modelo Cubano de Dominación Colonial. Cubazuela: Crónica de una Intervención Cubana, p 17-42. Miami: FHRC, https://bit.ly/2Z5hmBE

Blanco, J. A. (2016). Presentación en la Universidad Internacional de la Florida.

https://www.youtube.com/watch?v=TIz0Ne1TDFU

Dominguez, J. (1989). To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Estados Unidos: Center for International Affairs, Harvard University.

Draper, T. (1965). Castroism: Theory and Practice, Frederick A. Praeger, New York.

Fursenko, A. & Naftali, T. (1998). One Hell of a Gamble: Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958-1964. New York: W. W. Norton & Company.

Karol, K.S. (1972). Los guerrilleros al poder. Madrid: Seix Barral.

Naim, M. (2012). Mafia States, Foreign Affairs, April 25,

Reynel, C. (2018). El Soviet caribeño. La otra historia de la Revolución cubana, South Carolina: Editorial Lendel.

Sartre, J. P. (1960). Huracán sobre el azúcar. La Habana: Ediciones R.

Villalobos, J. (2020). Cuba: defensa y agonía, México: Nexos.

Wright, C. (1960). Listen, Yankee. The Revolution in Cuba, New York: Ballantine Books.

[1] Historiador e internacionalista. Director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

La política exterior de Cuba:
¿se puede ser potencia mundial en el Caribe?

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Jorge I. Domínguez[1]

Entre 1963 y 1991, 385 908 soldados cubanos participaron en misiones militares internacionales, de las cuales 337,033 sirvieron en Angola y otras 41,730 en Etiopía (Sautié & Pérez, 2014). La población de Cuba en el censo nacional de 1981 fue de 9,7 millones de personas y en el censo de 2002, no llegaba a 11,2 millones. En relación con su población, entre 1975 y 1991 —los principales años de guerras en Angola y Etiopía— el despliegue militar cubano ultramarino, cada año, excedió al de Estados Unidos (EE.UU.) durante el año de su máxima participación en la guerra en Vietnam. Ningún otro país con un régimen político comunista desplegó tropas transoceánicas durante la llamada Guerra Fría. Ningún país latinoamericano ha demostrado similar capacidad militar, ni sobrevive después de seis décadas de enfrentamientos con EE.UU. En su política exterior, este pequeño país en el Caribe se comportó como si fuera una gran potencia mundial. ¿Por qué se desarrolló esta política exterior, por tantos años con un perfil militar? ¿Mediante qué instrumentos? ¿Con qué logros y fracasos? ¿Por qué se interrumpió, y qué pasó después?[2]

Las razones

La política exterior de Cuba nunca ha respondido a un gran plan, pero ha sabido aprovecharse de múltiples oportunidades internacionales que han surgido durante el devenir de su historia. La ausencia de un plan nunca ha implicado, sin embargo, la ausencia de motivaciones orientadoras. Fidel Castro demostró poseer ideas fundamentales que se caracterizaron por una profunda hostilidad frente al Gobierno de EE.UU. y a los valores de la sociedad, la economía, y el sistema político estadounidense. Creía que era posible discernir la marcha de la historia, y que los revolucionarios podían y debían actuar para acelerarla. Estuvo convencido de que el régimen fundado por la rebelión que él encabezó hasta su victoria en 1959 no podría sobrevivir por sí sólo en esa isla caribeña porque su enemigo imperialista regía un sistema mundial que requería una respuesta global. Sus ideas no lo convirtieron inevitablemente, y ni siquiera al comienzo de su vida pública, en un marxista-leninista, pero su orientación histórica era compatible con el marxismo, y su liderazgo, voluntarista y audaz, comulgaba con el leninismo. Era el deber de todo revolucionario hacer la revolución, porque era correcto y apropiado luchar en todas partes contra un enemigo que luchaba en todas partes contra la Revolución cubana y mundial.

Bajo la dirección de Fidel, la política exterior parecía funcionar bajo una jerarquía de prioridades. En orden descendiente, la política exterior buscaba la defensa del régimen político que Fidel fundó mediante relaciones de todo tipo que apuntalaran ese propósito; apoyó regímenes marxista-leninistas y afines; fueron ellos a los que los ejércitos cubanos fueron a salvar y asegurar; estableció relaciones con otros Gobiernos que no amenazaban su seguridad; respaldó a movimientos revolucionarios, en particular a aquellos que se oponían a Gobiernos aliados de EE.UU. y movilizó recursos internacionales para fortalecer la economía cubana.

Con el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a comienzos de los noventa, Cuba dejó de respaldar insurgencias, pero retuvo el resto de esta aparente jerarquía de prioridades, inclusive en el siglo XXI después de fallecer Fidel Castro. Por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, Cuba impulsó y retuvo relaciones prioritarias con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, a pesar de la oposición a ambos por la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y a pesar de que tales relaciones entorpecían la posibilidad de mejorar relaciones con EE.UU. y así favorecer más el crecimiento de su economía.

Además, en el siglo XXI, Cuba había heredado de Fidel las hostiles relaciones con EE.UU., pero también una red de relaciones mundiales que es insólita para un pequeño país. Tanto Fidel, como los herederos del poder fidelista, sin embargo, han intentado encontrar momentos y espacios de cooperación con EE.UU. como método para defender al régimen político, prioridad absoluta que ha persistido.

Los instrumentos

La defensa del régimen político se origina dentro de Cuba. A partir de 1959, el Gobierno construye sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia que derrotan a la oposición cuando desembarca una brigada invasora (organizada y financiada por EE.UU.) en Playa Girón, Bahía de Cochinos, en abril de 1961, y a los alzados que se sublevan en todas las provincias del país durante una segunda guerra civil (1960-1965). Asimismo, encarcela a decenas de miles de personas que intentaban derribar y reemplazar el régimen político; intimida a sus enemigos, al inducir la emigración de eventualmente más de un millón de personas, y al exportar así a buena parte de la oposición; establece un monopolio oficial sobre la televisión, la radio, y la prensa escrita; se convierte en dueño y operador de todas las empresas, excepto de un sector pequeño y residual de agricultura no estatal; y genera sus bases de apoyo mediante el talento político de Fidel Castro, la desarticulación de organizaciones de la oposición y la creación de organizaciones de apoyo. El régimen político se consolida mediante la notable ampliación del sistema educativo, la expansión y control de ofertas culturales, la eventual expansión del sistema de salud pública, la drástica reducción de la desigualdad económica, y el diseño de procedimientos que limitan el impacto de la incidencia de la pobreza.

El principal instrumento internacional fue la alianza polifacética con la URSS y la aceptación de la hegemonía soviética como limitante del radio de acción de la política exterior de Cuba. A partir del brote de la confrontación Cuba-EE.UU., la URSS aportó su poder político y militar para garantizar la supervivencia del régimen político en Cuba. Su clímax fue el despliegue de armas nucleares y cohetes para transportarlas, que condujo a la Crisis de Octubre[3] de 1962. Ese incidente terminó con el retorno de tales armas a la URSS. EE.UU. prometió condicionalmente que no invadiría a Cuba para derrocar su régimen, condición que se elimina mediante negociaciones entre la URSS y EE.UU. en 1970 (Kissinger, 1970, 634). Además, a partir de esa crisis en 1962 y hasta 1990, la URSS transfirió gratis gran cantidad de armamento y equipo militar a Cuba, y retuvo miles de soldados para garantizar, en la práctica, el compromiso soviético frente a cualquier posible invasión estadounidense.

La URSS y Cuba desarrollaron amplias y complejas relaciones económicas, que incluyeron una cuantiosa subvención soviética a la economía cubana. La medición de su tamaño siempre fue difícil y controversial (Pérez-López, 1988), pero el derrumbe de la URSS, que conllevó a la cancelación de esta subvención, despejó cualquier duda sobre su importancia. Al desaparecer tal subvención, entre 1989 y 1993 el producto interno bruto cubano (precios constantes, basados en los de 1981) cayó un 35 %, y el valor de las exportaciones, valor que había sido subvencionado por la URSS, un 79 % (Pérez-López, 2002, 163). La subvención soviética fue particularmente importante entre mediados de los setenta y fines de los ochenta, es decir, coincidió con los principales años de las guerras cubanas en tierras africanas.

La relación entre ambos países fue hegemónica en el doble sentido de este concepto. Cuba deseaba esa hegemonía, tanto el apoyo político, económico, y militar, como el marco ideológico de un socialismo ortodoxo. Durante el liderazgo de la URSS por Mikhail Gorbachov (segunda mitad de los ochenta), Fidel Castro discrepó de las medidas de liberalización económica y política en la URSS, y prefirió la ortodoxia que prevalecía anteriormente. La hegemonía también implicó que la URSS impusiera límites a la autonomía de Cuba. Durante la segunda mitad de los sesenta, Fidel Castro criticó la política soviética en América Latina, se opuso a las medidas de distensión mundial entre la URSS y EE.UU., radicalizó su propio modelo económico y social en contraste con las tendencias en la URSS en aquel momento, y limitó las relaciones profesionales y culturales con la URSS. A fines de 1967 y comienzos de 1968, el Gobierno soviético impuso sanciones transitorias a Cuba; a pocos meses, el Gobierno cubano desistió de disentir. En años posteriores, Fidel Castro fue fiel a la política exterior soviética, inclusive cuando esa postura dañaba su política exterior. Por ejemplo, Cuba apoyó la invasión soviética de Afganistán en 1979, a pesar de que en ese momento presidía el Movimiento de los Países No Alineados, y tal alineación con la URSS socavó su credibilidad de país «no alineado».

Bajo ese marco hegemónico, Cuba retuvo un amplio margen de autonomía. Fidel Castro decidió enviar a sus fuerzas armadas a participar en la guerra en Angola, e informó a la URSS después de tomada esa decisión que, sin embargo, la URSS apoyó. La decisión de entrar a la guerra en Etiopía fue compartida más con la URSS, pero los envíos de asistencia militar cubana a otros países (Nicaragua sandinista, Yemen del Sur, o Congo-Brazzaville, por mencionar ejemplos disímiles) se realizaron por decisiones tomadas en La Habana. El respaldo soviético, sin embargo, fue siempre imprescindible. La URSS proveía de un escudo militar y político frente a posibles represalias bélicas de EE.UU. contra Cuba, y la URSS subvencionó la economía cubana para así permitir ese extraordinario compromiso militar transoceánico.

Cuba poseía otros instrumentos que le permitieron incidir mundialmente. El talento y la eficacia de sus diplomáticos permitió tejer una red de apoyo entre muchos países en África, Asia, y el Caribe anglófono; construir coaliciones de apoyo en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, incluyendo sus entidades afines; desarrollar relaciones económicas valiosas con Canadá, Japón, y los países que eventualmente conformaron la Unión Europea; y a partir de los setenta reconstruyeron las relaciones con Gobiernos latinoamericanos.

El Gobierno cubano movilizó eficazmente los componentes de un «poder seductor»[4] para avanzar en su política exterior. Desde los inicios, cultivó relaciones cordiales con intelectuales de primera fila, como Jean-Paul Sartre y Gabriel García Márquez; promovió mundialmente los talentos de sus músicos, y logró así un éxito político y social primero y, a partir de los noventa, el financiero. Ese Gobierno también impulsó el envío de jóvenes a estudiar en universidades e instituciones científicas en la URSS y otros países comunistas en Europa; estimuló con entusiasmo que estudiantes de otros países se incorporaran a universidades e instituciones afines en Cuba, inclusive en múltiples cursos cortos; y comenzó muy tempranamente a enviar a su personal de salud pública (Argelia en 1963) a brindar servicios en otros países, primero en casos de desastres naturales, y ya en el siglo XXI como exportación comercial, con sus precios por debajo de los precios para tales servicios en el mercado mundial. El menú de servicios a ofrecer ya sea en versión de «solidaridad internacionalista» o en valores exportables se expandió para incluir educación, deporte, asesoría en materia de seguridad, y otros. Cuando se enviaban tropas u otra asistencia militar, solía ser acompañada por algunos de estos servicios que eran parte del poder seductor. A partir de 1990, la promoción del turismo internacional —millones de visitas por año— convirtió a buena parte del pueblo cubano en generadora de este poder seductor.

Los logros

La política exterior de Cuba ha sido asombrosamente exitosa. Ha sobrevivido los embates casi ininterrumpidos de EE.UU., desde su victoria contra la brigada invasora de exiliados en 1961 hasta las sanciones económicas impuestas por EE.UU. a partir de 1960, que siguen vigentes. En los sesenta, Cuba logra retener vínculos comerciales con Canadá, Japón, y los países europeos aliados de EE.UU. En los sesenta, se reestablecen relaciones económicas con países latinoamericanos que, en la década anterior, participaron de las sanciones multilaterales que también favorecía EE.UU.

A través de los años, primero bajo la dirección de Fidel Castro y después bajo la de Raúl Castro, se construyeron acuerdos puntuales con EE.UU. en pro de la seguridad del país. En 1973 se llega a un acuerdo con el Gobierno de Richard Nixon para impedir la piratería aérea y marítima en el Caribe. En 1977, durante la presidencia de Jimmy Carter, retornan los diplomáticos de ambos países a la capital de la contraparte y, con altibajos, desde entonces se permiten viajes de cubanoamericanos a Cuba. En 1984, bajo Ronald Reagan, se firma el primer acuerdo migratorio que, con cambios importantes en 1994, 1995, durante el mandato de Bill Clinton, y en 2017, en la presidencia de Barack Obama, perdura hasta nuestros días. Cuba y EE.UU. colaboran para impedir la migración indocumentada que busque cruzar el estrecho de la Florida, es decir, el Gobierno cubano se convierte en colaborador eficaz de EE.UU. para controlar los flujos migratorios, al anticipar por décadas lo que sería la clara preferencia bajo Donald Trump.

Durante los Gobiernos de Reagan y George H. W. Bush, Cuba y EE.UU. negocian y aplican acuerdos en el Cono Sur africano, que resuelven complejos problemas militares y políticos. A partir de las presidencias de Bush y Clinton, las fuerzas armadas de ambos países colaboran en torno a la base naval de EE.UU. en Caimanera, cerca de Guantánamo, y aplican medidas que generan confianza mutua en seguridad bilateral, aprendidas en el ámbito europeo por EE.UU. y la URSS durante la Guerra Fría. La lucha de ambos países contra el narcotráfico comienza en los noventa y se consolida bajo las presidencias de Obama y Trump. Este entramado de acuerdos, propulsado principalmente por el general de ejército Raúl Castro, se ha convertido en el principal instrumento de defensa en la relación con EE.UU.

Otros logros son impresionantes: Cuba obtuvo un caudal de apoyo soviético —simbólico y material— que resultó ser decisivo para Cuba, pero también notable en el ámbito global de la política exterior de la URSS. Entre 1970 y 1990, Cuba manejó con destreza y eficacia sus relaciones con la URSS. El único periodo de crecimiento económico sostenido entre 1960 y 2020 ocurrió entre 1971 y 1984, gracias, en el primer quinquenio de los setenta, a un auge del precio mundial del azúcar y, entre 1975 hasta el fin de la URSS, gracias a la subvención soviética.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias triunfaron en tres guerras en suelo africano, una en Etiopía, al participar en la derrota de la invasión desde Somalia, y dos en Angola. En el Cono Sur africano, Cuba fue un factor decisivo para lograr la plena retirada de las tropas sudafricanas de Angola y la independencia de Namibia, que contribuyó indirectamente con el derrumbe del sistema racista (apartheid) en África del Sur. Cuba logró lo que EE.UU. no pudo en Vietnam, y la URSS no pudo en Afganistán: ganó tres guerras.

Cuba logró ser elegida presidente del Movimiento de los Países No Alineados, y con el devenir de los años fue elegida para diversos puestos en el ámbito de las Naciones Unidas. Su influencia formal e informal era comparable con la de países reconocidos como potencias mundialmente influyentes. Era, en efecto, la primera gran potencia radicada en el Caribe.

Los fracasos

La principal categoría de fracasos fue el apoyo de Cuba a las insurgencias en América Latina. Cuba apoyó a insurgentes en la mayoría de los países latinoamericanos (incluyendo Puerto Rico), donde la única victoria ocurrió en Nicaragua en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El apoyo a rebeliones fracasó estrepitosamente en Venezuela en los sesenta, y provocó el liderazgo venezolano, con apoyo de dos terceras partes de los miembros de la Organización de Estados Americanos, para imponer sanciones multilaterales a Cuba. El intento de crear una revolución en Bolivia se realizó contra la recomendación del Partido Comunista de Bolivia y en ausencia de una insurgencia en dicho país previa a la llegada del grupo encabezado por Ernesto (Che) Guevara, quien muere allí. El apoyo de Cuba a rebeliones en El Salvador y Guatemala condujo a décadas de guerras en ambos, pero sin victorias revolucionarias.

El apoyo a movimientos insurgentes en África demuestra resultados más diversos. En 1965, la expedición por siete meses de unos 120 combatientes cubanos, encabezada por Ernesto (Che) Guevara al Congo (hoy, República Democrática del Congo), no tuvo éxito (Gleijeses, 2002). Sin embargo, el apoyo, mayor o menor, de Cuba a las sublevaciones contra el imperio colonial de Portugal (aliado de EE.UU. en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte), favoreció la derrota portuguesa en todas sus colonias africanas.

Los intentos de proteger a Gobiernos aliados tuvieron resultados mixtos. En Granada en 1983, los cientos de cubanos en esa isla no pudieron resistir la masiva invasión de EE.UU. En Argelia en 1963, Cuba no pudo impedir el derrocamiento de su aliado, Ahmed Ben-Bella, a quien había apoyado ya en ese año mediante el envío de tropas durante la guerra contra Marruecos. En Yemen del Sur, en 1978, los cubanos allí presentes no impidieron el derrocamiento de su aliado, Salem Robaya Ali, ni pudieron impedir la guerra civil que estalló en 1986. En Guinea Ecuatorial en 1979, Cuba se opuso verbalmente al derrocamiento de su aliado Nguema Macías, pero los cubanos allí presentes no intervinieron para impedirlo. En Guinea en 1984, Cuba criticó, pero no logró impedir el derrocamiento de sus aliados en el Gobierno. En Burkina Fasso en 1987, Cuba no logró impedir el derrocamiento de su aliado Thomas Sankara.

El caso de Congo-Brazzaville ejemplifica las dificultades. En 1966, un motín intenta derribar a Alphonse Massemba-Debat; las tropas cubanas entraron en combate y lo impidieron, pero Massemba-Debat fue derrocado por Marien Ngouabi en 1968. Para 1975, las relaciones entre Cuba y el Gobierno de Ngouabi eran excelentes, y el Congo sirvió de trampolín para la entrada de tropas cubanas rumbo a Angola. Sin embargo, en 1977 los cubanos en el Congo no lograron impedir el asesinato de Ngouabi.

Los cubanos fueron expulsados de Ghana en 1966, después del derrocamiento de Kwameh Nkrumah; de Chile en 1973, después del derrocamiento de Salvador Allende; de Somalia en 1977, en respuesta a la alianza de Cuba con Etiopía; de Kampuchea en 1978, en respuesta a la alianza de Cuba con Vietnam; de Jamaica en 1981, consecuencia de la victoria electoral de Edward Seaga; y de Granada y Surinam en 1983, como resultado directo o indirecto de la invasión estadounidense a Granada. Las discrepancias entre el Gobierno de Cuba y los Gobiernos de Brasil, Bolivia, y Ecuador obligaron la repatriación del personal cubano de salud pública en estos tres países entre 2018 y 2020.

Si bien fueron fracasos, fueron también consecuencias del éxito mundial de la política exterior de Cuba que había llevado a estos y a muchos otros países a invitar previamente la presencia civil o militar de cubanos en algún momento.

La interrupción y su secuela

Al concluir la Guerra Fría en Europa, la URSS le comunica a Cuba el cambio de signo de su política exterior. Entre 1989 y 1991, comienza así el repliegue mundial de la presencia militar cubana en otros países, inclusive de Etiopía y Angola. El derrumbe de la URSS en 1991 sella este proceso, y añade el descalabro económico cubano a comienzos de los noventa. Desprovista del apoyo político, militar, y económico soviético, Cuba deja de ser una potencia mundial. Se deterioran sus relaciones con todos los países europeos que tuvieron regímenes comunistas, inclusive Rusia; retornan a Rusia las tropas soviéticas residuales, legado de la Crisis de Octubre de 1962. Inclusive en 2002, el presidente Vladimir Putin cierra la instalación soviética, después rusa, de inteligencia electrónica, conocida como «Lourdes».

