México: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos
Por: Dr. Hugo Garciamarín
México ha seguido un ritmo político propio, desfasado de las cadencias ideológicas de América Latina. A inicios del siglo XXI, cuando una parte importante del continente ensayaba el llamado “giro a la izquierda”, el país vivía la transición desde el régimen de partido hegemónico hacia una democracia electoral competitiva, al tiempo que consolidaba su integración económica con América del Norte. La apertura comercial, institucionalizada desde la década de los noventa, había reconfigurado las expectativas de las élites políticas y económicas, que veían en la estabilidad macroeconómica y en la inserción global un horizonte a preservar.
En ese contexto, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2006 fue leída por políticos e intelectuales como una posible interrupción de ese itinerario. La célebre consigna que lo definía como “un peligro para México” formó parte de una campaña que buscaba asociarlo con experiencias latinoamericanas percibidas como disruptivas, en particular con el chavismo. Se pensaba que la eventual llegada de López Obrador podía significar un quiebre en el ciclo político que alejaba a México del ciclo latinoamericano[1].
Doce años más tarde, el triunfo de López Obrador en 2018 también respondió a un reloj político particular. Mientras en América Latina varias experiencias progresistas enfrentaban desgaste, crisis económicas o cuestionamientos institucionales —como en Argentina, Ecuador o Venezuela—, México iniciaba un proceso que muchos interpretaron como su propio giro hacia la izquierda. Esa lectura, sin embargo, en mi opinión, es equivocada. La victoria de 2018 se inscribió en una coyuntura más amplia de reconfiguración del liderazgo político a escala global, marcada por el ascenso de figuras críticas del orden establecido, capaces de articular descontentos heterogéneos bajo discursos de ruptura.
En ese escenario convergieron fenómenos que, aunque distintos en su orientación ideológica, comparten una lógica de impugnación del consenso previo: el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, el protagonismo de Nigel Farage en el proceso del Brexit o la consolidación de Nayib Bukele en El Salvador. Más que una simple reedición latinoamericana del ciclo progresista, el caso mexicano formó parte de una oleada de liderazgos que emergieron en contextos de fatiga institucional, desigualdad persistente y desconfianza hacia las élites tras la crisis económica de 2008. López Obrador capitalizó ese clima con un discurso que combinó elementos de justicia social, regeneración moral y centralización del poder político.
En el ejercicio del poder, el lopezobradorismo se desplazó de los repertorios clásicos de la izquierda hacia una formulación más difusa, en la que el contenido ideológico quedó subordinado a una narrativa moral y a un estilo de conducción política. El discurso de Andrés Manuel López Obrador articuló una síntesis peculiar: evocaciones del nacionalismo revolucionario priista, apelaciones al pueblo como sujeto homogéneo y ciertos ecos formativos de sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sin anclajes sistemáticos en las tradiciones del socialismo mexicano ni en los lenguajes programáticos de las izquierdas latinoamericanas[2].
Por eso, la inclinación de López Obrador hacia Cuba remite, más bien, a una tradición cultivada por el priismo y el Estado mexicano de la segunda mitad del siglo XX, cuando el régimen sostuvo vínculos estables con la revolución cubana incluso en los momentos de mayor aislamiento hemisférico de la isla. Hay un ejemplo paradójico (por no decir que chusco): en los actos por la muerte de Fidel Castro, la presencia destacada de Carlos Salinas de Gortari —figura emblemática del viraje neoliberal y enemigo predilecto de López Obrador— evidenció que la relación con Cuba no depende de una adscripción ideológica estricta, sino de una tradición política y estatal. El historiador especialista en Cuba, Rafael Rojas, explica que, durante años, los libros de Salinas fueron presentados por el Consejo de Estado cubano y reseñados en Granma, órgano oficial del régimen[3].
El caso de Bolivia confirma esta lectura. La reacción del gobierno de López Obrador ante la crisis de 2019 y la salida de Evo Morales del poder se inscribió en la tradición de asilo político que México ha desplegado en momentos de ruptura institucional en la región. De ahí que el rescate se narrara como parte de la histórica política de asilo político y como la representación, en clave contrafactual, de lo que no pudo se hacer el gobierno mexicano frente al derrocamiento de Salvador Allende[4].