Sin embargo, Cuba ha reconstruido algunas bases de su política exterior. No se reestablece como potencia mundial, pero sí como país influyente en el ámbito internacional. Desde su fundación a comienzos de los noventa es invitada a participar en las Cumbres Iberoamericanas, a pesar del compromiso de éstas con el respaldo a la democracia liberal. Pertenece a la Asociación de Estados del Caribe, y es miembro fundador (2011) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Logran sus hábiles diplomáticos que Cuba sea elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fundado en 2006, del cual ha sido miembro entre 2006 y 2012, 2014 y 2019; fue elegida una vez más para el periodo 2021-2023. Así, por una parte, promueve su visión de la importancia de los derechos sociales y económicos y, por otra, impide ser criticada o condenada por violación de derechos políticos y personales.

Hay también limitantes que afectan su participación en organismos multilaterales. Si bien es muy activa en Naciones Unidas y sus organismos afines, no ha aportado «cascos azules» (tropas o policía) a las misiones de paz de las Naciones Unidas. A diferencia de países comunistas como China, Laos, y Vietnam, que pertenecen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, Cuba decidió dejar de ser miembro poco después de la victoria revolucionaria; tampoco pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo pero, desde 2018, sí al Banco Centroamericano de Integración Económica.

En diciembre de 1998, Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela. Él y Fidel Castro desarrollaron estrechos lazos, que incluyeron una nueva subvención a la economía cubana. A precios «solidarios» (descuento de los precios prevalecientes en el mercado mundial) se realiza un trueque. Venezuela suple las necesidades petroleras de Cuba, y esta envía personal de salud pública principalmente, y de otros servicios (deporte, educación, asesoría militar y de inteligencia, etc.) a Venezuela. A mediados de la primera década del siglo XXI, hay un fugaz auge de la economía cubana gracias a este acuerdo, muy ventajoso para Cuba, que se debilita mucho en, y a partir de, 2009, cuando la crisis financiera mundial golpea duramente a Venezuela, de la que nunca ha podido recuperarse. Las importaciones cubanas desde Venezuela caen de $6,1 millones en 2012 a $2,6 millones en 2018 (ONEI, 2018, Cuadro 8.6)). Su economía se ha estancado.

A comienzos de los noventa, con mayor énfasis después de 2010, Cuba ha rediseñado su estrategia económica. Se ha vinculado más al sistema económico internacional. Ha promovido la inversión internacional directa, usualmente mediante empresas mixtas entre capital extranjero y empresas del Estado, en particular en los sectores turísticos, minas, y petróleo. Ha estimulado la bienvenida al turismo internacional, ya con millones de visitantes cada año, entre ellos cientos de miles de cubanoamericanos. Ha promovido el envío de remesas de su diáspora, para alivio familiar y también —aunque no reconocido oficialmente como tal—como capital de riesgo para el desarrollo de microempresas privadas en el país. Cuba dejó de pagar sus obligaciones financieras internacionales en 1986 y, al derrumbe de la URSS, dejó de reconocer su deuda financiera con Rusia. Durante la presidencia de Raúl Castro, logró renegociar sus deudas con Rusia (2013), China (2016), y en 2015, con los países miembros del llamado Club de París (países europeos, Japón, Canadá) en términos razonables, aunque la falta de crecimiento de la economía cubana dificulta el pago anual de intereses (García Ruiz, 2018).

Como parte de esa estrategia económica, Cuba pasó a exportar sistemáticamente servicios médicos y a cobrar por ello. Su principal cliente, ya mencionado, fue Venezuela, pero expandió su red de servicios exportables a otros países, aunque en algunos casos (Brasil y Ecuador) se han interrumpido. En 2020, en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel logró combinar un gesto de apoyo humanitario con una oportunidad comercial, y amplió rápida y eficazmente su envío de personal de salud a múltiples países de diversos continentes, tanto del Caribe como de Europa.

Las relaciones diplomáticas y económicas con la Unión Europea (UE), y sus países miembros, se mantuvieron sin interrupción, pero con múltiples altibajos. Un hito ocurrió en 1996 cuando la Fuerza Aérea Revolucionaria derrumba dos avionetas civiles sobre el estrecho de la Florida, que genera la aprobación de la ley conocida como Helms-Burton y amenaza a empresas en cualquier parte del mundo con represalias por sus transacciones económicas con Cuba. La UE también responde y adopta la Posición Común con relación a Cuba, que buscaba promover una transición democrática y proteger las empresas europeas frente a represalias de EE.UU. En 2003, la UE adopta modestas sanciones en respuesta al apresamiento de 75 disidentes por el Gobierno cubano. Las relaciones evolucionan paulatinamente hasta que, en el espacio abierto en 2014 por el entendimiento entre los presidentes Obama y Raúl Castro, en 2017 la Unión Europea deroga la Posición Común y procede a firmar modestos acuerdos de colaboración con Cuba.

Las relaciones entre Cuba y China, cálidas a partir de 1960, llegan casi a una ruptura en 1966 de las que no se recuperan hasta los noventa. En el siglo XXI, China se ha convertido en un socio comercial clave de Cuba (ONEI, 2018, Cuadros 8.5 y 8.6), al ser su primera o segunda fuente de importaciones. China tácitamente ha aceptado un notable desequilibrio en el balance comercial bilateral, que equivale a préstamos de asistencia a Cuba y que, por tanto, requieren renegociaciones periódicas. China ha recomendado que Cuba acelere su transición económica acorde a su propia experiencia, lo que implica roces políticos con el Gobierno cubano.

El oportunismo internacional de Vladimir Putin en Rusia lo llevó a reconstruir la relación con Cuba, en particular a partir de la renegociación en 2013 de la vieja deuda de Cuba con la difunta URSS. Rusia ha ampliado sus intercambios políticos y militares con Cuba, al auspiciar visitas y modestos acuerdos sobre temas variados, como parte de su estrategia de restaurar su presencia mundial, inclusive en la frontera marítima sur de EE.UU.

Desde los noventa, Cuba ha construido con EE.UU. una red de medidas de confianza mutua, ya mencionada, que apuntalan su seguridad. Sin embargo, las sanciones económicas de EE.UU. se han mantenido, pero con importantes modificaciones. Una ha sido permitir las visitas de cubanoamericanos y el envío de remesas a Cuba. Otra, a partir de 2001, ha sido la autorización de exportar productos agropecuarios de EE.UU. a Cuba, permiso ininterrumpido desde entonces; por ejemplo, durante los dos primeros años de la presidencia de Trump, Cuba importó más de 577,8 millones de dólares (ONEI, 2018, Cuadro 8.6). Un destello de cambio en las relaciones bilaterales ocurrió por un acuerdo entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, anunciado en diciembre de 2014, que ha sido revertido en sus principales aspectos por el presidente Trump. Sin embargo, los acuerdos en materia migratoria y de seguridad se han mantenido y, aunque con nuevas limitaciones, también perduran los viajes de cubanoamericanos, las remesas, y las exportaciones agropecuarias.

Conclusión

La política exterior de Cuba fue asombrosa desde su fundación por Fidel Castro. Ha resistido los embates de EE.UU., la principal potencia mundial, y ha llevado al mundo al borde del holocausto nuclear en 1962. Dicha política auspició apoyos a movimientos revolucionarios y, militarmente, a Gobiernos afines en múltiples países hasta el fin de la Guerra Fría en Europa. Operó como guiada por una jerarquía de prioridades, de la cual la primera siempre ha sido la supervivencia del régimen político. Casi naufraga con el colapso de la URSS, pero mediante estratégicas modificaciones de sus políticas, y al laborar con astucia, logró reconstruir importantes aspectos de su política exterior. Fidel Castro estaría orgulloso de la voluntad de resistencia frente a EE.UU. de sus sucesores en la presidencia, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, los costos de esta notable política exterior también han sido relevantes, más allá de los ya anotados en la sección de fracasos, estos incluyen los muertos y heridos, en combate o de manera colateral en guerras transoceánicas, y los sufrimientos de las familias que quedaron detrás durante esas y otras misiones internacionalistas, civiles y militares. Grave ha sido el coste de la muy baja prioridad acordada en política exterior para obtener los recursos internacionales imprescindibles para el desarrollo económico. Otra política exterior de Cuba habría otorgado mayor prioridad a la prosperidad de su pueblo.

Bibliografía

Domínguez, J. I. (1989). To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy. Harvard University Press.

Domínguez, J.I. (2009). La política exterior de Cuba (1962-2009). Editorial Colibrí.

García Ruiz, M. (2018). Deuda externa de Cuba: Breves apuntes sobre su trayectoria y relevancia. Revista cubana de economía internacional, pp.55-68.

Gleijeses, P. (2002). Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959-1976. University of North Carolina Press.

Kissinger, H. (1979). White House Years. Little, Brown.

Oficina Nacional de Estadística e Información. (2018). Series Estadísticas Sector Externo 1985- 2018. República de Cuba.

Pérez-López, J. (1988). Cuban-Soviet Sugar Trade: Price and Subsidy Issues. Bulletin of Latin American Research, pp. 123-147.

Pérez-López, J. (2002). The Economy. En R. A. Hudson (Ed.), Cuba: A Country Study (4th. Ed., pp. 157-223). U.S. Government Printing Office.

Sautié, P., y Pérez, A. (2014). Misiones militares internacionalistas cumplidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba. Cuba Defensa., acceso 1 de julio de 2020.

[1] Doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario jubilado.

[2] La documentación para este texto proviene de Domínguez, 1989, y Domínguez, 2009, a no ser que se cite otra fuente.

[3] Su designación en Cuba. Es la Crisis del Caribe en la URSS y la Crisis de los Cohetes en EE.UU.

[4] Las palabras en inglés, soft power se usan, a veces, en textos en español.

Estructura social en Cuba:
resurgimiento de desigualdades, restratificación
y nueva configuración social

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Elaine Acosta González[1]

Este capítulo pretende hacer un aporte a la comprensión del proceso de cambio social suscitado por la llamada «Revolución cubana» a partir de 1959. Específicamente, nos centraremos en el análisis de las transformaciones producidas en las estructuras sociales y su evolución. Este recorrido nos servirá para identificar los desafíos actuales que los cambios estructurales suponen para la inclusión social a raíz de la crisis estructural en que ha entrado el modelo sociopolítico y económico del socialismo cubano a partir de los años noventa.

Para tales efectos, dividiremos la presentación en tres partes. En la primera, describiremos brevemente el tipo de cambios sociales que se produce en la primera década de la llegada al poder de la «Revolución» y sus implicancias a nivel de las estructuras sociales. En segundo lugar, analizaremos cómo se institucionalizan dichos cambios y conforman un nuevo entramado social. Por último, presentaremos los desafíos actuales que evidencian la transición socioestructural que se está produciendo de la mano del aumento de las desigualdades sociales.

1. «Separar y diferenciar dos épocas»: la Revolución cubana como proyecto de subversión y desestratificación social

Según H. Arendt, solo se está autorizado para hablar de revolución cuando está presente ese «pathos» de la novedad y cuando aquella aparece asociada a la idea de la libertad. Ello significa, por supuesto, que las revoluciones son algo más que insurrecciones victoriosas y que no se puede llamar a cualquier golpe de Estado, revolución; ni identificar esta con toda guerra civil. Las revoluciones, cualquiera sea el modo en que las definamos, no son simples cambios.

Sobre el alcance y profundidad de los cambios suscitados por la Revolución cubana, primordialmente en su primera década, algunos autores consideran que fueron de tal proporción, que produjeron un cataclismo nunca antes experimentado que impactó, tanto las estructuras sociales, como la mentalidad del país (Díaz, 2001). Otros reconocen que pocas transformaciones políticas han atacado más a fondo las desigualdades sociales que la Revolución cubana de 1959 (Hansing y Hoffmann, 2019).

Al transformar con sorprendente celeridad las bases mismas del orden prexistente, dicho proceso generó, particularmente en sus inicios, una serie de rupturas y cambios en todas las esferas de la realidad social, al remover el centro mismo de estructuración de los sistemas de estratificación social que son las clases sociales. En opinión de Espina (2020), se impulsó un proceso de «desestratificación social», ubicado entre 1959 y la segunda mitad de la década de los ochenta, entre cuyas evidencias más fuertes se destacan:

— La eliminación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y la formación de un sector de propiedad estatal.

— La disminución de la pequeña propiedad y la producción familiar mercantil urbana y rural.

— La caída sostenida de la desigualdad de ingresos y de la pobreza[2].

Para comprender la intensidad y profundidad de los cambios a nivel de las estructuras sociales operados tras el triunfo de la Revolución cubana, es importante considerar al menos tres dimensiones a través de las cuales fueron posibles:

— La reestructuración de la normativa.

— El rol de la burguesía cubana como clase social.

— La redefinición de la política.

La reestructuración de la normativa

Desde los primeros meses de la Revolución se produce una transformación normativa de intensidad y ritmo sin precedentes. Sobreviene una avalancha de leyes «revolucionarias», cuyos propósitos iban desde restituir la tranquilidad ciudadana y los bienes malhabidos —creación del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados—, hasta la transformación del campo con la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, pasando por la reducción de los alquileres —Ley de Rebaja de Alquileres—, por mencionar solo las leyes más significativas en términos de su impacto sobre la estructura social.

En el ámbito económico, las intervenciones a empresas cubanas empiezan a realizarse desde el mes de mayo de 1959 y, a mediados de los años sesenta, se nacionalizan más de una veintena de las emblemáticas grandes empresas norteamericanas, seguidas de tres grandes bancos norteamericanos y, para cerrar el proceso, 382 empresas, tanto de capital norteamericano como nacional (Díaz, 2001). El conjunto de las leyes aprobadas durante los primeros años, que contemplan los más variados ámbitos de la vida económica, política y social del país, consiguen institucionalizar las nuevas estructuras sociales de la Revolución. Junto con ello, transforman el mapa de los actores sociales, así como el rol que tradicionalmente habían ejercido en la sociedad republicana.

Según los principales estudios sobre el tema, la estructura socioclasista en Cuba antes de 1959 estaba conformada por latifundistas, burguesía —agraria, industrial azucarera, comercial y pequeña burguesía (urbana y rural)—, intelectuales, clase obrera y campesinos. El triunfo de la Revolución da paso a una estructura más simplificada compuesta por la clase obrera, la capa de los trabajadores intelectuales, la clase campesina, una pequeña capa de trabajadores no estatales y los cooperativistas (Espina, 1997).

El rol de la burguesía cubana como clase social

El historiador norteamericano, Alfred Padula (1974), ha sostenido que, en cierto sentido, la burguesía cubana, dada su debilidad y fraccionamiento interno, ya estaba derrotada cuando Fidel Castro tomó el poder. En particular, la burguesía industrial cubana esperaba encontrar tras el triunfo del 1 de enero de 1959 las condiciones propicias para llevar a efecto su programa, en el que tenían un lugar especial la planificación económica, al igual que el proteccionismo estatal. En efecto, los industriales cubanos consiguen un amplio reconocimiento y una participación efectiva en el Gobierno revolucionario. Su institución —la Asociación Nacional de Industriales de Cuba (ANIC)— fue considerada como una importante entidad consultiva del entonces Gobierno revolucionario.

La armonía de los industriales con el Gobierno revolucionario se quiebra muy pronto. La contradicción que hacia su interior experimentaba la burguesía cubana, y su dependencia del azúcar, condicionaron su peculiar comportamiento. La actitud de repliegue y espera que manifestaron los industriales parecía reproducir la subsistencia del vigente mandato «sin azúcar no hay país», pese a la crítica que se había realizado desde la ANIC a los obstáculos que para el desarrollo del país representaba aferrarse al azúcar como garante de la economía cubana (Díaz, 2001). Así lo evidencia esta reflexión de Boti y Pazos a fines de 1958:

Si la industria azucarera no puede facilitarnos un crecimiento económico progresivo de acuerdo con los nuevos aumentos de población, ni puede obtener suficientes dólares y divisas para comprar las maquinarias y bienes de consumo, Cuba debe aumentar de inmediato su producción interna, tanto en productos de consumo nacional como de bienes de exportación. (p. 252)

Por su parte, el historiador Rafael Rojas (2020), refiriéndose a la profusa investigación de Guillermo Jiménez sobre el capitalismo y los capitalistas cubanos previo al triunfo de la Revolución, resalta que las élites económicas republicanas eran fundamentalmente urbanas, nacionales y muy diferenciadas en términos de ingresos. Esta versión contrasta con el relato histórico oficial de que en Cuba no existió una verdadera burguesía nacional, sino una oligarquía latifundista dependiente del capital norteamericano. La referida investigación de Jiménez arroja que «antes de 1959, de unas mil 384 empresas solo 58 pertenecían al sector agrícola y ganadero, y unas 135 a la rama azucarera. En 1958 había en Cuba 324 empresas de comercio, 295 industrias o fábricas de productos básicos para el consumo interno, 63 de transporte, 59 bancarias, 53 de prensa y publicidad, 53 inmobiliarias, 41 de seguros. De los 551 propietarios inventariados, solo 101 eran extranjeros y de estos, la mayoría, 65 para ser exactos, españoles. Únicamente aparecían 24 empresarios norteamericanos en aquellos índices. En la primera categoría de propietarios, la de mayor poder económico en la isla para 1958, el historiador incluyó 40, casi todos cubanos. El estudio sobre las empresas también registraba múltiples negocios de capital medio, mayoritariamente cubano».

Sin embargo, la inactividad que en 1959 solo tocaba a algunos sectores de la burguesía cubana, hacia 1960 alcanza al conglomerado en su conjunto. La congelación de las inversiones y el consecuente retraimiento de la economía, provocado por las que debían ser sus «clases vivas», reproducía el carácter sectorialista de sus reclamos. Por sus intereses contrapuestos, la burguesía no pudo adoptar la posición típica —y lógica— de las clases dominantes al ser agredidas o cuestionado su poder. Frente a esta situación, en fecha tan temprana como mayo de 1959, el conservador Diario de La Marina se pregunta:

Pero, ¿qué hacen las llamadas clases pudientes? Esconden su cabeza en el carapacho y esperan. Esperar ¿qué? ¿Qué vengan los americanos a sacarles las castañas del fuego expropiatorio y confiscatorio? ¡Soberana idiotez! […] En lugar de esconder medrosamente su cabeza, lo que han de hacer es erigirla y defender sus derechos, sus convicciones […] y no burdamente sus intereses.[3]

La redefinición de la política

El apoyo y sustento a la vía revolucionaria a fines de los cincuenta en Cuba fue posible, entre otros factores, gracias a la existencia de un consenso de cambio que se traducía no solo en las ansias de liberarse de una dictadura que a la mayoría molestaba en términos políticos, sino también de los frenos que ésta ponía a las ansias de movilidad social y bienestar económico. Tal era el consenso, que el Diario de La Marina, el periódico más conservador de entonces, en su editorial del 5 de enero así lo refleja:

La frase tradicional de año nuevo vida nueva perdió en Cuba el 1º de enero su vacía frivolidad […] porque lo realizado aquí el pasado día de año nuevo ha sido un gran hecho histórico que sirve para separar y diferenciar dos épocas. Lo llamamos ya Revolución; pero en su único sentido legítimo de valor humano, como creación de una vida nueva sobre las ruinas de un sistema de injusticias […] y degradantes atropellos a la dignidad del hombre.[4]

Con la Revolución la representación que se tenía del Estado, la política y sus instituciones varía sustancialmente. Desde sus primeros días, el discurso político de la «Revolución» rechazó todo vínculo con la política tradicional y sus exponentes. Algunas investigaciones han demostrado cómo desde los primeros meses de 1959 se promueve un proceso ideológico de identificación entre la «nación» y la «Revolución» (Díaz, 2001). El proyecto revolucionario se presenta como la razón misma de existencia de la nación, exigiendo un alto grado de involucramiento de la ciudadanía, que comienza a diluirse en el concepto de «pueblo». La noción de participación también se transforma. Las organizaciones formadas por los múltiples actores del momento —las nuevas que se bautizan «revolucionarias» y las viejas que asumen este apellido— se constituyen en las vías de canalización de la participación. Su surgimiento y consolidación coincide con la disolución de los partidos políticos y otras organizaciones prexistentes. Es en esta época (1960) que surgen los famosos Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), se constituyen las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y, más tarde, el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURS), antecesor del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Bajo esta reformulación de la participación, aquellas personas o grupos que se «rezagaban» o sencillamente no se involucraban en el nuevo acontecer «revolucionario», devenían automáticamente «enemigos» y el calificativo usado para definirlos fue el de «contrarrevolucionarios». Para los que se oponían a la Revolución cada vez les quedaba menos espacio social en el cual manifestarse. En paralelo, se había producido la eliminación de partidos políticos, la intervención de medios de comunicación, la creación de nuevas organizaciones «revolucionarias», la postergación de las elecciones, entre otras medidas. En suma, el «revolucionario» reemplaza al ciudadano de las democracias representativas. Prácticamente toda persona y hogar tuvo la oportunidad de experimentar un cambio en la escala social, la trama urbano-rural y el sistema de relaciones de poder. Todo ello generó una movilidad social que removió la estructura socioclasista de la sociedad cubana.

2. La institucionalización de la estructura social
del socialismo cubano

Hacia finales de la primera década de la Revolución, en 1968, se realiza la llamada «ofensiva revolucionaria», que nacionalizó los pequeños negocios que aún quedaban en pie. Como consecuencia, desde el más grande central azucarero hasta los puestos que vendían café, pasarían a manos del Estado, a quien le correspondería asumir la gestión de la totalidad de la economía. El año 1970 marca el «fin de la Revolución», en tanto las bases sociales del poder político se habían transformado radicalmente, y la institucionalización que le seguiría imprimiría una dinámica más estable a la sociedad cubana. «La autoridad carismática, la política del partido único y las movilizaciones de masas irían adquiriendo un nuevo contexto en la década del setenta. Mientras, la realidad del socialismo iría imponiéndose poco a poco hasta hacer desaparecer, finalmente, la efervescencia de la Revolución» (Pérez-Stable, 1998: 209).

A partir de entonces, se terminan de consolidar las bases de la tradicional estructura social del socialismo, basada en la centralidad del Estado como empleador y proveedor de bienes y servicios. En esta estructura, la clase obrera aparece como el componente principal y la que más sostenidamente crece en proporción: para 1970 del 87,4 % del total de empleados en el sector estatal, el 70,4 % eran obreros (Espina 2008: 136). En el período 1972-1987, marcado por la entrada formal al campo socialista, se reconoce con claridad la primacía del proceso de institucionalización de la Revolución, que tuvo su momento álgido en la elaboración del proyecto de Constitución (1976). Hasta entonces había regido la vieja Constitución de 1940. La institucionalización también vino acompañada de una reorganización económica. En 1975, el I Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó el nuevo Sistema de Dirección y Planificación Económica, más conocido por sus siglas SDPE.

Haciendo un balance, desde su triunfo hasta 1989, la Revolución logró avances muy notables en materia de protección social al priorizar y asignar recursos fiscales para materializar dichos objetivos (Mesa-Lago, 2012). Es importante hacer notar que una parte fundamental de esos recursos provenían de la ayuda proporcionada por la Unión Soviética y el resto de los países socialistas, por vía de donaciones o subsidios. La agenda de desarrollo social consideraba como áreas fundamentales promover el pleno empleo; reducir la desigualdad en el ingreso; universalizar los servicios gratuitos de educación y de salud (Uriarte, 2002), y reducir, con ello, las desigualdades territoriales; alfabetizar a la población y acelerar la incorporación de la mujer a la fuerza laboral con políticas de educación y de cuidado infantil. Asimismo, perseguía expandir la cobertura y el monto de las pensiones de seguro social —financiadas por las empresas estatales y el fisco, sin cotización de los trabajadores—; crear un programa de asistencia social nacional y municipal; y convertir a la gran mayoría de la población en propietaria de las viviendas que tenían arrendadas.

Espina (2010) señala que la lógica de la política social implementada con la Revolución en ese periodo, en primer lugar, pone a la equidad como el instrumento para avanzar hacia la igualdad, lo que implicó alterar la matriz de propiedad. En segundo lugar, prioriza el carácter universal, de cobertura total, centralizado, unitario y planificado de la política social. En tercer lugar, se plantea la absolutización del Estado cubano como coordinador y gestor de la política social, desde su diseño hasta su evaluación, por lo que, desde el inicio de la experiencia socialista, se priorizó el gasto social y se asignó recursos crecientes a educación, salud y asistencia social como los ámbitos centrales de la política social. Mediante una extensa red pública de cobertura total, el Estado es el protagonista hegemónico y decisivo, por lo que no existen otras alternativas (privadas o extraestatales) para acceder a programas o servicios sociales. Existen alternativas muy acotadas relacionadas con organizaciones religiosas y, en los últimos años, con iniciativas privadas —llamadas por cuenta propia— que presentan un bajo perfil y no pueden competir con la opción estatal. En cuarto lugar, las necesidades básicas —salud, asistencia social y educación— son consideradas derechos de la ciudadanía, por lo que son provistos, en un nivel básico, a toda la población, sin distinción de ingresos, mediante mecanismos no mercantiles como asignaciones gratuitas y subvenciones (Espina, 2008). En último lugar, destaca la baja o casi inexistente presencia del mercado como mecanismo de distribución, en un contexto donde los servicios sociales operan con una lógica unitaria y universal.

El protagonismo exclusivo del Estado, sin embargo, se tradujo en que la institucionalidad de las políticas operara en forma vertical y centralizada. Los programas y servicios fueron concebidos y desarrollados en forma homogénea y universal, y la participación de otros actores se desarrolló solo en forma consultiva, con un marcado énfasis técnico y burocrático. En síntesis, fue una política social centrada en el desarrollo de oportunidades que, a juicio de Espina (2014) consiguió mejoras efectivas en las condiciones de partida de los grupos en desventaja, pero no las modificó radicalmente al reproducir las asimetrías relativas.

Asimismo, se señalan un conjunto de fallas y debilidades de la política social del período 1959-1989. En su análisis, Mesa-Lago (2012) plantea que los resultados de la política de pleno empleo son cuestionables. La prioridad por la igualdad devino en un excesivo igualitarismo con un énfasis cíclico en incentivos morales —no económicos— que indujo a una caída en el esfuerzo laboral y en un alto ausentismo. Este modelo generó una sociedad cuasi homogénea e indiferenciada, cohesionada en torno a las metas y objetivos fijados por el Gobierno y se mantuvo con muy pocas variaciones hasta la llegada, en los noventa, del llamado «Período Especial en tiempos de paz».

3. La transición socioestructural: resurgimiento de desigualdades y restratificación social

Con la caída del «socialismo real», la sociedad cubana experimentó un fuerte impacto. En los noventa, sobrevino no solo la suspensión abrupta de condiciones preferenciales de comercio, así como de asistencia técnica y económica procedentes del campo socialista, sino que también se evidenció con más claridad la crisis interna del socialismo cubano, que de alguna manera el llamado «Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas», impulsado a fines de los ochenta por Fidel Castro había sacado a la luz. En el período 1991-1995, denominado Período Especial en tiempos de paz, Cuba obtuvo el peor desempeño económico en América Latina y el Caribe, situándose incluso por debajo de Haití, con -7.0% promedio anual (CEPAL, 1996:7). Como consecuencia, Bobes (2016) considera que los cambios sociales acumulados como efecto de los ajustes del llamado «Período Especial» generaron una desconfiguración del «modelo del Hombre Nuevo socialista» y dieron paso a una sociedad diversa, restratificada y reinstituida simbólicamente.

El conjunto de reformas que se implementaron para enfrentar la crisis del llamado «Período Especial», primero, y las que se derivaron de los nuevos Lineamientos de la Política Social y Económica (2011) después, en el contexto del llamado «proceso de actualización», han ido modificando, según Espina (2020), la tradicional estructura social del socialismo basada en la centralidad del Estado como empleador y proveedor de bienes y servicios. Desde 2006 y hasta la fecha, en Cuba se han producido importantes transformaciones estructurales y de dinámicas políticas. En el plano de la economía política, Torres (2020) resalta la modificación de la estructura productiva, especialmente, la ampliación del sector no estatal de la economía, con la consecuente complejización de los mercados laborales; el abandono de la política de pleno empleo por parte del Estado, argumentada en la existencia de «sobrempleo» en el sector estatal y el estímulo a la inversión extranjera, la productividad y la disminución de erogaciones en divisas. Como resultado, han emergido formaciones sociales heterogéneas, con un ensanchamiento de las diferencias en el ingreso y en el acceso al bienestar, una diversificación de la calidad y cantidad de los bienes de consumo y la persistencia de brechas en la equidad, entre otras tendencias de cambio.

Por su parte, las políticas sociales, si bien mantuvieron su carácter universalista, perdieron capacidad de inclusión y protección, al tiempo que disminuyeron la atención hacia la creciente y más compleja diversificación de necesidades y las formas de vulnerabilidades particulares. Los indicadores de pobreza y desigualdad comenzaron a empeorar, dando cuenta de un sector de pobreza urbana que alcanzaba cotas del 20% y un incremento del índice de Gini de hasta 0,38 hacia inicios del siglo XXI (Espina, 2020).

Monreal (2017) señala que cuando Cuba registró un coeficiente de Gini de 0,22 en 1986, el país estaba firmemente instalado en la vanguardia internacional de la distribución equitativa del ingreso. Hacia 1999, última medición conocida del mencionado coeficiente en la Isla (0,407), el retroceso había sido considerable en relación con la década previa. Sin embargo, en perspectiva comparada, Cuba quedaba en una posición «media» a nivel mundial y «muy buena» en el contexto regional. No obstante, según Mesa-Lago (2020) las reformas estructurales han ampliado la desigualdad en el ingreso y a menos que el Gobierno tome medidas compensatorias, la tendencia a la desigualdad se acentuará.

A pesar de no existir mediciones más actualizadas, este retroceso puede haber continuado debido a la agudización de las diferencias en el acceso a ingresos y bienes, que han ido conformando un subconjunto de grupos sobrerrepresentados en los sectores pobres y subrepresentados en los sectores que brindan oportunidades más ventajosas para la obtención de ingresos. Entre ellos destacan la población no blanca, las mujeres, y las personas mayores. Se han profundizado, además, las diferencias territoriales, acompañadas del aumento de la migración campo-ciudad y desde regiones deprimidas hacia grandes ciudades y territorios con mayores oportunidades económicas. Estos procesos han dado lugar a la regeneración de asentamientos informales y a la precariedad urbana.

Como resultado de la implementación de ciertos Lineamientos de la Política Social y Económica —en adelante Lineamientos— en 2011, aprobados en el VI Congreso del PCC, que estipulan que los beneficiarios, cuyas familias tengan la capacidad para ayudarlos dejan de recibir asistencia, se produce un deterioro en los indicadores de asistencia social (Mesa-Lago, 2015). En vista a ello, la asistencia social se debió expandir a fin de proteger a la población vulnerable, pero ocurrió lo contrario. Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2 % a 0.3 %, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5.3 % a 1.6 % (Mesa-Lago, 2020).

Esto lleva aparejado una reorientación de la política social, al introducirse estrategias de focalización y familiarización de los programas sociales, transfiriendo más responsabilidades a la familia y derivando otras al mercado, en un contexto de caída del ingreso real, de diferenciación de los ingresos, del acceso al consumo y de disminución drástica de la distribución subsidiada de la canasta básica (Acosta et al., 2018). En síntesis, se produce una transformación del régimen de bienestar, transitando de un régimen de bienestar estadocéntrico hacia otro familiarista, con un fuerte peso del mercado en la satisfacción de necesidades básicas y gestionado a partir del criterio de equidad social, con abandono paulatino de criterios distributivos igualitaristas (Espina, 2020). En este nuevo escenario, el mercado está jugando un rol cada vez más relevante en la provisión de servicios sociales, entre los cuales, el de cuidados es el más visible. Sin embargo, debido a la escasez de ingresos y los altos costos del servicio, aún no es un actor relevante. En suma, el bienestar se familiariza y, especialmente, se feminiza (Torres, 2020).

A partir de los Lineamientos, se introducen criterios selectivos que refuerzan la diferencia sobre la igualdad y la uniformidad. Al mismo tiempo, se transita, según Bobes (2016) hacia una versión restrictiva de la justicia social que modifica el concepto de las necesidades del pueblo y acorta los parámetros de bienestar. Los cambios son acompañados de una reformulación de la relación Estado-sociedad, expresada tanto en términos simbólicos como prácticos, modificando el papel del Estado como proveedor y que traslada hacia el individuo la solución de sus problemas vitales. Aparece, además, una reformulación del principio de universalidad, que incluye una crítica al paternalismo.

Estos procesos han ido acompañados, como ha demostrado Mesa-Lago (2020), de una disminución de la participación relativa del presupuesto de Estado en la protección social, de la sustitución de gratuidades y subsidios excesivos por la compensación a los necesitados y el subsidio de personas, en vez de productos, así como la focalización de la atención específica a poblaciones vulnerables o en riesgo alimentario. Para el autor, tanto el sistema tributario como el gasto social, se han malogrado como factores para atenuar la desigualdad en el ingreso y sostener los servicios sociales a la población, generando un deterioro de la salud, la educación, las pensiones, la vivienda y la asistencia social.

Al mismo tiempo, las reformas económicas implementadas en el marco de «actualización del socialismo» han originado corrientes de movilidad social ascendente, que según Espina (2020) estarían produciendo una transición hacia un «socialismo de capas medias». Dichas capas medias, estarían caracterizadas por ingresos altos (para la media nacional) estables, autonomía para satisfacer necesidades básicas en relación con las políticas públicas, consumo superior, satisfactores de mayor calidad, aspiraciones que rebasan necesidades básicas e implican sectores de ocupación específicos. Estas capas medias están caracterizadas por una heterogeneidad socioestructural alta, teniendo en cuenta su vínculo con la propiedad de medios de producción y con el trabajo directo, así como sus fuentes de ingresos. Por esta razón, la autora no las denomina clase social, puesto que difícilmente se convierte en un actor «denso», con intereses y demandas integradas, que deriven en presión política.

Por su parte, Bobes (2016) considera que, desde el punto de vista social, se está produciendo un proceso de «reconfiguración» de la sociedad cubana. Las medidas de ajuste del Período Especial generaron una «desconfiguración» de la sociedad homogénea e igualitaria instituida entre 1959 y 1990, siendo el elemento más desestructurante el aumento de la visibilidad de numerosas formas de desigualdad que pone en cuestión el discurso legitimante del sistema político, anclado en la justicia social y la igualdad. Le acompaña a este proceso, el regreso de fenómenos «del pasado» (pobreza, prostitución, etc.), y la emergencia de nuevas formas de sociabilidad asentadas en valores y prácticas ajenas a la «sociedad socialista de obreros y campesinos».

A partir de ese proceso de desconfiguración, Bobes (2016) señala que en la actualidad se están articulando los elementos de una reconfiguración social. Uno de ellos es la desproletarización de la sociedad, entendida como el proceso a través del cual la clase obrera (que había sido el principal actor económico, social y simbólico) pierde peso, no solo cuantitativa[5] sino cualitativamente, lo que se evidencia, tanto en el decrecimiento de su participación en la estructura de empleo (tránsito hacia una economía de servicios[6]), como en su desactivación simbólica como sujeto principal del proyecto. Este proceso de desproletarización se acompaña por un crecimiento del sector no estatal de la economía. En la actualidad, los trabajadores empleados en cooperativas y por cuenta propia (autónomos) representan ya el 42% de la fuerza laboral, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Conviene advertir, no obstante, que el mundo del trabajo por cuenta propia y el sector no estatal es un mosaico que abarca desde la informalidad más precaria hasta emprendimientos de gran acumulación, con una creciente precarización del trabajo.

Otro de los elementos de reconfiguración tiene que ver con los procesos crecientes de transnacionalización de los modos de vida. Entre estos lazos transnacionales el más común es la remesa familiar, destinada al consumo y a la sobrevivencia, pero también se encuentran emprendimientos económicos transnacionales —incipientes e informales—, como el envío de dinero y artículos de consumo. A partir de la reforma migratoria de 2010, estos lazos se han incrementado a través de la llegada de pequeños capitales de inversión para la creación de microempresas privadas (restaurantes, salones de belleza, tiendas, talleres de reparaciones, etc.), donde los migrantes proporcionan dinero, insumos o mercancías para el negocio.

La diversificación de los ingresos, los recortes en los productos subsidiados, la nueva política de seguridad social y el descenso tanto de la calidad de los servicios de protección como de los recursos que se transfieren por la vía de la política social (salud, educación, asistencia social, etc.), han traído consigo, además, la aparición (y estabilización) de una franja de la sociedad que vive en condiciones de pobreza. A pesar de que esta pobreza se ha definido como específica y diferente de la que se da en otros contextos, debido a la existencia de formas de protección derivadas de las transferencias de recursos provenientes de la política y la seguridad sociales, diversos estudios coinciden en que hay personas y grupos cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y acceder a los parámetros mínimos del bienestar. La población en esta condición aumentó del 6,3 % en 1988, al 20 % en sectores urbanos hacia el 2000 (Espina 2013; Mesa Lago 2012) y se ha convertido en una franja «resistente y difícil de remover» (Espina 2013). Everleny (2018) ha calculado que alrededor del 51 % de la población cubana podría estar en riesgo de pobreza de ingresos.

Como resultado, las poblaciones en riesgo se han ampliado (personas en situación de calle o discapacidad, mayores que viven solos, mujeres, migrantes internos, poblaciones que habitan en barrios marginales, etc.). Frente a ese escenario, el rol de la asistencia social es vital para contener el empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables (Torres, 2020). Sin embargo, el gasto social ha disminuido proporcionalmente respecto al presupuesto estatal y al producto interno bruto (PIB). Para la atención de estos grupos existe un Sistema de Atención a la Familia (SAF), mediante el cual, 76.000 personas mayores de bajos ingresos reciben comida elaborada y a precios subsidiados. Sin embargo, su alcance, calidad e impacto son modestos.

La propia ministra de Trabajo y Seguridad Social declaró recientemente que el concepto de «núcleo vulnerable» —criterio para recibir la atención— ha tenido que ampliarse durante la pandemia de la COVID-19 y, por lo tanto, no estará asociado solamente a personas que tengan ingresos insuficientes (Alonso, 2020). Se agregaron aquellos que no están en condiciones de trabajar ni tienen posibilidad de ayuda familiar. La ministra ha dicho que se incorporarían a madres con hijos con discapacidad severa, así como ancianos que viven solos y personas con movilidad restringida que se encuentran encamados. En síntesis, de los 112 000 núcleos vulnerables beneficiados bajo este concepto por la asistencia social, se aumentó la cifra bajo ese régimen a 606 945 durante la pandemia. El problema con estas medidas en materia de grupos vulnerables es si son suficientes y adecuadas para afrontar un panorama como el actual, que amenaza con prolongarse en el tiempo y al que se superponen varias crisis.

Un elemento que agrava la situación es que este segmento de la población se está «racializando», ya que los grupos poblacionales de menos ingresos están compuestos por familias negras y mestizas. Estos grupos son, además, minoría en los sectores de empleo de mejores oportunidades de crecimiento, así como entre los receptores de remesas. Algunos autores sugieren que se trataría de un proceso de restratificación socioracial. La encuesta realizada en Cuba por Hansing y Hoffmann (2019) confirma la influencia de un patrón migratorio fuertemente racializado (85% de la migración cubana en Estados Unidos es blanca), que se traduce en desigual acceso a las remesas, las cuales provienen fundamentalmente de familiares (78 % de los receptores de remesas son blancos y solo un 22% son afrocubanos).