Esa ambigüedad doctrinal de López Obrador se reflejó en la práctica gubernamental. La política económica combinó disciplina fiscal y una austeridad persistente con un esquema amplio de transferencias directas, concebidas como mecanismo de redistribución inmediata más que como parte de una estrategia de expansión estatal en servicios públicos. El resultado fue un incremento sostenido del salario mínimo y ampliación de ingresos en sectores populares, junto con un crecimiento económico débil y una limitada capacidad institucional para transformar estructuralmente las condiciones de vida.
Entre 2018 y 2024, la economía mexicana registró uno de los crecimientos más bajos en décadas, con un promedio anual inferior al 1%, mientras que la política social privilegió transferencias monetarias directas que, si bien contribuyeron a reducir la pobreza en términos de ingreso, dejaron rezagos significativos en ámbitos como salud, educación y servicios básicos. La desigualdad mostró ajustes graduales en algunas mediciones, con reducciones en ciertos indicadores de ingreso, aunque persistieron concentraciones estructurales de riqueza y brechas regionales profundas. En ese marco, la intervención estatal operó en los márgenes del mercado, complementando sus efectos mediante transferencias antes que mediante la construcción de capacidades públicas robustas.
Ese desplazamiento programático convivió con un proceso más nítido en el terreno político: la autocratización del régimen. El sexenio de López Obrador se caracterizó por una tensión constante con los órganos autónomos, la reducción o eliminación de instancias institucionales y una estrategia de recentralización de decisiones en el Ejecutivo. La reforma al Poder Judicial adquirió un carácter emblemático al abrir un espacio más amplio para la intervención política en un ámbito tradicionalmente concebido como contrapeso.
La imposibilidad de concretar una reforma electoral de gran calado delimitó los alcances de esa transformación, aunque no alteró su dirección general. La reconfiguración institucional avanzó por otras vías, entre ellas la expansión del papel de las fuerzas armadas en la vida pública, algo que sin duda resuena en experiencias como la de Venezuela y la de Cuba. El involucramiento del Ejército en tareas civiles —desde la seguridad pública hasta la administración de proyectos estratégicos y empresas estatales— respondió tanto a una lógica de confianza política como a las limitaciones operativas del aparato civil, debilitado por la propia política de austeridad.
Todo lo anterior, lejos de traducirse en un reforzamiento del orden social, produjo efectos más ambiguos en la capacidad estatal para gobernar el territorio y contener la violencia. La centralización política no vino acompañada de una expansión equivalente de las capacidades institucionales, en particular en el ámbito de la seguridad. La estrategia de seguridad, sintetizada en la fórmula de “abrazos, no balazos”, apostó por la contención y la reducción de la confrontación directa, al tiempo que buscó atender causas estructurales del delito mediante programas sociales. Ese enfoque, sin embargo, operó en un entorno marcado por la fragmentación criminal, la diversificación de economías ilícitas y la persistente debilidad de las policías locales. El resultado fue una gobernanza desigual del territorio, con regiones en las que el Estado mantuvo presencia formal, aunque con márgenes acotados de control efectivo.
En ese contexto, diversas investigaciones periodísticas documentaron la existencia de arreglos informales entre actores políticos y organizaciones criminales, así como la capacidad de estos grupos para incidir en procesos electorales y en la vida pública de ciertas regiones[5]. Más que una política explícita de alianza, lo que emergió es un patrón de coexistencia pragmática en territorios donde el Estado carece de instrumentos suficientes para imponer un monopolio efectivo de la fuerza.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por otra parte, tiene una trayectoria que se aparta con claridad de la de Andrés Manuel López Obrador[6]. Su única experiencia política se dio en el espacio universitario, donde predominaban formas asamblearias de deliberación y una cultura política atravesada por la memoria del movimiento estudiantil de 1968. En ese entorno, Sheinbaum no ocupó posiciones de liderazgo visibles; los nombres que concentraban la centralidad organizativa eran Imanol Ordorika, Carlos Imaz y Antonio Santos. Su vínculo más directo con una tradición política se dio a través de Raúl Álvarez Garín, figura clave del 68, encarcelado en Lecumberri, fundador de la revista Punto Crítico, y de un entorno familiar cercano a Valentín Campa, uno de los referentes históricos del comunismo mexicano.