Como consecuencia de estos procesos, Torres (2020) señala la conformación de un patrón de vulnerabilidad social en el país. Estaría compuesto, sin pretender ser exhaustivo, por las familias monoparentales con jefatura femenina, las familias negras y mestizas, obreras, con baja calificación e instrucción, familias residentes en barrios marginalizados, comunidades en tránsito y, en general, territorios con desventaja social o riesgo medioambiental. Se incluyen además las familias vinculadas al sector estatal de la economía sin otras fuentes de ingresos, extensas y con miembros dependientes, donde la persona a cargo del hogar está privada de libertad y existen hijos pequeños, familias en situación de violencia agravada, y hogares unipersonales de adultos mayores o personas con discapacidad. Sin embargo, al mismo tiempo la autora señala que la organización de las familias es probablemente la dimensión de menos cambio en términos estructurales, debido a que las dinámicas familiares continúan reproduciendo una división sexual del trabajo que responsabiliza en mayor medida a las mujeres del cuidado familiar.

La nueva estructura social se estaría erigiendo de manera desconectada de las formas de organización de la producción y de la inserción en la estructura productiva (Bobes, 2016). Antes bien, serían el ingreso y el consumo, los condicionantes de la aparición de estilos de vida diferenciados. Las desigualdades aumentan a partir de los ingresos y el acceso al consumo, lo que, según la autora, implica la negación del igualitarismo como ideal social e implícitamente impugna el estilo de vida «revolucionario», y elimina la «estandarización regulada» del modelo anterior y la homologación social que había funcionado como mecanismo de control social. Se generan estilos de vida muy distintos que empiezan a instituirse como el criterio principal de una restratificación. La nueva estructura social se diversifica con la presencia de diferentes capas y estratos, al interior de los cuales también se pueden apreciar diferencias.

Hansing y Hoffmann (2019) consideran que, dado que la superación de las desigualdades sociales y la discriminación racial ha estado en el centro del proyecto revolucionario, la creciente estratificación social y racial que constatan, es una fuente de enorme frustración popular. Con mucho menos acceso a capital financiero, bienes y movilidad, los negros y mulatos están claramente en desventaja, cuestión que tiene una serie de implicaciones políticas inmediatas, una de ellas dar urgencia a la reforma del sistema de bienestar social de Cuba.

En síntesis, se ha producido una transición desde la estructura social simplificada, clasista y homogénea existente a finales de los años ochenta (Espina, 1997), hacia la reconfiguración de una más diversificada y segmentada, que empieza a distanciarse de «la estructura socioclasista del socialismo». El componente principal de aquella estructura (los obreros), se ha reducido en cantidad y se ha diferenciado en lo interno. La nueva estructura social sigue incluyendo obreros, campesinos, cooperativistas, trabajadores de los servicios y trabajadores intelectuales, pero incorpora nuevas capas: pequeños y medianos propietarios (empresarios), usufructuarios y comerciantes. Las diversas categorías están distribuidas (de manera desigual) entre el sector estatal y el no estatal; y como una de sus características relevantes se aprecia la existencia de subdivisiones dentro de cada estrato.

Otro elemento del proceso de restratificación es la renovación de las élites, que ha pasado de estar compuesta por dirigentes, militares y profesionales destacados, a dar paso a empresarios, artistas y campesinos enriquecidos. Los mecanismos de movilidad de las nuevas élites están muy alejados del Estado y sus criterios de estimulación y promoción. El dinero se ha convertido en el nuevo criterio de inclusión/exclusión, como en cualquier otra sociedad. A causa de ello se ha producido una modificación de los procesos de movilidad social, no solo en cuanto a sus criterios para el ascenso, sino también a sus vías y mecanismos de selección. Este proceso va aparejado de una movilidad descendente, producida por la pérdida de peso (real y simbólico) de la clase obrera, por el aumento del desempleo, por el paso de ocupaciones de mayor a menor calificación. Este problema se agrava para los no blancos y las mujeres, fundamentalmente. Las vías de movilidad comienzan a apegarse más a lo informal que a criterios institucionales.

En el plano urbano, con la aprobación de la compraventa de casas y la privatización de la construcción y reparación de las viviendas, se está modificando la composición social de los barrios. Al menos en La Habana, las élites de mayores ingresos están comprando las viviendas más caras y concentrándose en ciertas zonas privilegiadas (cercanas a los circuitos turísticos o de mejor infraestructura), desplazando a muchos de sus antiguos moradores que hoy venden sus propiedades. Se han producido también modificaciones en el espacio urbano, reconversión de antiguas edificaciones del patrimonio industrial para usos culturales o de empresas privadas. Se comienzan a identificar incipientes segregaciones espaciales, evidencias de la estratificación social y de procesos de gentrificación.

El conjunto de cambios que está operando a nivel económico y social va acompañado de una inmutabilidad del sistema político y su diseño institucional. El tipo de ciudadanía que promueve está desconectado de la nueva configuración social, anteponiendo un conjunto de derechos sociales sobre aquellos civiles y políticos. Esta lógica, junto a la inexistencia de espacios autónomos de articulación de reivindicaciones de la sociedad frente al Estado, se había traducido, hasta hace muy poco, en el ejercicio de una ciudadanía pasiva, no autónoma, dependiente del Estado y carente de poder real.

En las últimas décadas, sin embargo, han emergido un conjunto de nuevos actores con demandas y mecanismos de expresión y participación más desconectados del molde político tradicional, junto a un creciente desarrollo e influencia del periodismo «independiente». Según Chaguaceda (2020)[7], algunos de estos movimientos no son tradicionalmente políticos —representan causas particulares, de emprendedores, vecinos pobres, defensores del medioambiente—, y otros son pospolíticos, incluyendo objetivos más amplios como la defensa de las diversidades sexuales con apego a derechos, promoción de la democracia deliberativa, etc.

Bibliografía

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____ (2010). La política social cubana para el manejo de la desigualdad. Cuban Studies, Vol. 41.

____ (2014). Desigualdad social y retos para una nueva institucionalidad democrática en la Cuba actual. Espacio Laical, Nº Especial.

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Everleny, O. (2018). Desigualdad y población en riesgo de pobreza en Cuba. OnCuba, agosto de 2018. https://oncubanews.com/cuba/desigualdad-y-poblacion-en-riesgo-de-pobreza-en-cuba/

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Pérez-Stable, M. (1998). La Revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado, Madrid: Editorial Colibrí.

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Torres, A. (2020). Regímenes de bienestar en Cuba: mujeres y desigualdades”, Cuban Studies 49 (6-31).

Uriarte, M. (2002). Cuba. La política social en la encrucijada: manteniendo las prioridades, transformando la práctica. Washington D. C.: Oxfam América.

[1] Socióloga, Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales. Investigadora Asociada al Cuban Research Institute, Universidad Internacional de la Florida.

[2] La desigualdad hacia mediados de 1980 se había reducido a un 0,24% y la pobreza a un 6,6%.

[3] Diario de la Marina, Magazín Caña y Azúcar, 10 de mayo de 1959, p. 4A.

[4] Editorial, En Diario de La Marina, La Habana, 5 de enero de 1959, p. 1.

[5] Para 2005 la proporción de obreros disminuye a un 37,3 %.

[6] El nuevo proyecto económico tiene como pilares la exportación de profesionales de la salud y la educación y el desarrollo del turismo y la biotecnología; y estimula el trabajo por cuenta propia como mecanismo para proveer servicios y empleos.

[7] Entrevista con Armando Chaguaceda sobre tendencias y posibilidades, realizada por Lynn Cruz para Havana Times, 4 de mayo de 2020, disponible en: https://havanatimesenespanol.org/entrevistas/entrevista-con-armando-chaguaceda-sobre-tendencias-y-posibilidades/

Vida en los márgenes; ni milicianas,
ni lesbianas normalizadas: el constante acto
de hacer de la Revolución un espacio queer

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Mabel Cuesta[1]

Al comparar a otras literaturas latinoamericanas con la cubana, se hace evidente que —al interior de la isla— esta última no tuvo un desarrollo especialmente interesante de la narrativa escrita por mujeres durante las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado. Lo anterior podría parecer una contradicción dado el énfasis que el proyecto conocido como «la Revolución cubana» puso en restituir a la mujer los valores malversados por Gobiernos anteriores. La imagen de la nueva «compañera» al interior del naciente discurso revolucionario, no se identificaría más con la de prostitutas, amas de casa o madres iletradas, que el poder quería imponer como única en la época republicana, sino con la de sujetos activos —física e intelectualmente— en la construcción de dicho proyecto.

Para asegurarse de todo ello, y a instancias del entonces presidente del Consejo de Estado y de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro Ruz, se creó la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) el 23 de agosto del año 1960. Al revisar las actas de los congresos organizados por dicha institución, destacan entre los principales y más estables objetivos de la organización: «…mejorar la participación laboral femenina, evitar las discriminaciones en las contrataciones, estudiar y promocionar la legislación sobre mujer y familia y la divulgación jurídica de los derechos de las mujeres y las vías de demandarlos». (Actas del Congreso de la FMC 1962, 1974 y 1992).

Grosso modo, tal parecería que la creación de dicha organización singularizaba de antemano las necesidades del sector femenino cubano, ofreciéndoles, por primera vez, un espacio de protección legal y una voz lista a denunciar y demandar cualquier injusticia social que fuera acometida en su contra.

Sin embargo, hay otros dos elementos que aquí me interesa yuxtaponer. En primer lugar, las organizaciones de carácter político-social de mujeres cubanas encuentran, en la historia de la República (1902-1959), varios hitos de suma importancia que no podemos pasar por alto si realmente queremos entender cuándo se establecen las bases para la radicalización de la lucha por sus derechos.

El 21 de mayo de 1918, nació el Club Femenino de Cuba, una organización que fue la encargada de promover un primer intento por agrupar a las mujeres. En 1921, y por su iniciativa, se fundó la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba. Por otra parte, esta última organización, convocaría, el 11 de octubre de 1922, la celebración del Primer Congreso Nacional de Mujeres, que tendría la particularidad de ser el primero celebrado en América Latina. En la reunión, se polemizaría en torno a los necesarios cambios que debían hacerse en materia de educación, así como la conquista de una ley de sufragio femenino. Entre las protagonistas del encuentro estuvo la reconocida periodista y escritora Mariblanca Sabás Alomá.

El Segundo Congreso Nacional de Mujeres se celebró en abril de 1925 y hubo un tercero en 1939. A estos asistieron intelectuales y académicas como Vicentina Antuña, Camila Henríquez-Ureña, Mirta Aguirre y Rosario Novoa, quienes, al triunfo de la Revolución, se mantendrían como activas defensoras de esta, ocupando puestos de alto rango académico en la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Al congreso de 1939 asistieron dos mil delegadas y, por primera vez, estuvieron representadas las obreras. Su impacto fue tal, que también por primera vez, fueron invitadas tres mujeres a la Asamblea Constituyente.

Si solo vemos lo hasta aquí expuesto, encontramos la primera gran fisura en la propuesta descriptiva que nos hace la prensa oficial sobre la necesidad de responder: «…al llamado del comandante en jefe Fidel Castro, para la incorporación plena de la mujer a las tareas de la sociedad». Con solo estos breves datos, ya tenemos material para poner en tela de juicio esa velada y constante insinuación de que las enmiendas revolucionarias inician un ciclo político-social nunca antes puesto en práctica. Al respecto, y como dinámica al uso de las revoluciones, ha dicho Walter Benjamin: «En efecto, la razón revolucionaria se basa en una ideología de la muerte; su objetivo es doble: el derrumbe del pasado y el control de las ruinas» (Isla sin fin, 1999).

Insisto entonces en la tradición de un feminismo político organizado voluntariamente por intelectuales, académicas y obreras que obtuvieron reivindicaciones tales como la Ley de la Patria Potestad (1917), la Ley del Divorcio (1918) y la Ley del Sufragio Femenino (1934). Asimismo, dicha tradición —sin dudas protagonizada por mujeres de las clases alta y media alta, blancas en su inmensa mayoría y formadas en instituciones de educación superior cubanas y extranjeras— son el caldo de cultivo que favorecerá la pertinencia de la organización que entonces se crea en 1960, la FMC.

Por otra parte, si bien es cierto que encontramos en la FMC numerosos elementos distintivos como la inclusión automática de toda mujer mayor de catorce años sin discriminaciones por razones de raza o clase, propongo también una reflexión sobre aquello que la FMC impone a la historia de las luchas de mujeres en Cuba y que no es más que una tipología ajena a las demandas del feminismo internacional y específicamente latinoamericano: el derecho al aborto, la igualdad salarial o el cese de la violencia doméstica, por comentar las más socorridas.

Hay dos razones para ello. La primera es la asunción desde los altos mandos políticos de que esas demandas se cumplen natural e inmediatamente con el establecimiento de la nueva era que la Revolución per se constituye, y la segunda es la intención de sus líderes de dar paso a una modalidad feminista marcadamente nacional y que responda, en palabras de Rojas, a «…un imaginario autotélico, que se refiere siempre a sí mismo, y que jamás se entrega a la exterioridad del mundo, al pensamiento del afuera».

Para que se diera tal circunstancia, los nuevos dirigentes revolucionarios se encargaron de potenciar la idea de una necesidad indiscutible de la participación de las mujeres en la preparación para la defensa del suelo patrio en caso de ataques enemigos, así como su incorporación inmediata a las tareas laborales para hacer producir al país —que muy pronto comienza a sufrir limitaciones en el intercambio mercantil con los Estados Unidos—. Así, se hace más viable entender el segundo elemento de la yuxtaposición de la que hablaba anteriormente —el cual se avizora ya desde la propia iconografía que la FMC despliega.

Si ponemos atención a estas imágenes, de antemano podremos asociarlas tanto al movimiento de federadas como a la lucha armada y también con la persistencia de un status quo en el que sus labores como madre y, por decantación, fiel esposa, queden intactas.

Siendo más incisivos aún, no podemos eludir la identificación que se propone en el logo con la imagen masculina del soldado. El traje de guerrilla verde olivo, la paradigmática boina de Guevara, el fusil y, finalmente, las botas —que no vemos aquí, pero podemos constatar en las fotografías que ilustran las marchas del pueblo combatiente— fueron actuaciones de género que, intentaron por un lado mimetizar el patrón masculino y, por el otro, borrar toda identidad diferenciada que promoviera coherentemente un programa de acciones al margen del proyecto único que la dirección del país proponía. No podemos tampoco desechar que, la inmediata y única presidenta de la FMC, hasta su muerte, no fue otra que Vilma Espín, esposa de Raúl Castro Ruz, exministro de la Fuerzas Armadas Revolucionarias y ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Hablemos ahora de literatura y de cómo la presencia de mujeres escritoras es clave para la fractura de estos discursos impuestos verticalmente. Desde el triunfo de la Revolución es posible encontrar, en los textos literarios, una gran multiplicidad de identidades femeninas que algunas veces corresponden, y algunas otras desafían, dichos discursos prestablecidos. Recordemos, además, que la prensa y la propaganda oficial emitida por el aparato estatal, continúa, hasta nuestros días, presentando, otra vez, a la guerrillera como el único posible arquetipo de ciudadanía femenina en la Isla; a pesar de las casi dos décadas que han transcurrido desde el final de la Guerra Fría, e incluso, del acercamiento y el deshielo que promovió Barack Obama durante el segundo término de su presidencia. Ni siquiera la aviesa política de Donald Trump ha tenido tintes bélicos, sino que ha estado más bien enfocada en cambios cosméticos y desarticulaciones de los cuerpos y relaciones diplomáticas.

De modo que, para poder entender la falta de voces femeninas que encontramos en las obras escritas durante los años sesenta y setenta, es necesario reflexionar sobre lo que acabo de presentar. Solo de esta manera, la breve lista de nombres y títulos producidos por mujeres tiene sentido. Los elementos de tradición y ruptura bajo los cuales se encuentran las escritoras potenciales de estos años, se corresponden también con un dilema que todos los escritores cubanos sufren en los primeros años de la Revolución, y especialmente durante los años setenta. Cualquier cosa que entonces fuera escrita, debía seguir este mandato: ¡Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución, nada! Este desafortunado lema, promovido por los comisarios culturales de la década del setenta y tomado de un discurso de Fidel Castro de finales de los años sesenta, se traduce en términos y praxis literarias del siguiente modo: acogerse a la estética del realismo soviético o permanecer inédito.

Una vez más, las mujeres escritoras aceptaron el desafío. Algunas de ellas, en realidad, se involucraron muchísimo con la Revolución y siguieron escribiendo y publicando, y no, no cayeron en la estética del realismo soviético, sino que se refugiaron en los nichos seguros que constituían la literatura infantil y el género fantástico.

Luego, estaban las que yo familiarmente llamo «poetas resistentes». Dulce María Loynaz, Fina García Marruz y Lina de Feria, quienes nunca cambiaron los temas de su trabajo y continuaron escribiendo, tal y como lo habían hecho antes de la Revolución, sobre la naturaleza, la religión o simplemente temas íntimos, como ocurre con Casa que no existía, de Lina de Feria, 1967. Este libro es particularmente interesante porque ganó el Premio David, el más prestigioso para los poetas en la Isla. El libro fue publicado y luego retirado de las librerías, ya que, presuntamente, tenía algunos temas contrarrevolucionarios.

En resumen, este grupo de escritoras contemporáneas a la Revolución y sus demandas de los primeros veinte años, no cumplen el mandato patriarcal de recrear cuerpos de milicianas, obreras, madres y heroínas de la patria, sino que articulan ejercicios, tretas de resistencia en las que si no eligen el exilio (hubo todo un grupo, enorme, que sí lo eligió) pues intentan socavar la ley con propuestas alternativas a las que los comisarios culturales imponen.

Sin embargo, todo lo anterior comienza a cambiar gradualmente en 1980, cuando, primero, un nuevo grupo de voces femeninas hace su aparición como poetas, y más tarde, en los años noventa, se configura claramente un segundo grupo de narradoras. Ellas representan la primera y segunda generación de escritoras completamente entrenadas bajo el sistema educativo de la Revolución y comparten entre sí, una serie de experiencias muy al margen de las doctrinas revolucionarias.

Se trata de nuevas generaciones profundamente marcadas por el éxodo masivo de 1980 (el éxodo de Mariel) y la muerte de cientos de cubanos en las guerras de Angola y Etiopía. Ambos eventos establecieron un punto de inflexión en la producción literaria de la época, que hizo aparecer personajes femeninos muy lejanos de la imagen de la madre, feliz miliciana y mártir pretendida y que, en realidad, nunca nació dentro del archivo literario cubano.

Propongo entonces que reflexionemos muy brevemente sobre algunos de los temas y arquetipos femeninos retratados por las mujeres autoras que hacen su entrada en escena después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Para los cubanos, al final de la Guerra Fría siguió una gran crisis económica que se hizo evidente en la falta de alimentos, las largas horas sin electricidad, la ausencia de transporte público, las calles desiertas y las instituciones culturales inmovilizadas.

Es la generación que nació entre 1960 y 1975 la que tuvo que luchar, en sus producciones literarias, con el anuncio de lo que llamaría Fidel Castro en marzo de 1990, «Período Especial en tiempos de paz». Tal anuncio se realizó, quizás no tan casualmente, durante el cierre del V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). La inestabilidad de aquellos días hizo que los números de la inmigración ilegal, el suicidio, el alcoholismo y el desempleo voluntario, aumentaran vertiginosamente.

La representación de las mujeres y sus cuerpos en esta nueva narrativa revela un imaginario que busca alternativas para sobrevivir al hambre y a la apatía. Son personajes que, ya sin pedir excusas o usar estrategias laterales, desplazan a la guerrillera revolucionaria para discutir en su lugar las vidas de prostitutas, asesinas, balseras, alcohólicas, drogadictas y, por supuesto, lesbianas. Sujetos, que fueron en gran medida satanizados e invisibilizados durante la era soviética y que podemos identificar con esas inestabilidades que encajan con la representación de una Cuba incorporada ya a los estándares de la vida global.

Centrando entonces mis ideas en las comunidades LGBTQ y sus representaciones, propongo un mínimo viaje que tenga su destino final en la revelación de espacios imaginarios robados por el poder a sus protagonistas: las lesbianas en particular, y los cuerpos queer en general.

A día de hoy, las estadísticas sobre la violencia ejercida en contra de la comunidad LGBTQ, manifiesta en la discriminación laboral, el control sobre las cirugías de reasignación de sexo o el racismo, siguen siendo «secreto de Estado». Los investigadores cubanos y extranjeros que hemos asumido la tarea de examinar tales datos, nos hemos encontrado con magnas prohibiciones. Incluso un bloguero oficialista, Paquito el de Cuba, ha estado desafiando al Gobierno para que incluya a las familias homosexuales como una posible alternativa a la pregunta sobre la composición del hogar en una encuesta para el censo oficial. Le han dicho que «no» consecutivamente.

En el caso de las autoras lesbianas y sus representaciones en las novelas y cuentos escritos desde los noventa hacia adelante, encontramos una apuesta que apunta a destacar la diversidad de sus propios cuerpos y cómo estos responden a ese otro «verdadero modelo de ciudadanía» que vendrían a ser las madres guerrilleras. Es un enfrentamiento elíptico en donde si bien no se enfrenta frontalmente el discurso totalitario de la Revolución, la sola exposición y protagonismo de sus personajes constituyen todo un desafío para la norma.

Si atendemos lo que ha sucedido en los últimos doce años, desde que Fidel Castro pasara el liderazgo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a su hermano Raúl y este, a su vez, intentara, apoyado en su hija, la sexóloga Mariela Castro, hacer una suerte de saneamiento de imagen en cuanto a cómo lidia el poder gubernamental isleño con su comunidad LGBTQ, muy rápidamente caeremos en cuenta de que nada verdaderamente revolucionario le ha sucedido a este colectivo en términos de derechos: no hay matrimonio igualitario, no hay derechos parentales, no hay poder ni representación gubernamental.

Hay una gran ironía tras el hecho de que la comunidad LGBTQ cubana sea «visible», nacional e internacionalmente, a través de una representante del mismo poder heteronormativo y censor que por más de cuarenta años la fustigó.

A la par, si echamos un breve vistazo a las imágenes que muestran las muchas redadas policiales que aún están ocurriendo en La Habana, podríamos llegar de forma rápida a la conclusión de que ese mismo poder de representación está constantemente entregando a los medios, un discurso preescrito y preaprobado por la misma nomenclatura poderosa que en los sesenta condenaba a los individuos de clara preferencia homosexual o queer a los campos de concentración conocidos como UMAP o, en los setenta, obligaba a los escritores homosexuales a limpiar baños de las bibliotecas habaneras.

Para tomar el pulso de la comunidad LGBTQ en la isla, habría que escuchar las voces de quienes no están asociados al CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual) que dirige Mariela Castro Espín, y en donde claramente, una vez más, se intenta normalizar y controlar a todos aquellos cuerpos que no responden al modelo hegemónico y largamente demodé que la tradición estalinista ha propuesto e impuesto a la ciudadanía cubana.

Las puntuales recogidas que hace la policía cada sábado en la esquina en la que tradicionalmente se reúnen los travestis y transgéneros en La Habana, viene a hablarnos de cuán importante es para el Gobierno y el Estado, que los actores de esta comunidad no se «organicen», porque, según Castro Espín y cito: «esto podría conducir a un episodio de autosegregación, aislamiento y no a una mayor conexión social y naturalización de su condición sexual dentro de la sociedad». Por supuesto, la palabra «naturalización» aquí es clave, y cobra una dimensión completamente nueva en la medida en que funciona como sinónimo ocasional de «normalización», de «control». En otras palabras, lo que la fallecida madre de Mariela Castro Espín (Vilma Espín, fundadora y presidenta única de la Federación de Mujeres Cubanas) estableció como normativo para cada mujer nacida y residente en la Isla, encuentra ecos, nada despreciables, en los intentos igualmente normativos que su hija intenta para los individuos queer.

Desafortunadamente, resulta difícil aceptar como legítimo el discurso de Castro Espín sobre democracia y diversidad, cuando declara una igualdad de deberes y derechos para todos los sujetos que viven en la Isla, con independencia de sus condiciones de raza, clase u orientación sexual. Debajo de esa tábula rasa que igualaría a todos los sujetos, en realidad está enterrando aquello que resulta ajeno a su propia idea de nación y esta sería una estrictamente «homonormativizada nación queer».

Mariela Castro Espín baila cada año en junio, una «conga» (un estilo de baile de carnaval, y sobre el cual debo hacer una digresión por un segundo más, porque conviene siempre recordar que los carnavales son, desde la Edad Media, un espacio creado por el poder para hacernos sentir liberados y realizados en un círculo controlado solo por un par de días, una vez al año). Entonces, Mariela baila una conga de carnaval anual con la comunidad. Los reporteros enloquecen, el mundo olvida las persecuciones y los encarcelamientos y el hecho de que las cirugías de reasignación sexual sean solo autorizadas por ella, y ella, a su vez, solo las conceda a personas que se acerquen lo suficiente al CENESEX.

Sin embargo, no todo está perdido, porque aparecen en escena las Krudas Cubensis, una pareja queer de imposible definición, raperas, nacidas con sexo femenino en Cuba, pero que entran y salen tanto de sus propios roles de género como de la Isla. Krudas Cubensis se mueven, sobreviven entre Austin, Texas y La Habana, Cuba. Son, sin duda, la más queer representación no solo de «la Revolución», sino también de lo femenino en la medida en que desafían, dinamitan y corrompen, de forma definitiva, todos y cada uno de los modelos de ciudadanía femenina, incluidos los de homonormatividad lesbiana, impuestos verticalmente por todos y cada uno de los líderes cubanos de los últimos sesenta años de historia.

Para ilustrar lo anterior discutiré, como botón de muestra, fragmentos de dos de sus clips musicales producidos a partir del 2014. Ellos son «Mi cuerpo es mío» (2014) y «En el solar» (2016). Desde allí, arguyo, se pueden leer con mayor fruición las prácticas de insubordinación, inestabilidad genérica y glolocalidad que considero esenciales para la totalidad de la obra de Krudas Cubensi.

El tema «Mi cuerpo es mío» abre con una pregunta que de modo inmediato encuentra respuesta al tornarse declaración de fe: «Whose bodies? / Our bodies / Whose rights? / Our rights/ ¿Cuerpos de quiénes? / De nosotres / ¿Derechos de quiénes? /De nosotres / ¿Decisiones de quiénes? / De nosotres / Krudas Cubensi / one more time / representing women and queer people choices» (Krudas Cubensi, 2014, 0m09s-0m32s). Varias intersecciones hay aquí que parecen importantes a destacar.

En primer lugar, ese fluido code switching que, si bien no es una novedad para los artistas US Latinx, sí lo es para los creadores que recibieron toda su educación formal en la monolingüe isla de Cuba. Ese code switching que además encuentra en sus textos inmediata convivencia con el aún pujante y controversial «lenguaje inclusivo». Ese «nosotres» que resuena en el título de la totalidad del álbum Poderosxs que es en donde aparece el tema ahora comentado.

En segundo lugar, se aprecia con claridad que es a los vulnerables grupos «women» y «queer», a quienes pretenden representar sin que esto suponga una localización geográfica, étnica o racial específicas. Sin embargo, más adelante, al interior del mismo tema, sí harán un aterrizaje en parajes concretos al identificarse como «afrolatina, americana y caribeña/ orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña» (Krudas Cubensi, 2014, 1m47s-2m08s).

La demanda que aparece al centro de «Mi cuerpo es mío» deja claro lo que antes aseveraba en relación con la intencionalidad del dúo de desplazar (para amplificar) su mensaje desde un centro local (La Habana o Austin) hacia un espacio en donde sea, el patriarcado como sistema cultural tóxico y transnacional, quien quede emplazado «Saquen sus rosarios de nuestros ovarios/saquen sus doctrinas de nuestras vaginas» (Krudas Cubensi, 2014, 0m34s-0m48s). Vemos así, cómo aparece la pareja reclamando absoluta autoridad para sus cuerpos y enfatizando que ni la revolución iniciada en 1959 por el aún vigente Gobierno cubano, ni las propuestas legislativas imaginarias y pragmáticas de la mayoría de los Estados contemporáneos, tienen significación o contenido real para las mujeres en general y las mujeres queer en particular, sintiendo que no las representan.

Establezco este video —junto al que de inmediato pasaré a comentar, «En el solar» (2016)— como parteaguas al interior de la totalidad de la obra de Krudas Cubensi en la medida en que, a nivel audiovisual, son las primeras producciones en donde su mensaje viaja desde lo global («Mi cuerpo es mío») hacia lo local («En el solar» ), y se afianza allí, para, una vez conseguidas sus denuncias, volver a saltar, de regreso, hacia lo global.

Si bien ambos temas aparecen en el disco Poderosxs de 2014, hay entre la publicación de los videos, dos años de diferencia. Estos años quizás deberíamos tenerlos en cuenta en la medida en que son, justo, los que coinciden con el inicio del deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos; lo cual, quizá, facilita que la grabación de «En el solar» ocurra completamente en escenarios habaneros. Pasando entonces a discutir este segundo video con mayor exhaustividad, lo primero que habría que señalar es el cómo les artistes, sin ambages, desafían la idea de equidad social y el no sometimiento de clases en Cuba. Lo hacen tomando como hilo articulador tormentosas imágenes de pobreza en la ciudad de La Habana. Hay, asimismo, que anotar que la pobreza ha sido desde la propia génesis del trío (luego dúo), el eje central en sus líneas de pensamiento; al cuidar siempre que aparezca en directa conversación interseccional con la raza negra. Me interesa discutir en conjunción estos dos materiales de las Krudas porque si en «Mi cuerpo es mío» se confronta a las históricas instituciones occidentales (Iglesia, Estado y matrimonio) ya en «El solar» lo confrontado es específicamente el Gobierno cubano y la falta de recursos con que viven las comunidades de afrodescendientes.

En esta segunda producción, antes de que aparezcan en la pantalla las imágenes y música que conforman la canción, se nos muestra una dedicatoria en dos pantallas consecutivas pero independientes, en donde podemos leer: «Habana, a ti te quiero / De verdad», (Krudas Cubensi, 2016, 0m18s-0m24s). Esa dedicatoria nos orienta hacia dos planos de interpretación contiguos, mas no idénticos. El primero descansa sobre la cláusula circunstancial «De verdad». El que esta aparezca en una pantalla independiente de la línea que la antecede, potencia la idea de que el video y la canción son para una ciudad a la que quieren auténticamente sin pose, sin extorsiones, de manera horizontal. El segundo plano que ya contendría la frase entera, se asegura de que no sea posible alejar el mensaje que estamos a punto de escuchar y ver, de su referente más inmediato. Para enfatizar aún más esa imposibilidad, la dedicatoria se sucede por una serie de tomas rápidas, fragmentadas y yuxtapuestas tanto de sitios icónicos del discurso de la Revolución (la bandera en el Malecón, las consignas de «venceremos», la Plaza de la Revolución, etc.) como de sitios históricos que identifican la ciudad (el Morro, el Malecón, el Prado, la antigua embajada de Estados Unidos, etc.); mezclados todos los anteriores con los que finalmente constituirán el centro de la narrativa visual del video: las calles sucias de barrios no expuestos a los turistas, vertederos de basura, grafitis, pescadores, barrenderos, bicitaxeros y autobuses.

Esos primeros segundos de la historia, podrían ser leídos, como otra declaración de fe, pero también de fidelidad. Tras su inicial voluntad de exponer todo lo que La Habana es, los espacios centrales para la escenografía pasan a ser el solar, los barrios eminentemente poblados por afrodescendientes y los basureros. Con ello, se articula un muy claro gesto político en donde quedan anuladas y contestadas las enormes capitalizaciones que hacen de una Habana para turistas, glamurosa y resorte de nostalgias, artistas contemporáneos como Descemer Bueno o Kelvis Ochoa.

Una vez que arrancan música y texto, la letra discurre desde la descripción de la vida social de un solar habanero «…con sus colores, con su habitar, con su bullicio, con su lavar, con su chisme y su cooperar, ya la maraca empezó a sonar…» (Krudas Cubensi, 2016, 1m14s-1m20s), hasta la real acusación de los estados de pobreza a la que están sometidos sus moradores «…qué miseria, qué alegría, abierto los basureros, derrumbe de vertederos, dondequiera los mosqueros, room for rent, bicicleteros, en cada grieta una flor, en cada mierda un color, en cada casa calor, se quemó el ventilador…» (Krudas Cubensi, 2016, 1m33s-1m44s).

La enumeración anterior se desarrolla, aún mejor, a lo largo de los cuatro minutos por los que se extiende la canción que contiene semas que nos reportan insalubridad, derrumbes de edificios, alcoholismo, colas, falta de transportación pública, ventas ilegales, represión policial, escaso acceso a la internet y peticiones a las deidades africanas, quienes serían una suerte de refugio —acaso enajenante— ante la incertidumbre del presente.

Pero con todo y la voluntad de denuncia, así como las claras intervenciones visuales del más empobrecido espacio urbano habanero, prevalece una proyección amorosa sobre y por la ciudad que es también el leitmotiv. Las enunciaciones sobre lo roto, desvencijado, precario e insalubre se cosen a sí mismas con un hilo delicadísimo, uno que repite «Habana es mi ciudad / Habana yo a ti te quiero / Habana…»; el mismo con el que cierran la canción y que es ya no una declaración de fe —como en «Mi cuerpo es mío» o como en la dedicatoria de esta misma producción—, sino una de fidelidad.

Vale notar que las palabras «fe» y «fidelidad» comparten la raíz latina fides, y parecería ese un detalle nimio; pero lo propongo como significante, tanto al destacar convergencias entre estos dos temas, así como al ensayar una poética recurrente en los textos de Krudas Cubensi. La fe que proyectan sobre sus cuerpos, la autonomía y demandas de libertad que piden para ellos, apela a un discurso de pertinencia global, siendo como son, cuerpos desplazados a los que no interesa mostrarse, anclados a un espacio específico. Sin embargo, esa misma fe se trastoca y fusiona con la fidelidad si el espacio en donde deben ser aterrizadas sus miradas e identidades, es La Habana: «…en el solar yo estoy, yo no me he ido», (Krudas Cubensi, 2016, 1m28s-1m30s).

El acto de feminizar con su mirada a la ciudad les permite también presentarla como a otro cuerpo; acaso el más deseado de entre todos los de mujer que conocen; acaso el único a quien pueden serles completamente fiel; procurándose así «agencia sobre» y «posesión de» la amante Habana. Agencia y posesión que, otra vez, no se consigue mirando desde arriba, sino a través de planos de cámara centrales y bajos. Las únicas tomas de planos aéreos que hay en el video son aquellas que, como recién señalaba, aparecen al inicio con la intención de mostrar los sitios icónicos de la ciudad. Esa Habana que sí sale en las postales, pero que no forma parte del cosmos de las Krudas.

Dos elementos añadidos a los hasta aquí expuestos facilitan esa lectura encaminada hacia el ars amatoria. El primero es la portada del video, que es también su primera imagen. En esos soportes visuales les miembres del dúo aparecen sosteniendo y apretando sus genitales en claro gesto que evoca a otro muy familiar. Gesto que, de ordinario, es asociado a los hombres cuando hacen alarde de su potencia y virilidad. El segundo es el saludo que se regalan en la escena que antecede al comienzo de la música. Odaymar entra al solar, da los buenos días a una vecina que está limpiando el pasillo comunal y luego toca a una puerta que abre Olivix. El saludo tradicional de las mujeres en Cuba sería el de un beso o un abrazo. En este caso, dicho beso es sustituido por un saludo de manos en alto, al que sucede un apretón de estas y culmina en un abrazo que en realidad es choque de hombros. Una vez más, la performatividad de sus inestables géneros se encamina hacia prácticas usadas con mayor frecuencia por hombres que por mujeres.

Ese proceso de virilización —al que elles de ordinario desestabilizan con estrategias que van del uso ya comentado de la «x» y la «e» a las arbitrarias apariciones de la «a» en pronombres como «mía» cuando acuden a él para designarse mutuamente— podría en el caso de «En el solar» tener como objetivo último el enmascararse tras esa masculinidad históricamente empoderada, para desde allí, una vez apropiadas máscara y poder, ejecutar su bilateral plan de acciones: el de la denuncia social y el de la muestra de amor incondicional. Una representación que se articularía sobre la más noble de las razones: si a la amada la están maltratando los hombres, otros que usen sus mismos gestos y el circunstancial poder de la voz, vendrán a denunciarlo. O sea, elles.

A La Habana le confieren, además, cierto aire de humanizada espiritualidad, de diosa a quien se invoca y cuida; gesto habitual ante las pérdidas y la desesperanza «Habana centra el conjuro, yo te quiero te lo juro / Habana yo a ti te quiero, Habana / Ofrezco mis respetos a tu sublime presencia que ha sobrepasado toditas las carencias / Bendición pa tu pasión, aprendizaje y paciencia, de anteriores, actuales y futuras existencias» (Krudas Cubensi, 2016, 3m45s-4m04s).

Finalmente, la coda del audiovisual —la cual es proyectada en blanco y negro y se extiende de 5:13 al 6:36— es la que una vez más nos propone el salto desde la preocupación local (todo lo recién descrito y analizado en torno a La Habana), hacia una zona mucho más amplia y de resonancia global. En dicha zona, aun cuando son sus propios cuerpos en transición los usados como pretexto, y un área periférica y altamente deprimida de la ciudad es su paisaje acompañante, les Krudas Cubensi vuelven a proponernos una reflexión sobre sus identidades genéricas y el cómo expresarlas a nivel nominativo. Una vez terminada la parte musical del video, elles aparecen saliendo del solar y de espaldas a la cámara, se enfrascan en este diálogo: «… ¿te explico? / Sí, te explico. / Les que, lus que, las que, les que, lis que, lus que, los que, viejo, los que, somos los que…», (Krudas Cubensi, 2016, 5m13s-5m27s).

Destaco este fragmento —así como otras breves intervenciones que aparecen en el minuto que sigue, en donde se dedican a una improvisación rapera y a capela— como uno que catapulta otro lanzamiento de su sistema epistémico hacia lo global. Y así lo propongo, porque el debate sobre el lenguaje inclusivo en Cuba no ha comenzado todavía. Ni los minúsculos grupos activistas (controlados o no por el CENESEX), ni las instituciones tipo la Academia Cubana de la Lengua, han hecho pronunciamientos al respecto. La prensa y los medios de comunicación oficiales o independientes, tampoco se han hecho eco de ello.

De modo que, tanto el insertar la propuesta sobre el cómo deben ser autoreconocides y autonominades les sujetes genéricamente inconformes, así como la elección del paisaje, el blanco y negro y la improvisación, vienen todos a servir a la idea de mayor impacto glocal en el video: la del cimarronaje.

Krudas Cubensi, autodeclarades guerreres y cimarrones, no se atienen a un guion predeterminado para elles (como el del CENESEX); no aceptan narrativas coloridas y nostálgicas en torno a una Habana que se derrumba ante sus ojos, bajo sus pies; no olvidan el barrio, el solar y las comunidades sufrientes que en ellos habitan; no se conforman con un solo nombre, un solo género, una sola proyección sobre sus identidades sexuales, porque, de hacerlo, traicionarían la misión mayor: la de denunciar al patriarcado, a la Iglesia y a los Gobiernos que meten rosarios en ovarios y doctrinas en vaginas.

La voluntad denunciadora que hay en su trabajo no necesita tener como telón de fondo a un escenario específico («Mi cuerpo es mío»), y con ello producir un sistema de referencias que arremeta contra azotes de orden global. Sin embargo, pueden también —desde la ciudad en la que crecieron y a la que regresan con harta regularidad— proponer una conversación que convoque a otras comunidades cimarronas y genéricamente inestables que a lo ancho del globo sobreviven con similares precariedades.

Prueba de ello se esconde en el paratexto que constituye el hecho de que una de las productoras del video «En el solar» no sea otra que la Astraea National Lesbian Foundation for Justice, radicada en Nueva York para luchar por los derechos de lesbianas, trans y sujetxs intersexuales desde 1977. El propio slogan con el que esta fundación se promueve nos habla de convergencias significativas para la misión de Krudas Cubensi: Hyperlocal Impact. Global Reach. Para ganar la beca que permitió la grabación y publicación de este tema, y las narraciones que lo acompañan a modo de intro y coda, Krudas Cubensi supieron articular una propuesta que apelara no solo a la crisis sociopolítica cubana, sino a las demandas de otras comunidades que, a nivel global, sobreviven en condiciones de cimarronaje similares.