Tras una carrera académica consolidada, su incorporación al gobierno capitalino como secretaria de Medio Ambiente respondió a que un amigo en común con López Obrador la sugirió para el cargo. A partir de ese momento, su trayectoria se desenvolvió exclusivamente en posiciones ejecutivas: jefa delegacional en Tlalpan, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, finalmente, presidenta de la República. Este tránsito continuo por cargos de dirección configuró un perfil más cercano al de una gestora tecnopolítica que al de una dirigente formada en la competencia interna de movimientos o partidos.
Esa distancia entre origen y práctica se ha vuelto evidente en el ejercicio del poder. Su administración ha privilegiado la coordinación vertical, la toma de decisiones centralizada y una relación instrumental con los distintos grupos de apoyo. Sin embargo, su biografía ha sido activada por actores vinculados al ámbito universitario como un recurso de legitimación simbólica. En ciertos espacios, especialmente universitario, su pasado ha servido para convocar a la defensa de proyectos políticos latinoamericanos asociados con Cuba o Venezuela, en una operación que reinterpreta su trayectoria bajo claves ideológicas que no necesariamente corresponden con su práctica gubernamental.
En el terreno de la seguridad, la configuración de su equipo revela con mayor nitidez esa reorientación. La figura de Omar García Harfuch ha adquirido un peso decisivo. La dimensión simbólica de esta designación no es menor: su abuelo, el general Marcelino García Barragán[7], formó parte del aparato militar durante los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Además, en la práctica, García Harfuch rompió con la política de seguridad de López Obrador, y abrazó una más cercana a la de Felipe Calderón[8] (otro de los enemigos predilectos del expresidente).
En el terreno internacional, las tensiones internas del proyecto se vuelven más visibles. La relación con Estados Unidos, particularmente bajo la presión de Donald Trump, ha obligado al gobierno de Claudia Sheinbaum a operar en un registro más pragmático que ideológico. El episodio reciente en torno a Cuba lo ilustra con claridad. Mientras Andrés Manuel López Obrador reapareció para convocar a donaciones en favor de la isla, en un gesto cargado de simbolismo político, la presidenta respaldó públicamente ese llamado e incluso llamó “mezquinos” a quienes lo criticaron. En los hechos, sin embargo, la política estatal siguió otro curso. México suspendió los envíos de petróleo a Cuba en medio de presiones estadounidenses y de amenazas de sanciones económicas[9], limitando su apoyo a ayuda humanitaria y evitando comprometer intereses estratégicos mayores.
Esa misma lógica se observa en materia de seguridad. La cooperación con Washington se ha intensificado en aspectos sensibles como el combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo, en buena medida como respuesta a las presiones comerciales y políticas provenientes del norte. Operativos conjuntos, incautaciones relevantes y detenciones de alto perfil —incluida la caída de figuras clave del crimen organizado como El Mencho— han sido presentados como resultados de una coordinación bilateral más estrecha.
En el ámbito diplomático más amplio, la posición del gobierno mexicano ha tendido hacia la ambigüedad calculada. Frente al conflicto en Gaza, la respuesta se ha mantenido en los márgenes de la doctrina de no intervención, evitando definiciones contundentes y privilegiando llamados generales a la paz. En el caso venezolano, la reacción institucional se ha limitado a declaraciones formales, sin una implicación política mayor; al grado que fue el expresidente quien salió a condenar con mayor firmeza la detención de Nicolás Maduro.
El resultado es una política exterior escindida en dos planos. Por un lado, un discurso que reivindica la tradición histórica de México como actor solidario y autónomo en América Latina; por otro, una práctica que reconoce los límites estructurales de esa autonomía en un contexto de interdependencia económica, presión geopolítica y prioridades de seguridad compartidas con Estados Unidos.