Resulta, en fin, plausible argüir que la revolución «kruda» y «cubensi» es también su hablar desde las intersecciones, ya que presentan cuerpos atravesados por varias de ellas. Este par de artistas son negras, pobres, queers e inmigrantes en constantes viajes de ida y vuelta. Todo lo anterior les concedería cierta sui generis y no reclamada autoridad, al tener la posibilidad de comparar sociedades, formas de explotación y consumo, ideologías y representaciones imaginarias del poder. Dicha posibilidad queda traducida en sus textos y producciones audiovisuales en forma de denuncia, que ataca tanto a subyugaciones sicosociales como a las instrumentadas por Gobiernos y partidos específicos. Desafían a las instituciones porque no les interesa cumplir el mandato para el que fueron asignadas. Nada ni nadie las normaliza. Su vida sobrevive en los márgenes. Allí en donde se resisten a ser milicianas o lesbianas normalizadas. Su acto es el intento de hacer de la Revolución un espacio queer.

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[1] Profesora de Lengua y Literatura Hispanocaribeñas en la Univrersidad de Houston.

De la plantación esclavista a la plantación
socialista: primeros apuntes para
un análisis feminista decolonial

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Tito Mitjans Alayón[1]

Las reflexiones que comparto en este ensayo son el resultado de un largo proceso de pensar la historia racial de Cuba viviendo en México. En las avenidas periféricas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde he vivido los últimos cinco años, he visto cientos de migrantes africanos y caribeños afrodescendientes: haitianos, cubanos y garífunas, en su tránsito hacia la frontera norte de México. La reflexión de mi propio proceso migratorio, y ver estos éxodos periódicos, me permitió mirar la historia negra con una perspectiva diaspórica. Avtar Brah (2011) explicó que la diáspora «comprende las formas históricamente variables de relacionalidad dentro de y entre las formaciones diaspóricas. Contiene relaciones de poder que diferencian y establecen similitudes entre y a través de cambios de constelaciones diaspóricas» (p. 215). En este sentido, «las diásporas son viajes geopolíticos, son espacios diferenciados, heterogéneos, de la construcción colectiva del nosotros» (p. 216).

Conectando los profundos vínculos de la historia afrocubana con el resto de la diáspora africana, pude alejarme del patrón de insularidad con la que en determinados momentos se ha pensado la historia del racismo en Cuba.

A través de esta perspectiva, las relaciones raciales resultado de la trata negrera, la plantación y la esclavitud en Cuba, se encuentran enmarcadas en un orden histórico estructural que exhiben otras consecuencias del colonialismo y la esclavitud hoy en día, y que necesitan ser incorporadas en los análisis para estudiar la actualidad cubana. Destaca entre ellas, la permanencia de las políticas de terror, de desterritorialización y deshumanización de las comunidades afrodescendientes en las Américas. Las mismas se expresan a través de las prácticas sistemáticas de encarcelamiento y represión policial, la censura de la libertad de expresión, políticas de hacinamiento habitacional y, consecuentemente con esto, la expulsión de las comunidades negras de los centros urbanos a las periferias, y la racialización[2] del acceso a la educación y a la salud.

Estos ejemplos evidencian las marcas de la esclavitud y la plantación que continúan atravesando las comunidades afrocubanas. A pesar de que los sistemas económicos se han transformado desde la época colonial al presente, la estructura sociopolítica racial permanece sin fisuras.

En este ensayo, propongo indagar cómo se materializan algunos de los efectos de la plantación en las comunidades y movimientos afrocubanos. Específicamente busco exponer los nexos entre las políticas de deshumanización de las personas negras con los procesos de desamortización de los movimientos políticos afrocubanos y las estrategias de borramiento de la tradición del pensamiento radical negro que se desarrolló en la Isla.

En este acercamiento considero importante trascender los límites heteronormativos de lo que identificamos como tradición del pensamiento radical negro en Cuba. Para ello, empleo the black queer feminist lens (la perspectiva feminista negra queer), de la activista y pensadora Charlene Carruthers. Dicho lente «es una praxis política basada en las tradiciones y conocimientos feministas negros y LGBTQ […] que se enfoca en priorizar métodos que centralizan la historia de las personas marginalizadas en nuestras comunidades» (Carruthers, 2018, p. 11).

Al expandir los márgenes de la tradición radical afrocubana, se identifican activistas, intelectuales y movimientos que han contribuido a dicho pensamiento, pero que históricamente han sido silenciados por el mainstream hegemónico heteronormativo. Se muestra cómo, ante estos procesos de deshumanización, se yerguen, además, estrategias de resistencia construidas desde los márgenes del movimiento afrocubano, que brindan herramientas alternas o fortalecen las ya existentes.

La plantación más allá del tiempo

Beckford (2001) explicó que la plantación fue el instrumento principal de la colonización y explotación europea en las islas caribeñas, el sur de Estados Unidos y la región de la Guyana y el nordeste de Brasil. De una unidad agrícola de producción, la plantación trascendió a ser un sistema socioeconómico, político y racial que definió la vida de las personas africanas deportadas a América, en condiciones de esclavitud y sus descendientes hasta la actualidad (Glissant, 2017). Debido a estas implicaciones, ha sido ampliamente investigada y se ha instituido como un patrón de análisis en los campos de estudios antes mencionados.

Se le llamó plantación esclavista o ingenio, en el caso cubano, al espacio social y geográfico donde se construyó un tipo específico de economía de monocultivo. En las plantaciones se sembraba caña de azúcar, añil, cacao, café, entre otras materias primas que luego serían enviadas a Europa; o que eran procesadas y luego vendidas como producto final, en los mercados internacionales (Fraginals, 2014).

De ahí devino un sistema político local dirigido por el plantador, un hombre blanco, heterosexual, cis, europeo; o por sus descendientes, los colonos blancos. La verticalidad de este sistema fue replicándose en todos los espacios sociales. La voz y las decisiones del hombre blanco fueron impuestas como palabras incuestionables en cualquier esfera social. Todo se fue estructurando mediante la constante devaluación y el silenciamiento de las voces negras. La investigadora y artista Grada Kilomba (2019) expuso el caso de una joven perteneciente a la familia real de Kimbundo, parte de la actual Angola. La joven fue arrancada de su tierra y vendida a una familia en Brasil. Entre las formas de castigo que sufrió, le impusieron una máscara facial para evitar que hablara. Esto puede ser comprendido como una de las estrategias precursoras de las políticas de censura hacia la libre expresión de las personas negras en la actualidad.

Otro resultado que investigadores negros, como Che Gossett, Treva Ellison y Riley Snorton, están colocando con mayor fuerza en la academia es la formación de un orden racial generizado[3], basado estrictamente en el terror y la violencia física, emocional y psicológica de las personas esclavizadas.

La instauración del sistema heteronormativo trajo consigo la criminalización de las expresiones de género que trascendían el género binario impuesto por los colonizadores europeos, así como también las orientaciones sexuales no heteronormativas.

Contradictoriamente, este escenario extremadamente violento era un espacio familiar. Donde se encontraba la gran casa del amo (dueño de la tierra y de las personas esclavizadas) y su familia. Este inmueble era lujoso, exponente de la riqueza. Por otro lado, se encontraban las familias desmembradas en los barracones, que albergaban a las personas esclavizadas en pésimas condiciones sanitarias, que, en el imaginario popular cubano, son recordados por el hacinamiento[4]. Ahí les fue impuesto su lugar de descanso a familias desmembradas y a sujetos que fueron arrancados de sus comunidades sin ningún tipo de relación social entre ellos.

En muchos países en el Caribe, entre los espacios habitacionales y los cultivos de caña, se encontraba el sitio de la tortura, la violación sexual, la experimentación e intervención de los cuerpos negros esclavizados (Battle-Babtiste, 2011). Así fue consolidándose la reducción de los mismos a la categoría de carne, es decir, la anulación total de su humanidad (Spillers, 1987; Hartman, 1997). Todo este circuito de violencia condujo al reforzamiento de la deshumanización de las personas negras en América.

Políticas de muerte del sujeto negro a través
de la deshumanización

Como expuso la pensadora afrocaribeña, Iki Yos Piña Narváez (2020), la deshumanización de los cuerpos negros no comenzó en las horrendas instalaciones de la plantación esclavista. Previamente, las personas negras habían sido reducidas a carne cuando fueron empujadas a los barcos de la trata esclavista; no fueron percibidos como seres humanos, la medida de su existencia se redujo a la cantidad de libras que podía soportar el barco.

La deshumanización de los cuerpos negros consistió en un complejo entramado de herramientas políticas, indicaciones judiciales, justificaciones teóricas y religiosas, entre otras numerosas técnicas que emplearon los conquistadores europeos y sus descendientes, colonos en América, para subyugar a las personas negras a la condición de esclavos, es decir a objetos de trabajo, consumo y mercancía (Spillers, 1987, Hartman, 1997, Wynter, 2014, Snorton, 2018, Carruthers, 2018).

Entre los efectos de la deshumanización está el aniquilamiento continuo de los cuerpos negros sin mayores consecuencias, así como la tortura y la intervención de la carne negra (Spillers, 1987). Otra de sus manifestaciones son los históricos procesos de aculturación y transculturación (Ortiz, 2017), binarización (Gossett, 2016), blanqueamiento, patologización (Snorton, 2018), criminalización (Alexander, 2017). El aniquilamiento de los movimientos políticos negros, el borramiento de los mismos y de las tradiciones de pensamientos radicales, también son otros exponentes en que se materializa esta práctica histórica de vejación.

La plantación esclavista dejó de existir con el fin de la esclavitud en Cuba en 1886. Sin embargo, las estructuras sociales, políticas y económicas que se generaron de ella, pervivieron. Por ejemplo, la llegada de la República en 1902, no significó el fin del dominio del hombre blanco sobre los medios de producción. Excepto Fulgencio Batista (presidente de Cuba de 1940 hasta 1944 y de 1952 hasta 1958), quien fue un hombre mestizo, el resto de los presidentes de la República naciente fueron hombres blanco-mestizos, incluso luego del triunfo de la Revolución. Esto sugiere el sostenimiento de legados plantacionistas más allá del fin de la esclavitud.

Algunos investigadores incluso exponen cómo la plantación se readaptó al nuevo capitalismo emergente y perduró. Para este análisis argumentaron el mantenimiento de la economía del monocultivo, la explotación y la fijación de las comunidades negras a los centros de producción de las materias primas; el sostenimiento de un sistema sociopolítico que mantenía la jerarquización racial (Beckford, 2004; Best, Girvan, 2009).

En Cuba, la plantación se reactualizó acorde a las necesidades de la República moderna. La mayor parte del territorio nacional se convirtió en un gran latifundio. Gran parte del territorio se dedicó a los monocultivos y, por lo tanto, se fueron transformando en paisajes vacíos, infértiles.[5]

Otras expresiones de la deshumanización se hicieron evidentes a través de los ejercicios de represión y genocidio. Algunos casos que trascendieron las políticas de silenciamiento de la cultura negra fueron: las innumerables técnicas de tortura y represión a los grupos de africanos esclavizados que se sublevaban, como las rancherías, que consistían en cazar con perros a las personas que huían de las plantaciones (Price, 1979), así como, en la actualidad, la policía cubana reprime las acciones de protesta. El uso de perros es, a su vez, una práctica común en la construcción del paisaje de control y seguridad que emplea la policía cubana en los eventos públicos. Igualmente, las masacres de líderes y movimientos negros son un referente histórico. Debido a las numerosas rebeliones, los españoles y los colonos blanco-mestizos desarrollaron una ansiedad histórica ante la posibilidad de una revolución negra, que permaneció incluso después de 1959, cada vez que intelectuales y grupos negros se fortalecían políticamente (Spence, 2016).

Aunque no es posible tener todo el registro de las masacres hacia las personas negras en Cuba, entre las políticas de represión prevaleció el interés de mostrarlas en las plazuelas, parques y espacios públicos, con la intención de amedrentar a la población. Así, varios actos de este tipo fueron lamentablemente muy conocidos, como el asesinato del líder José Antonio Aponte y otras cincuenta personas en 1812 (Childs, 2012), como resultado de su organización política contra el régimen colonialista español. De igual manera tuvo lugar la masacre de personas negras en 1844, la ola de represiones y torturas conocida como la Represión de la Escalera. Lo anterior, indica algunas de las numerosas fechas y formas de represión violenta ante la búsqueda de la libertad de las personas esclavizadas. Una vez eliminada totalmente la esclavitud en 1886 e instaurada la República en 1902, se produjo una última gran represión en 1912, con la cual se eliminó el primer partido negro en las Américas, el Partido de los Independientes de Color.

Con el triunfo de la Revolución en 1959, a pesar de los denotados esfuerzos del Gobierno revolucionario por realizar políticas de justicia social (De La Fuente, 2014), manifestaciones de deshumanización se transformaron bajo el nuevo orden. Los actos de genocidio negro pararon, sin embargo, otros mecanismos tomaron mayor fuerza como el encarcelamiento, el aislamiento sociopolítico de intelectuales negros y la criminalización de travestis, homosexuales y lesbianas, junto con otros mecanismos como el borramiento de las narraciones en la historia nacional revolucionaria, de la presencia de intelectuales, obras y producciones literarias y artísticas afrocubanas.

El paraíso racial pa la gente blanca pos-1959. Borramiento
de la memoria y la tradición del pensamiento negro

Para finalizar este pequeño esfuerzo intelectual de pensar la historia racial de Cuba a través de herramientas afrodiaspóricas, quiero comenzar por las narrativas de borramiento del racismo que los discursos revolucionarios propiciaron a principios del triunfo revolucionario.

Una de las expectativas del recién creado Gobierno consistió en poner fin a la discriminación racial. Fidel Castro, en uno de sus discursos de 1959, expuso:

Vamos a ponerle fin a la discriminación racial en los centros de trabajo, haciendo una campaña para que se le ponga fin a ese repugnante sistema con una nueva consigna: oportunidades de trabajo para todos los cubanos, sin discriminación de raza o sexo […] que blancos y negros nos pongamos todos de acuerdo y nos juntemos para poner fin a la odiosa discriminación racial en los centros de trabajo. Así, iremos forjando, paso a paso, la patria nueva (Fidel Castro. En Romay, 2014, p.94).

A partir de este tipo de enunciaciones, una parte de la sociedad civil se movilizó para abrir canales de debate, discusión y toma de acciones para transformar la historia racial de Cuba. Entre 1959 y 1962 los miembros del Gobierno, se movilizaron para crear distintos tipos de campañas para integrar la población afrodescendiente a la sociedad cubana y a la Revolución. Luego de este período, se dio por sentado que el racismo había culminado y las voces que seguían mencionando la permanencia del mismo comenzaron a ser silenciadas y desestimadas (De la Fuente, 2014).

Sin embargo, lo que llama la atención, es que a medida que este tipo de discursos fue cobrando fuerza en los ámbitos sociales, las organizaciones civiles afrocubanas se fueron reduciendo, hasta desaparecer todas (De la Fuente, 2014). Por otro lado, este discurso se refirió a un solo espacio social, los ámbitos laborales, mientras el racismo en los espacios académicos, culturales permanecían. Sucedió con artistas como La Lupe, joven cantante negra procedente de Santiago de Cuba, que tuvo que emigrar a Estados Unidos debido a las estrictas políticas morales revolucionarias que exhibían un fuerte contenido racial y heteronormativo.

Junto a ello, otra de las grandes medidas que respondió a estrategias de deshumanización consistió en la creación de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, comúnmente conocida como la UMAP. Este sitio recuerda la plantación ya que implicó el reclutamiento forzoso de aquellos sujetos que el Gobierno consideró necesario que debían ser rencausados por el sendero revolucionario. Representó una cárcel para aquellos, cuyas identidades y formas de vida, el Gobierno cubano decidió que no representaban la ideología revolucionaria o los valores del hombre revolucionario. Condenados a realizar labores agrícolas como cortar caña, enviaron a estos campos principalmente travestis y mujeres trans, así como a artistas disidentes e intelectuales negros como Walterio Carbonell (Romay, 2014).

Esta técnica de represión fortaleció el silenciamiento de los intelectuales afrocubanos. Aunque la UMAP abarcó un periodo de casi tres años, significó una nueva estrategia de deshumanización, ya que además del regimen del apartheid social que creó en la sociedad cubana, criminalizó las identidades no heterosexuales, el pensamiento negro crítico y la imaginación intelectual negra. Walterio Carbonell, posteriormente a este encarcelamiento, quedó aislado del resto de la comunidad intelectual cubana.

Otros ejemplos más actuales son: la destitución de Roberto Surbano del cargo de jefe editorial de la Casa de las Américas como respuesta al artículo que escribió para el New York Times en el 2013[6], en donde hizo referencia a que «la Revolución no había llegado para los negros en Cuba».

Otra manifestación fue la ilegalización de las religiones afrocubanas en los primeros años de la Revolución y su despenalización a principios de la década de los años noventa con la llegada del Período Especial. De esta manera, se criminalizaron las prácticas espirituales que ayudaron a la población afrodescendiente a sobrevivir el racismo antinegro. Aunque las prácticas religiosas no fueron por completo eliminadas, las comunidades religiosas y espirituales tuvieron que desarrollar estrategias más complicadas, tensando, aún más, las condiciones de vida de las comunidades negras.

Por último, quiero mencionar las políticas de censura hacia los movimientos de arte crítico como el hiphop en los noventa del siglo pasado: los periódicos encarcelamientos de jóvenes artistas afrocubanos, (como el emblemático caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sido encarcelado en más de veinte ocasiones en un período menor a tres años), la criminalización de La Bienal #00 de La Habana y el proyecto San Isidro.

Estos ejemplos demuestran que, si bien la plantación como sistema socioeconómico culminó con la estructura que sustenta el orden del cual se sostuvo por siglos, también permaneció reajustándose a los nuevos sistemas. El objetivo de estas políticas de borramiento va encaminado a eliminar las herramientas históricas y contemporáneas con las cuales el pueblo afrocubano resiste a las distintas formas de racismo antinegro y a la supremacía blanca.

Muchos de los casos expuestos, además, han realizado importantes contribuciones al pensamiento negro cubano, de manera tal, que son parte de la historia del movimiento afrocubano y de una tradición de lucha antirracista afrodiaspórica. La permanencia de políticas de eliminación de la memoria negra, de censura y represión del movimiento negro, exponen la vigencia de los cimientos de la plantación, el dominio de las poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, estas últimas poseen epistemologías de resistencia que sobreviven sumergidas. Son parte fundamental de las bases de movimientos negros contemporáneos como los feminismos afrocubanos en la Isla y en la diáspora.

Bibliografía

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Brah, A. (2011). Cartografías de la diáspora: Identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de sueños.

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Snorton, C. R. (2018). Black on both sides: A racial history of trans identity.

Spillers, H J. (1987). Mama’s Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book. Diacritics, Vol. 17, No. 2, Culture and Countermemory: The “American” Connection (Summer, 1987), pp. 65-81.

Romay, Z, (2014). Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. La Habana: Editorial Letras Cubanas.

[1] Doctor en Estudios e Intervención Feministas CESMECA-UNICACH.

[2] La racialización es la práctica sociopolítica que transforma la raza en una manifestación real. Determina la distribución de la propiedad, el rechazo o el disfrute de los derechos políticos en dependencia de si los ancestros de la persona han sido sujetos del trabajo forzado, represión política y social, migración forzada y exterminio absoluto (Isoke, 2016, p. 3). Ver en: Isoke, Z. (2016), Race and Racialization. The Oxford Handbook of Feminist Theory, Ed.: Hawkesworth, M y Dish L.

[3] La historiadora afronorteamericana, Hortense Spillers (1987), expuso que «las condiciones en que se produjo la diáspora africana a través de la esclavitud marcaron el robo del cuerpo de forma deliberada, violenta e impensable desde la distancia, rompió la voluntad del cuerpo cautivo y su deseo activo» (1987, p.67). En estas condiciones, esta población sufrió la pérdida de sus construcciones de género, el cuerpo femenino y masculino se convirtieron en territorio del manejo cultural y político. Este despojo impuso significados y usos sobre sus cuerpos. Primero, generaron un proceso de desgenerización de los cuerpos africanos y posteriormente le imprimieron identidades racializadas de género binario que respondían a la ubicación forzada que ocuparon estos sujetos frente al sistema de producción capitalista/colonial (1987).

[4] El hacinamiento de las comunidades negras en guetos, favelas, solares, continuó siendo herramienta utilizada durante las repúblicas en países como Estados Unidos, Brasil y Cuba. La técnica de empujar las comunidades negras a las periferias urbanas, hacinarlas en reducidos espacios habitacionales, con pocos o ningún tipo de recursos sanitarios, es otra herramienta de deshumanización. (Chailloux Carmona, J., 2005). Los horrores del solar habanero: Síntesis histórica de la vivienda popular. La Habana, Cuba, Ciencias Sociales.

[5] Los montes donde residen los Orishas también comenzaron a desaparecer. El acceso a los recursos naturales fue dominio total de los plantacionistas y, posteriormente, de las compañías plantacionistas norteamericanas, de los colonos españoles y blanco-mestizos cubanos. A las comunidades negras, no solo en Cuba, sino en otras excolonias, les fue arrancada, progresivamente, su relación espiritual con la naturaleza, con los ríos, los montes y los mares.

[6] Ver el artículo: https://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/for-blacks-in-cuba-the-revolution-hasnt-begun.html

La cultura dentro de la posrevolución
cubana: una panorámica de la política cultural,
su instrumentalización en el imaginario
colectivo, desbalances y desafíos

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Claudia González Marrero[1]

El modelo cultural dentro de la posrevolución cubana ha tomado como punto de partida la defensa del desarrollo y el libre acceso a la cultura como baluartes del constructo «Revolución». La Revolución inicia una trayectoria legalista de patronaje sobre la cultura cubana al pactarse la dirigencia, aplicación y control de su política desde el Estado. A partir de entonces, se ha defendido la cultura revolucionaria como uno de los principales pilares sociales del sistema y, en función de la historiografía del proceso, se han instituido por decreto, fiestas nacionales y efemérides; creado institutos y consejos que reglamenten las líneas de producción artística; delineado los derechos de asociación y de autoría y creado y organizado los canales y espacios donde tramitar las expresiones artísticas y culturales, como bienales, ferias literarias, certámenes musicales, festivales de ballet y teatro, etc.

Ello ha determinado la imbricación de las premisas del discurso oficial en la sociedad y sus instituciones, en particular enfocadas en las políticas gestoras en lo cultural y sus resultados en la antropología del arte, en temas culturales y formaciones sociológicas. Por último, ha demostrado un potencial transformativo en lo lingüístico y lo formal en la construcción de la cosmovisión revolucionaria y su negociación en el subconsciente colectivo. La preeminencia de la cultura como agente transformador de la vida social, y el arte como reflejo de la sociedad, así como el papel del intelectual orgánico, han tenido su espacio gestor y de desarrollo, en discursos y documentos fundacionales que institucionalizaron géneros discursivos en constructos, nociones y expresiones, modificando radicalmente el sistema cultural, el lenguaje político y el comportamiento social.

1. Los lineamientos del mensaje instituyente y la prescripción de los mecanismos de socialización en las instancias artísticas

La relación cultura-Revolución-sociedad atiende no solamente la agencia de estructuras institucionales, sino sus connotaciones más allá de las métricas tradicionales. Nos referimos a la promoción y parametración de ideas y discursos que marcan la formulación de políticas culturales y su expresión artística, como pueden ser la creación de políticas y elecciones creativas individuales en líneas de ideología, género, raza, nación, etc. (Rojas, 2006; De la Torre Molina, 2008; Gallardo Saborido, 2009; Grenier, 2017; Bustamante, 2019).

En materia cultural, debemos pensar la trayectoria de la Revolución a partir de ciclos discursivos que han organizado canon y norma, según la lógica institucional. Muchas de las asimilaciones y traducciones de estas narraciones oficiales han exhibido igualmente un relato tan singular que, a menudo, iniciaron o dieron sentido a períodos concretos de la política nacional, y se constituyeron como episodios significantes, paradigmáticos, de referencia histórica y cultural.

Estos ciclos no han seguido un mismo y rígido contenido y estilo, sino que han variado según los diferentes estadios históricos del proceso, también en sus tendencias a cierre o apertura según convenios, flujo efectivo o escasez de recursos. Ejemplo de lo anterior fueron los entusiastas años iniciales de la Revolución (1959-1970), seguidos por un giro hacia un estilo dogmático inaugurado con el 1er Congreso de Educación y Cultura (1971) y el período de radicalización posterior (1971-1976). A partir de 1986, ocurrió un proceso de perfeccionamiento del sistema, de mayor institucionalización en los ámbitos económicos y culturales bajo el nombre de Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Este período fue seguido por la emergencia de políticas finiseculares, matizando la ideología oficial del marxismo-leninismo con un nacionalismo revolucionario-martiano bajo la llamada «Batalla de Ideas». Más tarde, un nuevo giro fue determinado por la sucesión en el poder de Raúl Castro en el 2008, y un posterior relajamiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos que purificaron la relación espacio-sociedad-cultura con la amplificación y diversificación de espacios culturales, talleres privados, eventos y festivales, nuevas experiencias y experimentaciones (a partir del 2014). Un retroceso de lo anterior ocurrió con eventos externos como la elección de Donald Trump (2016), y domésticos con la nueva presidencia de Miguel Díaz-Canel (2018), que trajeron un regreso de directrices culturales y artísticas más reservadas.

Un primer discurso que inauguró los parámetros de permisibilidad de la cultura revolucionaria fue Palabras a los intelectuales, pronunciado en 1961 por el entonces primer ministro, Fidel Castro. En torno a cómo definir el arte revolucionario, respondió no solo a las circunstancias inmediatas de tensión y sospecha por parte de la intelectualidad republicana, sino que estableció las responsabilidades del artista e intelectual en un clima político de urgencia social y euforia nacional. En esta etapa, y a raíz del desplazamiento cosmovisivo que propone la Revolución cubana en la Latinoamérica de los años sesenta, la dinámica artística y el compromiso social pasan a primer plano. Las revistas del momento, como la uruguaya Marcha o la cubana Casa de las Américas, agrupaban múltiples polémicas, prolongadas hasta entrados los años setenta, sobre la posición política o ideológica que debía tomar el escritor, o los pronunciamientos que debía hacer el intelectual. Las políticas del momento propusieron a los escritores el llamado baño social que Roque Dalton proponía al abandonar la esfera de las reflexiones literarias, artísticas o filosóficas como algo separado de la vida cotidiana. La participación del artista como otro miembro del pueblo y en la vida productiva de la sociedad llegó a convertirse en uno de los elementos nucleares de la discusión en torno a la función social del intelectual. El ideal del artista reconocido como integrante de la clase obrera que supera la alienación a la que lo había condenado la burguesía, devino en una concepción del arte como legitimador o denunciante social, abundante en las expresiones culturales de la Cuba pos-1959.

En una de las múltiples asimilaciones textuales del ideario revolucionario, el discurso trascendió su propio ámbito y púlpito, para introducir lo que se convertiría en el eslogan más conocido sobre los principios tolerables del nuevo Gobierno:

«Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie». (Castro Palabras a los intelectuales párr. 6)

Numerosos son los criterios que toman Palabras a los intelectuales como objeto de análisis y punto de inflexión del discurso revolucionario (Casal, 1971; Bobes, 2000, 2007; Kapcia, 2005; Serra, 2007; Kumaraswami, 2009). Para Bobes (2007), la delimitación dentro/contra puede explicarse en el ejercicio de la defensa promulgada por el discurso iniciático. Según Par Kumaraswami, (2009), la ecuación dentro/contra debe entenderse por su impacto en la exclusión de aquellos que estén visiblemente contra el proceso, aunque no como un indicio de dogmatismo estético o del esquema de segregación política, sino como determinación del discurso nacionalista al calor de las circunstancias. Para autores como Guillermo Cabrera Infante, el principio protector y educador por el que el concepto «Revolución» es interpretado en Palabras a los intelectuales no despeja su «versión del credo totalitario» (1994, p. 343). Para Rafael Rojas la fórmula como modelo de representación respecto al sistema, ha fundamentado, hasta el presente, conceptualizaciones binarias antagónicas. Por este medio, las identidades ideológicas, políticas o sentimentales, «se vieron delineadas de manera bipolar, afianzando la certeza de que existían dos bandos, simétricamente divididos y homogéneamente configurados» (2006, p. 12).

En general, los autores coinciden en identificar Palabras a los intelectuales como el diseño del esquema por el cual el Gobierno determinaría patrones de dignidad, moralidad y estigma social, al interior del subconsciente colectivo, por posicionamiento ideológico, político, social y estético, al informar un nuevo proceder intelectual y artístico, dentro de un nuevo concepto de militancia. Principalmente, el discurso incide en la estructura por igual, al inaugurar la capacidad de regulación y control de las instituciones estatales, que «ejercen su autoridad de manera legítima y ética». Desde entonces, la administración revolucionaria tendría un afán protector y un interés marcado por conducir de cerca el proceso; si la cultura es un derecho del pueblo, finalmente restaurado por los rebeldes, es el Estado el que debe velar por su consecución, «es un deber de la Revolución y del Gobierno Revolucionario contar con un órgano altamente calificado que estimule, fomente, desarrolle y oriente, sí, oriente, ese espíritu creador» (párr. 12).

Este posicionamiento culmina en 1971, año que marca el giro por el cual el proceso aplicó una nueva dirección de gestión y práctica artística mediante la declaración del 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura. En relación con el período precedente, parecía decaer el fervor participativo autónomo que motivara el cambio de régimen, en favor de una institucionalización del movimiento según un credo ideológico cada vez más presente en las prácticas sociales. A la visión épica, embriagadora y totalizante de la etapa anterior, marcada por intervenciones y espacios críticos de cierta experimentación y dinamismo, le sucedió el endurecimiento del discurso hacia una cultura partidista y dogmática, así como una reglamentación más evidente al interior de las instancias burocráticas. Si en Palabras a los intelectuales, la enunciación había estado marcada por un ademán conversacional de la dirigencia revolucionaria hacia los intelectuales, la declaración del congreso trascendió el carácter polémico para realizar afirmaciones inaugurales, rotundas y reguladoras en ámbitos amplios.

Las regulaciones en lo que al proceso educativo se referían acordaban que el pueblo «no solo es objeto de una educación masiva, integral y continuada, sino también protagonista de esta», la formación integral se entendía como una «educación científico-técnica, político- ideológica, física, moral y estética», regida por «los organismos populares de la educación», dependencias de la dirección revolucionaria (Declaración del 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura, párr. 23). La parametración se explicitaba en la sección segunda del documento, dedicada al contexto social y cultural de la educación, centrando su atención en aspectos como: «modas, costumbres y extravagancias»; «religión»; «delincuencia juvenil»; «sexualidad»; «actividad cultural» y «medios de comunicación masiva». Uno de los ámbitos en los que estos preceptos se hicieron efectivos fue en el llamado a una literatura formativa que tuvo como resultado el acuerdo de que los «creadores» dedicaran parte de su obra a «temas de literatura infantil y de la Revolución cubana en su lucha contra el subdesarrollo, como lectura para jóvenes y adultos». Ello permitía deducir ciertas obligaciones, ya no al pueblo como constructo anónimo, sino al intelectual revolucionario como su estratega, cuya obra debía erradicar los vestigios de la vieja sociedad, y asistir en la construcción de una nueva, mediante la exaltación de sus valores. En suma, el discurso instituyente de la época aportó las claves seguras para asumir el arte como instrumento normativo. El propio congreso asumía expresiones artísticas de la literatura como un «instrumento poderoso de educación ideológica cuya utilización y desarrollo no debe dejarse a la espontaneidad y la improvisación» (Declaración del 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura, párrs. 42, 53-56). Para un acertado acercamiento a las masas, dicho congreso sugería la centralización de los medios bajo «una dirigencia político-cultural única» y aquellos responsables de su gestión debían probar «sus condiciones políticas e ideológicas». Se sugería, además, una revisión de las reglas de los concursos literarios, «para asegurar las credenciales revolucionarias de los miembros de los jurados, y elegir las obras más revolucionarias» (Declaración del 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura, párrs. 42, 53-56).

Estas declaraciones abrieron lo que oficialmente se conocería como el «Quinquenio Gris» (1971-1975), período donde los ámbitos de la cultura, la política y la sociedad confluyeron en su más elevado nivel de dogmatismo. Es en esta etapa se visualizan diferentes ejemplos de lo que Müller (2004) ha descrito como «regulación del discurso»: censura, autorreglamentación, formación del canon y control social. Sin embargo, el «Quinquenio Gris» es un término polémico; para varios intelectuales cubanos como el crítico cubano Abilio Estévez sería más correcto citar «una década de horror» (Vicent, 2007, párr. 8), refiriéndose a los impactos prolongados de las medidas tomadas, para la obra de muchos artistas cubanos. Lo cierto es que 1971 inaugura un período de giro de doctrina hacia la sovietización de la política cultural cubana. En este ámbito, las aristas reguladoras del discurso se concentraron, sin precedentes, en las condiciones técnicas de producción, su regulación, el contexto institucional en el que tuvo lugar, y la construcción de un canon que tuvo su terreno de ensayo en la misma estructura artística de las obras de la época.

Vistos comparativamente, resaltan diferencias conceptuales entre la Declaración del 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura y las «Tesis y Resoluciones» del 1er Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 1976, que indican un nuevo giro en el método del discurso político cultural de la década de los setenta. Los estatutos aprobados situaban la estructura organizativa del Gobierno en relación propicia con la continuada institucionalización política, administrativa y judicial, que demarcó, hasta 1976, el proceso revolucionario. Sin embargo, con la experiencia de los excesos anteriores, el nuevo evento discursivo se configuró con un entendimiento menos politizado de los procesos culturales. En particular, los acuerdos sobre «la cultura artística y literaria» mostraron un giro humanista donde se identificaban «los objetivos del socialismo y el comunismo con los de un arte y una literatura profundos y originales —servidores conscientes de las más nobles aspiraciones humanas— que llegan a integrar una unidad de poderes invencibles» (Rojas, 1978, p. 468).

Si en los años setenta, la práctica artística se tornó prácticamente propaganda, con la ventana abierta por el proceso revisionista de la perestroika, empezaron a deconstruirse postulados rígidos para dar paso a técnicas de experimentación. Por ejemplo, la identificación de tendencias desacertadas durante la década de economía planificada, así como los excesos en la copia acrítica del modelo soviético en la realidad nacional y la aparición de niveles preocupantes de corrupción en algunas esferas de la economía, fueron un punto de alerta para revisar y rectificar la dirección económica, bajo el nombre de «Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas del Pasado» (1986-1990) (García, 1998, pp. 229-230). Dicho proceso era señal de una incidencia en el terreno político, en «la conciencia en las élites de que los mecanismos tradicionales de integración estaban dejando de funcionar adecuadamente y las bases de consenso comenzaban a erosionarse» (Bobes, 2000, p. 169). La subestimación del papel de la ideología y la disminución de la incidencia en el control político del PCC arrojaron la necesidad de emprender una contrarreforma que recuperara las fuentes nutricias originales de la Revolución para renovar el consenso hacia el régimen. De ahí que se vuelva hacia la figura de Ernesto Guevara y su ideal revolucionario del Hombre Nuevo (Behar, 2009). El impacto en la nueva genética revolucionaria que se intentaba construir reintrodujo el trabajo voluntario mediante la creación de brigadas de construcción, el uso masivo de la movilización laboral destinada a la agricultura, el reciclaje de la idea de incentivos morales, la igualdad y la gratuidad de los servicios sociales (Mesa-Lago y Pérez López, 2013).

El reforzamiento de la gestión cultural en el trazo de la «línea permisible» propuesta por Fidel Castro en la sesión diferida del 3er Congreso del Partido (1986), «El trabajo político no es recitarle un catecismo a la gente sobre Marx y Lenin todos los días, sino ser capaz de despertar las motivaciones humanas y morales de los hombres» (párrs. 34-36), lo aporta la década de los noventa tras la caída del campo soviético y la emergencia de la crisis económica nacional, reconocido por las autoridades como un momento de «pérdidas de valores éticos y sociales» (Frederik, 2005, p. 409). Como respuesta, el llamado a la «masificación de la cultura» como proyecto nacional, es convocado por Fidel Castro en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en el año 1991. Este estaba dirigido a «expandir el horizonte cultural de la población» y a rescatar la «auténtica cultura cubana». Según voces oficiales como la del entonces ministro de Cultura, Abel Prieto, en la conferencia «Nación, identidad y cultura», en ese momento, el programa se proponía «instruir» al pueblo para evitar que fuera manipulado por la globalización y sus engranajes, como la cultura regida por medios de comunicación. Dicho discernimiento fomentaba la dicotomía «valores reales» vs. «valores ficticios», y la lucha contra la «pseudocultura», entendida como una cultura «banal», «frívola» y «sin historia» y, por tanto, sin memoria, patrimonio o credibilidad. De este período parten las primeras formulaciones jurídicas para regular lo que se llamaría «intrusionismo en el arte» (Cfr. Decreto Ley No. 266 de 1997).[2] Esta visión correctora de las expresiones artísticas intentaba mantener su acápite «lo revolucionario cubano» en un espacio de confort alejado de las expresiones catárticas que en lo cultural ocurrían como resultado de sus políticas públicas y que resultaban demasiado incómodas a este capital simbólico, constriñéndose el arte cubano a su ámbito comercial, a su paradigma social y a las expresiones artísticas que amenizaban el zeitgeist revolucionario.

Esta dirección legalista y reguladora en el ámbito artístico, más estructurada que el poder enunciativo de los documentos fundacionales, continúa con espacios jurídicos más actuales, dígase el Decreto Ley No. 349 del 2018. Este documento es relevante a la aplicación de la administración en el sector en tanto asume como contravención la conducta violatoria de «normas y disposiciones vigentes, en materia de política cultural y de prestación de servicios artísticos establecidas por el Ministerio de Cultura en las diferentes manifestaciones artísticas […] en lugares o instalaciones públicos estatales o no estatales». En su artículo 2.1 figura como violación «muy grave» —y quizás la más polémica hasta ahora— la prestación de servicios artísticos sin autorización.[3]

De manera general, podemos distinguir ciclos consecutivos, de contenido y estilos diversos, dependientes de actualización según los diferentes estadios económicos y políticos del proceso posrevolucionario. Las etapas de mayor fervor e idealización política como los años sesenta, setenta, o los 2000, marcaron espacios de sociabilidad independiente dentro del sector artístico. Con otro rango de actividades políticas y asociaciones cívicas restringidas, el debate crítico comenzó a relegarse a la esfera de las artes y la cultura, donde se toleró una mayor diversidad discursiva dentro de la libertad de expresión cultural. La emergencia en el espacio público de nuevos discursos y prácticas en el campo intelectual, determinaron una identificación crítica, provista de un marco de negociación con el proyecto revolucionario, politizando temporalmente la cultura nacional. Por otro lado, las etapas enmarcadas en los años setenta y noventa y la actualidad que siguieron a estos años de objetivos ambiciosos y convocatorias más populares, se han identificado por su inestabilidad —crisis económica, reacomodos sociales, endurecimiento burocrático—, asegurando el giro hacia políticas más eficaces y pragmáticas. En ellos, el carisma partidista ha variado su táctica, con políticas directas que toman la iniciativa, afianzando su proyección ejecutiva y endureciendo los rasgos ideogramáticos del mensaje oficial.

Estos giros no parecen haberse dado de manera forzosa, sino que la fascinación con la que se manifestaron al inicio de cada período respondió, en gran medida, al intenso frente político e ideológico elaborado por el discurso institucional de la Revolución, donde las gramáticas textuales fueron el principal criterio de legitimidad para las actualizaciones ad hoc del sistema. El etos que fundó estas dinámicas incidió en los modos ciudadanos de pensar, prescribiendo los mecanismos de socialización política en las instancias culturales, mediáticas, educativas, comunitarias y demás. Estos giros intervienen tanto en el patrimonio cultural como en la memoria nacional. Antiguas regulaciones se expanden conceptualmente en los ciclos idealistas, pero luego niegan o modifican fórmulas en las etapas subsiguientes sin mayores arbitrariedades.[4]

2. Estructuras y eventos de socialización. Su intervención en el patrimonio cultural y la memoria nacional

La Revolución debió cambiar grandes constructos, nociones, costumbres y expresiones modificando radicalmente el sistema educativo, el ámbito cultural y el lenguaje político, y con ello, el comportamiento social. Las gramáticas textuales oficiales, propuestas desde la política cultural como principales criterios de legitimidad para las actualizaciones ad hoc del sistema, llegaron igualmente a delinear prácticas culturales participativas en la cotidianeidad. Ello no determinó automáticamente un desplazamiento de dictámenes, pero ofreció un amplio entramado, incluyendo preceptos de ejemplaridad, promesas y un andamiaje por el cual traducir y asimilar el mensaje oficial desde lo popular (Medin, 1990; Wilkinson, 2006).