Es difícil anticipar con precisión la dirección del proceso político en curso, aunque hay ciertas líneas políticas que parecen consolidarse. En el plano internacional, el margen de maniobra del gobierno mexicano aparece acotado por una estructura de interdependencia que no admite desviaciones sustantivas. Se ha abrazado aquello que surgió a principios de siglo con su propio reloj político: la integración norteamericana. La relación con Estados Unidos, atravesada por la revisión del T-MEC y por presiones en materia de seguridad y comercio, funciona como eje ordenador de la política exterior. El propio gobierno ha señalado la necesidad de preservar el acuerdo comercial como prioridad estratégica. En ese marco, la interlocución con Donald Trump se sostiene bajo una lógica pragmática: cooperación en seguridad, contención de conflictos y defensa retórica de la soberanía, sin ruptura de fondo.
En materia de seguridad, la tendencia apunta hacia una continuidad del giro ya iniciado. La centralidad de Omar García Harfuch y la intensificación de la cooperación con agencias estadounidenses reflejan un cambio de enfoque. Reuniones de alto nivel con instancias como la DEA y el fortalecimiento de la coordinación bilateral confirman una estrategia orientada a la acción operativa y a la contención del crimen organizado.
En el ámbito institucional, se mantiene el impulso autocrático. La presentación de una nueva reforma electoral, con propuestas de reconfiguración del sistema de representación y reducción de costos, indica que la agenda de transformación institucional permanece activa. Aunque fracasó, el intento es claro: terminar con los contrapesos políticos y democráticos. Lo que parece sostener un hilo conductor entre el lopezobradorismo, el gobierno actual y ciertas experiencias latinoamericanas no es tanto un programa ideológico compartido, sino su vocación autoritaria.
El escenario, en suma, combina estabilidad estructural e incertidumbre política. La integración norteamericana delimita los márgenes de acción en el exterior; la reconfiguración de la seguridad redefine la relación con el territorio; la disputa institucional mantiene abierto el debate sobre el régimen político.
[1] Cfr. Hugo Garciamarín, 2006: la gran ruptura, Nexos, 1 de julio de 2025. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/2006-la-gran-ruptura/
[2] Para reflexionar sobre cómo se puede caracterizar al lopezobradorismo dentro del especto de las izquierdas en México, recomiendo el siguiente texto: Ariel Rodríguez, Historia mínima de las izquierdas en México, México: El Colegio de México, 2021.
[3] Cfr. Rafael Rojas (@librocrepusculo), “Carlos Salinas de Gortari ha sido el presidente mexicano de mayor confianza, amistades y conexiones dentro de Cuba. Hasta hace muy poco tiempo viajaba a la isla y sus libros eran presentados…”, X, 2 de febrero de 2026, https://x.com/librocrepusculo/status/2018396521704882583
[4] Cfr. Jorge Zepeda Patterson, “Evo, los motivos de AMLO”, El País, 13 de noviembre de 2019, https://elpais.com/elpais/2019/11/13/opinion/1573671327_400532.html
[5] Cfr. Daniel Lizárraga, “Socio de Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era ‘corcholata’”, El Universal, 10 de marzo de 2026, https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/socio-de-bermudez-presunto-lider-de-la-barredora-pago-eventos-de-precampana-de-adan-augusto-cuando-este-era-corcholata/
[6] Cfr. Arturo Cano, Claudia Sheinbaum: presidenta, México: Grijalbo, 2023.
[7] Cfr. Diana Lastiri, “Cisen no entregó archivos de la DFS del abuelo y padre de García Harfuch”, Proceso, 20 de septiembre de 2023, https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/9/20/cisen-no-entrego-archivos-de-la-dfs-del-abuelo-padre-de-garcia-harfuch-315201.html.
[8] Cfr. Jacques Coste, “Una silenciosa guerra contra el narco”, Nexos, 3 de marzo de 2026, https://redaccion.nexos.com.mx/una-silenciosa-guerra-contra-el-narco/
[9] Cfr. Sonia Corona, “México admite que ha dejado de enviar petróleo a Cuba pero suministrará alimentos como ayuda”, El País, 2 de febrero de 2026, https://elpais.com/mexico/2026-02-02/mexico-enviara-alimentos-como-ayuda-humanitaria-a-cuba.html