Hemos visto cómo documentos de planificación cultural promovieron ideogramas similares en contraposición a otros imaginarios, como la herencia republicana: elementos reivindicativos de los humildes, categorías emancipadoras de rescate de los desposeídos y la promoción para que estos redactaran su propia historia, sin intermediarios, recreaciones ni intimismos. En paralelo, estos eventos fueron acompañados por convocatorias masivas, donde se promovieron los términos igualitarios, lenguajes urgentes colectivos, en función de demandas categóricas como la construcción del socialismo, la soberanía de la patria y la defensa de la nación. Estos fueron patrones de reproducción y de movilización emotiva, que inauguraron significaciones y aseguraron cohesión social. Estamos hablando de momentos de tal trascendencia, que los propios sucesos de los años sesenta, por ejemplo, guiaron el proceso de identificación con el sistema: la batalla de Playa Girón, la «limpia» del Escambray, la zafra de los diez millones, etc.

De tal modo, dominaron en las expresiones artísticas —que con tanto ahínco tributaban a lo social— fracturas en favor de una nueva nomenclatura y sintaxis: ciudad vs. campo, civilización vs. superstición, campesino vs. terrateniente, ateísmo vs. santería/catolicismo, intervención estatal vs. propiedad privada, desigualdad social vs. igualitarismo, interés propio/individualismo vs. masificación. Podemos afirmar que estas fórmulas nutrieron sustancialmente lo que Cornelius Castoriadis define como el «imaginario social instituyente», donde las prácticas desde lo político aseguran los métodos que se proyectan sobre el «imaginario social instituido», manteniendo «la unión y la tensión entre la sociedad instituyente y la sociedad instituida, entre la historia hecha y la historia que se produce» (1983, p. 108). Estos parámetros llegaron ser más concretos, a expresiones artísticas y géneros específicos que le dieron la bienvenida al realismo social. Con esta metodología, muchas obras de diverso carácter y formato se inscribieron desde dinámicas profundas del tejido social. Los trabajos de la época siguieron a los estamentos de la política cultural de forma que reprodujeron relatos encauzados en la formación y aprendizaje del individuo que experimenta un orden impuesto de normas, que, aunque cambiante, involucra la totalidad de sus acciones cotidianas: una nueva composición de valores, la reconfiguración de un sistema de significados, el cambio de códigos del lenguaje y los hábitos y, finalmente, la progresiva modificación de su conciencia social.

Un ejemplo de dicho sistema de «producción de lugares» (Certeau, 1993), que se nutre de la experiencia ciudadana y política, lo aporta la literatura revolucionaria —orgánica—, producida entre 1959 y 1980. Muchos comisarios y críticos literarios expresaron en la época, cómo la narrativa como indagación personal ocupó una zona especial en el texto social pos-1959, donde las formas de subjetividad fueron negociadas en un esquema de tensión entre las anteriores representaciones de «cubanidad» y las nuevas formas y valores promovidas por el Gobierno. La particular gestión del worldmaking revolucionario (Nünning, 2010) en las narrativas de corte popular, como la narrativa de la violencia, policial y de espionaje, representaron la negociación de este ensayo ideológico particular.[5] En ellas, el cambio de signo estético incorporó el vínculo de la trama y la trayectoria existencial de los protagonistas a un devenir relacionado estrechamente con el quehacer revolucionario.

Tomando la literatura revolucionaria como un medio de expresión artística inscrito temporal, física y cosmovisivamente en los parámetros del proceso, vemos cómo las obras remitieron a momentos verosímiles y significadores, fueron canales de evaluación y convenio del discurso oficial, por medio de los cuales, se naturalizaron políticas que nutrieron el ámbito de la memoria y su espacio de revisión histórica. El etos que fundan estas dinámicas incidieron en los modos de pensar de los ciudadanos prescribiendo los mecanismos de socialización política en las instancias culturales, mediáticas, educativas, comunitarias, y demás. Estos giros intervinieron tanto en el patrimonio cultural como en la memoria nacional modificando el zeitgeist o espíritu de la época.

La crítica literaria celebró la identificación primera con los derroteros ideológicos de la causa revolucionaria. También promovían que las conductas éticas y políticas de los sujetos novelados se distanciaran del héroe típico para reencauzarse en la vocación humanista postulada por el concepto guevariano. Ello no supondría asumir el texto como expresión plana y propagandística del discurso instituyente, pero sí su incapacidad de escapar a la complejidad del presente revolucionario o de evitar exponer aquellas rutas que condujeran a un posicionamiento ideológico concreto. Este es un ejemplo de las imbricaciones entre la política cultural y su didactismo a la hora de modificar el imaginario colectivo. Tomando en cuenta los sistemas de creación de talleres, publicación y promoción de la literatura en la cultura popular, podemos establecer un nivel de recepción que determina un refinamiento del discurso establecido. Recordemos que el 1er Congreso Nacional de Educación y Cultura, dictaba la censura a la cultura «acrítica o imparcial», vinculada a «una actitud reaccionaria y vergonzosa». En consecuencia, a la crítica nacional se impuso la necesidad de encontrar soluciones narrativas de menor riesgo, que armonizaran sus recursos con el imaginario estético revolucionario, que se acondicionaran a las circunstancias políticas, y que refrendaran la construcción de la sociedad idealizada.[6]

El acabado de géneros como la novela de formación, la novela policial y de espionaje, resultó ser la respuesta indicada a estos requisitos: mostraba la labor de milicianos o investigadores de protagonismo positivo y de atractiva asimilación, que enfrentaban con frecuencia a los enemigos internos y externos de la Revolución —la CIA, entre otros— y que se asistían del servicio de seguridad nacional, siempre eficaz, y de una comunidad vecinal íntegra e ideal. En concepto de historias aprehendidas, cánones establecidos y asimilación de códigos, la cultura popular se convierte en un recurso político para articular afectos de manera muy singular. Situadas cómodamente en el llamado de defensa cotidiano y la grandeza de sus protagonistas. Estas obras funcionaban como instrumento ante conductas y prácticas incómodas al imaginario instituyente, llegando a conciliar la opinión pública frente a «intentos de lesionar la soberanía del pueblo», exhortar a la acción ciudadana o legitimar alguna campaña o programa. En la práctica «una negociación de una experiencia ideológica concreta de la vida real» (Wilkinson, 2006, p. 26).

3. Disonancias y disidencias: tensiones entre el discurso artístico cubano y la legislación cultural revolucionaria

La apertura del campo artístico en las últimas dos décadas tuvo lugar en un segmento cada vez más globalizado y visible para el mundo exterior, donde la escena artística se ha convertido paulatinamente en un sustituto de una sociedad civil genuina. La autonomía de esta sociabilidad artística e intelectual refuerza una escena de «resistencia simbólica» en lo que a presupuestos culturales se refiere. A partir de la década de los ochenta, se revisa una disonancia artística a partir de creadores jóvenes que no representaban la herencia vanguardista de la República, no eran los artistas burgueses en su torre de marfil que había desacreditado la Revolución. Eran hijos de la Revolución, nacidos y formados con ella, exponentes de la posrevolución, la posutopía, quienes promovían un replanteo del código genético revolucionario (Hombre Nuevo), la reivindicación de un paisaje cultural más marginal, menos colectivo y más íntimo. Rafael Rojas comenta el paso del arte, del compromiso a la neutralidad: «La neovanguardia cubana de los ochenta, al sustituir estrategias «marxistas-leninistas» con estrategias «posmodernas» de producción cultural, contribuyó a una relocalización de la cultura en su entorno cubano, latinoamericano y caribeño» (2006, p. 451). Para el autor, distinguen las esferas de creación como la poesía, la plástica, el teatro, la música y la danza, como protagonistas de dicha insurgencia estética.

Sin embargo, esta cohesión no se limitó a la creación como mero criterio generacional, sino que se reflejó en discursos curatoriales y teóricos, así como en ejercicios de política cultural independientes, rebasando la administración de las instituciones oficiales. La desterritorialización de la narrativa y la plástica por artistas que emigraban física y estéticamente del constructo revolucionario propició un catálogo más internacional, una forma de creación inédita para sus pares en la Isla, y una apertura a contrastes y críticas más certeras. Se exigió mayor control sobre la obra artística y menos paternalismo, se desacreditó el nivel propagandístico de la década anterior, así como el papel del «intelectual público», se aceptaron mayormente las apropiaciones e interpretaciones alejadas de la censura de comisarios políticos.

En los últimos años, se han inaugurado y diversificado espacios artísticos independientes (con preeminencia en La Habana) entre otras articulaciones artísticas, siempre al margen de las instituciones estatales, que visualizan el conflicto latente entre lo instituyente y la autonomía artística. Disonancias artísticas de espacios como Art Brut Project Cuba, Espacio Aglutinador, Cristo Salvador Galería, Museo de Arte Políticamente Incómodo (MAPI), El Oficio, ArtHaus Lab, Taller Yo soy el que soy, Movimiento Demóngeles, Movimiento San Isidro, Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), entre otros, comienzan a modificar críticamente el diálogo de la institución con los artistas. Estas iniciativas han expuesto artistas y acogido proyectos no convencionales, al margen o en contraposición al criterio instituyente de la política cultural cubana. Sin embargo, aunque la promoción de un modelo de intelectual aséptico, alejado de asuntos políticos o en contraste a ellos, llegó a promover un modelo más «democrático» en la escena cultural cubana, al igual que privilegios de mercado, ello no ha estado exento de un campo de tensiones mayor entre la esfera artística cubana y el control institucional, que, a ratos, pone en crisis la alianza que intenta mantener el proceso con consecuencias que determinan, desde controles y regulaciones varias, hasta un grado de censura explícito, a los artistas y espacios involucrados.

Un primer evento que modificó la postura crítica, desde la academia y la teoría artística, fue el ciclo de conferencias «La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión» (2007).[7] Motivado por la aparición en medios de comunicación, de los principales censores del llamado «Quinquenio Gris», el espacio se encargó de revisitar el período, darle voz a sus principales protagonistas e intelectuales afectados, así como amplificar el diálogo con las instituciones culturales. Este evento constituyó un momentáneo espacio público, aunque gestionado desde comisión gubernamental.

Desde el campo artístico, un evento que conmocionó los monolitos de la institución fue la #00Bienal de la Habana, que venía a suplir, con un grupo de artistas independientes y outsiders, la ausencia y paulatina decadencia de la Bienal de la Habana, convocada oficialmente por los centros oficiales Wilfredo Lam y Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Dada la mudanza del discurso político tradicional a las redes (lo que se ha reforzado con las disposiciones de distanciamiento social y cuarentena durante la coyuntura de la COVID -19), la capacidad tecnológica y labor en redes, se ha modificado, igualmente, el paisaje cultural desde la ciudadanía digital. Posts y comentarios en Facebook, códigos e información confidencial en Telegram, hashtags en Twitter y stickers en Whatsapp han sido efectivos contra campañas con discursos más plurales frente a las regulaciones de la política cultural cubana contemporánea. Este ha sido el caso de la etiqueta #LaBanderaEsDeTodos en referencia a la Ley de Símbolos Patrios y su uso en la plástica y el performance; de las etiquetas #FreeLuisma y #EstamosConectados en referencia a la pedida de libertad del artista outsider Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los organizadores de la #00Bienal y cofundador de MAPI y del Movimiento San Isidro, entre otros proyectos cívico-culturales. Igualmente, se ha hecho popular la etiqueta #NoALa349, en referencia al decreto ley sobre regulación artística ya comentado.

Consideraciones finales

Desde la llegada de la Revolución cubana al poder en 1959, la política cultural del proceso ha sido parte esencial de la administración estatal con arreglos a la política pública y con importantes índices de regulación. El ámbito artístico ha sido delineado ad hoc dentro de la política cultural del proceso, en función del orden canónico que el Estado ha querido promover. Por tanto, la política cultural ha tenido una trayectoria de autoconservación y participación creativa y estratégica, con una relación negociada entre artistas y comisarios no exenta de extrañamientos, fricciones, tolerancia selectiva y normalizaciones políticas. De hecho, la naturaleza de los mecanismos de deliberación política y su burocracia han complementado las conveniencias del Estado como gestor, comisario, promotor y censor.

La institucionalidad posrevolucionaria ha autenticado contenidos políticos delimitando el campo cultural, según lo prescrito por la cosmovisión revolucionaria, lo que, en un país de elevado índice de instrucción, ha impuesto patrones y definido pautas más allá de dicho ámbito. Sobre todo, ha priorizado una exposición importante sobre la sociedad en términos de mentalidad e imaginario colectivo. La política cultural no ha prefigurado solamente la libertad de creación, sino también de cátedra, así como el propio subconsciente colectivo, implicada como está, en el imaginario instituyente de la nación. Como resultado, los lineamientos del mensaje instituyente han prescrito los mecanismos de socialización en las instancias artísticas, politizando/regulando la cultura nacional posrevolucionaria y modificando, asimismo, hábitos y códigos del habla, en el subconsciente colectivo, receptor de la cultura popular.

El Estado debe navegar con el legado posnacional de los años noventa, una exposición de lo social en la cultura de mayor resonancia, sin los patrones ideológicos y conmemorativos de antaño. La administración cultural posrevolucionaria sin programas de puntaje popular como en las primeras décadas, y con un recorte mayor de presupuestos debido a la actual coyuntura, evidencia dos metodologías de regulación artística. Primero, la utilización de criterios legales de mayor recurso jurídico. Segundo, sin alcanzar a otorgar comodidades al gremio, ha optado por controlar el acceso a espacios expositivos, reconocimientos y premios nacionales, participación en bienales, viajes, incluso al propio gremio artístico con el retiro del carnet del Registro del Creador, práctica frecuente a implicados en proyectos independientes ya mencionados.

Si bien la normatividad del proceso ha variado a lo largo de los años, hoy día varias iniciativas ciudadanas desde el arte (artivismo), han tenido éxito al poner de manifiesto la creciente resistencia y diversidad artística que toma fuerza en favor de una propia narrativa revisionista y de rescate crítico de la memoria colectiva. Por su parte, las últimas negociaciones y polémicas del gremio artístico con las instituciones han ampliado el alcance de lo que es posible en la política cultural, pero también ayudado a delinear los límites de lo que está oficialmente permitido. Igualmente ha expuesto la fractura y falta de operatividad de instituciones culturales (Casa de las Américas, UNEAC, ICAIC, Ministerio de Cultura) y ha evaluado la capacidad burocrática de sus dirigentes con índice y tendencia a una mayor regulación jurídica.

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[1] Doctora en Estudios Culturales Universidad Justus-Liebig, Alemania. Investigadora asociada al International Programme “Literary and Cultural Studies” (Graduate Centre for the Study of Culture, Giessen, Alemania). Investigadora asociada de Análisis Político AC.

[2] Ya desde 1981 se aceptaba la creación artística independiente ejercida por creadores fuera de instancias estatales, pero siendo estos «graduados de los centros docentes de arte de los niveles medio y superior, o miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) o de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) o del Registro del Creador». Podían ser artistas independientes fuera del ámbito académico, pero con credenciales otorgadas por el mandato político-cultural revolucionario para promover «el desarrollo de la cultura en la comunidad, el interés y la participación de la población en las diversas expresiones culturales y el movimiento de aficionados, entre otras». (Decreto Ley No. 106 de 1981).

[3] Al no pertenecer la contravención al derecho penal, tampoco puede recurrir a los mecanismos deliberativos y ejecutivos de estos, sino que esta responsabilidad reside en una burocracia interna: los «supervisores-inspectores». Esta figura correctiva tendrá a su cargo administrar sanciones como multas, decomiso de bienes, suspensión inmediata del espectáculo mismo, y la cancelación del autorizo oficial que lo acredita para ejercer la actividad, ya sea cultural o de otra índole. Vemos como el contexto de coyunturas críticas propicia la necesidad de modelar figuras restrictivas que atajen la participación ciudadana «no deseada» en estas dinámicas, y que regulen la prestación de servicios artísticos en los negocios que surgen allende lo estatal.

[4] Esto se nota fundamentalmente en los reacomodos del panteón cultural, donde el canon se modificó según dichos giros. Si durante su vida, el escritor del absurdo, Virgilio Piñera, fue continuamente censurado, en los 2000 hubo un proceso de descongelamiento de su obra. Lo mismo ocurre hoy día con figuras como Severo Sarduy, el músico Bebo Valdés, entre otros escritores y artistas que han sido selectivamente rescatados.

[5] Dentro de la narrativa de la violencia, de formación, policial y de espionaje, podemos enumerar textos marcadamente documentales, testimoniales o didácticos, que refirieron los hechos en la misma etapa o en los períodos subsiguientes, con estrecho vínculo aleccionador: Los años duros (1966) de Jesús Diaz, La guerra tuvo seis nombres (1968) de Eduardo Heras León, otros textos aparecidos en la antología Narrativa de la joven Cuba (1971) compilados por Bernardo Subercaseaux, Días de guerra (1967) de Julio Travieso Serrano, así como Condenados de Condado (1968) y Cazabandido (1970) de Norberto Fuentes, Escambray (1970) de Hugo Chinea, Algo que debes hacer (1975) de Enrique Álvarez Jané, Las iniciales de la tierra de Jesús Díaz (1973/1987), No es tiempo de ceremonias (1974), de Rodolfo Pérez Valero, La ronda de los rubíes (1974), de Armando Cristóbal Pérez, Los hombres color del silencio (1975), de Alberto Molina, El cuarto círculo (1976), de Guillermo Rodríguez Rivera y Luis Rogelio Nogueras, Joy (1977), de Daniel Chavarría, Y si muero mañana (1978), de Luis Rogelio Nogueras y Viento norte (1980) de Carmen González Hernández.

[6] Una dirección más contextualizada desde la crítica y los intereses de la política cultural revolucionaria pueden encontrarse en los trabajos de Félix Pita Rodríguez, José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet en torno a las discusiones de la época y quizás un poco más cercano en el tiempo y a propósito de la novela negra cubana, el acercamiento de Leonardo Padura (2001). Un segmento más revisionista fundamenta una posición alterna sobre el género, en trabajos como los de Wilkinson (2006); Braham (2004) y Díaz (2009).

[7] Las presentaciones que discuten ampliamente el período desde percepciones personales, pueden encontrarse en: www.criterios.es/cicloquinqueniogris.htm.

Índice

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Introducción
Johanna Cilano y Armando Chaguaceda

Cuando las revoluciones terminan:la experiencia cubana
Haroldo Dilla Alfonso

El sistema electoral en Cuba: lealtad versus preferencias
Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta

Cuba: desafíos de la sociedad civil
Armando Chaguaceda y Johanna Cilano

Redefinir lo público en Cuba: Estado, procesos de legitimación y esfera pública estatal (1959-1999)
Melissa Cordero Novo

Cuba: la economía política de una reforma inconclusa
Mauricio De Miranda Parrondo

Apuntes sobre el Estado cubano y su política exterior (1959-2020)
Juan Antonio Blanco

La política exterior de Cuba: ¿se puede ser potencia mundial en el Caribe?
Jorge I. Domínguez

Estructura social en Cuba: resurgimiento de desigualdades, restratificación y nueva configuración social
Elaine Acosta González

Vida en los márgenes; ni milicianas, ni lesbianas normalizadas: el constante acto de hacer de la Revolución un espacio queer
Mabel Cuesta

De la plantación esclavista a la plantación socialista: primeros apuntes para un análisis feminista decolonia
Tito Mitjans Alayón

La cultura dentro de la posrevolución cubana: una panorámica de la política cultural, su instrumentalización en el imaginario colectivo, desbalances y desafíos
Claudia González Marrero